Emplazan al empleador a ingresar fondos de seguridad social retenidos al trabajador

La decisión intimó al cumplimiento inmediato de la sanción, so pena de aplicar la multa correspondiente

Con una interpretación restrictiva del artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que determina una sanción conminatoria para cuando el empleador no ingrese las contribuciones al sistema de seguridad social previamente retenidos al trabajador, y al no demostrarse una renuencia plena de la demandada Servio SA, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) admitió el recurso de casación presentado por dicha firma y revocó la sentencia, ordenando a la empresa para que en un plazo de diez días demuestre el ingreso de los fondos correspondientes y, en caso de no hacerlo, pague una multa equivalente a medio mes de remuneración que se devengará en forma mensual hasta el cumplimento de lo ordenado.

La firma cuestionó la aplicación de la multa prevista en la normativa previamente mencionada, acusando de falta de fundamentación y violación del principio de congruencia el fallo en su contra, al entender que el a quo no dio tratamiento a los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

Omisión

Servio SA afirmó que el juzgador omitió resolver sobre la invalidez de los reclamos y soslayó el pedido de condonación formulado en virtud de haberse adherido a un plan de pago en el marco de la regularización de deudas, agregando que del texto transcripto en la demanda surge que la intimación fue inhábil para poner en marcha el plazo estipulado para cumplir con dicha obligación.

De igual modo, la accionada dijo que el sentenciante debió haber analizado con carácter restrictivo la sanción, ya que no se comprobó afectación del sistema previsional, y finalmente adujo que existió errónea aplicación del artículo 9 LCT.

A su turno, el Alto Cuerpo -integrado por los vocales Mercedes Blanc de Arabel, Luis Enrique Rubio y Luis Eugenio Angulo- indicó que el tribunal a quo mandó a pagar la multa prevista en la norma de que se trata, para lo cual explicó que el actor acompañó 15 recibos de sueldo y la constancia de AFIP en que figuran impagos los aportes desde noviembre de 2014 a octubre de 2015, consecutivamente.

Informe y pericia

El TSJ relató que el juzgador sostuvo que el informe de Anses y la pericia contable mostraron de que la empleadora no acompañó ningún comprobante de pago y señaló que, si bien adjuntó copia de los planes de pago para regularizar deuda, éstos eran posteriores a la extinción y no se pudo determinar cuál de ellos correspondía al actor.

Además, la decisión observó que el a quo expresó que fue reconocido expresamente por la accionada al contestar la demanda, concluyendo que existió contumacia y aplicó el artículo 9 LCT.

Bajo esas premisas, los vocales observaron que, aun cuando el a quo verificó los extremos que exige la norma para la procedencia de la pena conminatoria, su cuantificación aparece desproporcionada desde que ordenó el pago de la remuneración mensual devengada desde que la deuda se tornó exigible -24/09/2016- hasta el momento de la cancelación total del plan de pago correspondiente a los aportes del demandante.

En tal sentido, el TSJ indicó que la sala se ha pronunciado en reiteradas oportunidades en orden a que la sanción de que se trata debe interpretarse con criterio restrictivo, más aún si no se verifica renuencia total, infiriendo que, en el caso, la modificación de la condena encuentra sustento en los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben regir las decisiones judiciales y en las disposiciones de los artículos 1714 y 1715 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Fehaciente

Por las razones dadas, en el fallo se resolvió que correspondía casar el decisorio en el aspecto indicado y ordenó que el empleador deberá acreditar -en el término de diez días de que quede firme el presente pronunciamiento- de modo fehaciente haber efectivizado el ingreso de los fondos correspondientes.

Luego, el Alto cuerpo indicó que, vencido el plazo referido, en caso de inobservancia, la demandada deberá pagar al actor una sanción conminatoria equivalente a medio mes de remuneración que se devengará en forma mensual hasta el cumplimento de lo ordenado, agregando que se adicionarán los intereses emplazados por la sala a partir de la causa “Hernández”, S 39/2002 (tasa pasiva promedio nominal mensual del BCRA con más dos por ciento mensual) desde que cada suma mensual sea debida y hasta su efectivo pago.