Están acusados cinco médicos, dos abogados y dos empleados del Hospital Italiano, a quienes se les atribuye integrar una banda dedicada a falsificar certificados médicos para cobrar indemnizaciones por enfermedades laborales inexistentes
El fiscal del Distrito Uno, Turno Uno, Enrique Gavier, pidió la elevación a juicio de nueve imputados acusados en el marco de las investigaciones que se llevan en Córdoba por la denominada “industria del juicio”.
Los acusados son cincos médicos, dos abogados y dos empleados de un hospital privado a quienes se les achacan los delitos de estafa procesal continuada y de certificado médico falso reiterado en concurso real. Los abogados son Marcelo Fernando y Oscar Alejandro Chiarini, quienes llegan imputados como jefes y organizadores de una asociación ilícita. El resto de los acusados está integrado por los médicos Daniel Eduardo Nates, José Eduardo Pacho, Hugo Mario Parente, David Javier Salvi y Oscar Alberto Visconti, todos ellos acusados de ser quienes confeccionaban los certificados médicos falsos. Finalmente, la acusación incluye a Mónica Rosana Oliva y a Carlos Raúl Toranzo, ambos empleados del Hospital Italiano al momento de ocurrido los hechos.
El caso
Los imputados están acusados de consumar un número importante de falsedades documentales y fraudes procesales que causaron un grave perjuicio a las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) Liberty SA, Consolidar SA, Berkley International SA y Prevención SA.
Según consta en el expediente al que accedió Comercio y Justicia, los abogados Chiarini, quienes eran asesores de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), aprovechando el acceso a bases de datos de empleados de distintos nosocomios de la provincia de Córdoba, conseguían captar a clientes que eran empleados en relación de dependencia de los hospitales Italiano, Psiquiátrico de Oliva y de otros nosocomios y entidades o empresas relacionadas con la salud. Toranzo y Oliva eran quienes colaboraban para “reclutar” a estos potenciales clientes.
Una vez contactados, los convencían de que tenían derecho a demandar indemnizaciones por supuestas enfermedades laborales. El siguiente paso era llevarlos al consultorio del médico Pacho, quien realizaba una entrevista al paciente y confeccionaba allí el primer certificado médico falso.
Posteriormente, los clientes concurrían al estudio jurídico de los imputados Chiarini, donde se firmaba la demanda. Una vez interpuesta en la Justicia, los abogados contactaban a las ART para ofrecerles un acuerdo por un monto sustancialmente menor al demandado y de esta manera conciliar al inicio del juicio. Aceptada la oferta, se confeccionaba un segundo certificado falso, al que se le otorgaba el valor de peritaje médico extrajudicial, en el cual se reducía el porcentaje de incapacidad consignado en el primer certificado. Este segundo era confeccionado por los otros médicos acusados en la causa. Una vez obtenidas las homologaciones de los acuerdos por parte de los distintos jueces de Conciliación, tanto las ART como los clientes debían pagar a los abogados los honorarios correspondientes. Los hechos ocurrieron desde principios de 2008 hasta el 12 de agosto de 2010 .
Otras causas
Hay que decir que ésta es la tercera causa que se eleva a juicio en Córdoba en el marco de la “industria del juicio”.
La primera citación a proceso ocurrió hace aproximadamente dos años y tiene en el banquillo de los acusados a seis abogados del foro local y a nueve médicos. La segunda causa se encuentra en el Juzgado de Control Nº 7 y están acusadas otras ocho personas.
Hay que decir que ésta es la tercera causa que se eleva a juicio en Córdona en el marco de la “industria del juicio”.
La primera citación a proceso ocurrió hace aproximadamente dos años y tiene en el banquillo de los acusados a seis abogados del foro local y a nueve médicos. La segunda causa se encuentra en el Juzgado de Control Nº 7 y están acusadas otras ocho personas.
