Embargan a seguro que ya había reconocido la deuda

Para el tribunal, en el caso se había configurado la verosimilitud del derecho respecto del reclamo que hizo el demandante para que se le reconociera la suma que compensaba la pérdida total de su vehículo. [privado] Al considerar que la verosimilitud del derecho está configurada porque la aseguradora admitió antes del juicio que el accionante era acreedor de la suma en cuestión y, a la vez, que el peligro en la demora está dado porque “la realidad económica y financiera de nuestro país ha demostrado que con respecto a las compañías aseguradoras no puede garantizarse la solvencia de las mismas al concluir el proceso”, la Cámara 6ª Civil y Comercial de Córdoba hizo lugar al pedido de embargo preventivo por 72 mil pesos a Paraná Seguros SA con motivo del juicio en el cual el asegurado reclamaba la cobertura por destrucción total contratada respecto del vehículo del demandante. En primera instancia se desestimó el pedido cautelar formulado respecto de los depósitos bancarios de la accionada y el dueño del rodado asegurado apeló insistiendo se embargara preventivamente a Paraná mientras tramitaba el pleito. La mencionada Cámara, integrada por Silvia Palacio Caeiro, Alberto Zarza y Walter Adrián Simes, hizo lugar al recurso interpuesto y ordenó se trabara embargo de fondos por el importe referido. En su fundamentos, el tribunal de apelación estimó que antes del pleito la compañía “ofreció hacer efectiva la cláusula operativa correspondiente a la destrucción total, ofreciendo abonar en forma integral el valor de plaza del automotor, lo cual ascendía a la suma de $ 72.000”, con lo que “la verosimilitud del derecho invocado por la actora se encuentra reconocido por la contraria”. Recaudo Además, el fallo entendió configurado el recaudo de periculum in mora que se exige para los despachos precautorios, al ponderar que “ante la profunda crisis económica y financiera que ha afectado la economía nacional en los últimos años –con específico impacto en los mercados financieros y de seguros- no puede descartarse la posibilidad de que al finalizar este juicio la demandada no se encuentre en condiciones de soportar la eventual condena que pudiera dictarse en su contra”. En tal sentido, se analizó que “sin desconocer las facultades de control de solvencia de las compañías aseguradoras que efectúa Superintendencia de Seguros de la Nación (artículos 8, 30 a 39 Ley 20.091 y Resolución 21.523/92), y la forma en que se fusionan garantizando pasivos, lo cierto es que las compañías pueden liquidar y frente a ello, el asegurado sólo goza de un privilegio de cobro en conjunto con los restantes asegurados sobre el saldo acreedor que arroje la cuenta del asegurador con el reasegurador”, lo que “demuestra que no puede garantizarse una permanente solvencia frente al reclamo en juicio”. Por tanto, el pronunciamiento concluyó: “Las particularidades del caso, en especial, el hecho de que la aseguradora haya sido traída a juicio como demandada en forma directa, que haya reconocido adeudar la suma por la cual se solicitó el embargo preventivo y que la inmovilización del dinero objeto de cautelar no evidencie un riesgo capaz de obstaculizar el núcleo de la actividad empresarial ni constituya en el caso, un medio de coacción a cumplir ‘ante tempus’ con una obligación futura e incierta a forzar al deudor, es que corresponde (…) ordenar la traba de la cautelar solicitada”. [/privado]

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