El valor del bien solicitado en el juicio es lo que determina la base para regular honorarios

La Cámara en lo Civil y Comercial, del Trabajo y Familia de Cruz del Eje rechazó una aclaratoria presentada, al entender que el valor del pleito estaba dado por la cuantía de una silla de ruedas -que era el bien que se perseguía- cuya factura de compra fue incorporada como base para regular los honorarios de la letrada de la actora, no debiendo ser actualizada con intereses al no ser el objeto del juicio una suma de dinero.

El tribunal -integrado por los vocales Lucrecia Nocetto, Omar Sarich y Jorge Castro- indicó que la abogada presentó aclaratoria respecto de las normas aplicadas para cuantificar sus honorarios, observando la omisión de actualizar la base regulatoria.

Así, la profesional precisó que en el expediente las partes celebraron un convenio en el que acordaron que la demandada (MET Medicina Privada) asumía la obligación contractual de entregar una silla de ruedas a la demandante, por lo que respecto de sus honorarios consideró omitido el artículo 30 del Código Arancelario (CA), toda vez que se tomó para el cálculo la factura de dicho elemento, sin actualizarlo según lo prevé el artículo 33 del mismo ordenamiento.

A su turno, tras observar que nada debía aclarar respecto de la resolución refutada, el tribunal advirtió que la profesional “ injustificadamente ha dejado de lado que en la especie no se ha perseguido desde su parte una reclamación dineraria dada sino, contrariamente, la de un bien concreto, y por ello fue que el objeto puntual de la transacción celebrada lo ha constituido (...) la provisión por la demandada, en virtud de la vinculación contractual que media entre las partes, de un bien puntualmente establecido ”; es decir, la silla de ruedas.

Por ello, el fallo sostuvo que valor del bien objeto de la especie quedó determinado en función de lo que las partes refirieron al respecto, “ máxime que no efectuaron advertencias con relación a dicha mensuración postulada que alertaran acerca de su presunta inadecuación, lo cual nos persuade entonces de que pudo y puede asumirse por ello, no sólo como un valor plenamente aceptado por las contendientes, sino finalmente equiparable a una valuación judicial aprobada por haberse integrado los documentos respectivos como parte del convenio transaccional presentado a homologación ”.

Así las cosas, la cámara interpretó que el marco legal aplicable resultaba el artículo 32, inciso 1 CA lo cual exime de aplicar los artículos citados precedentemente, “ las que sólo están previstas y deben considerarse para cuando en los juicios se reclamen sumas de dinero ”.

Temperamento

Asimismo, se destacó que el temperamento aludido “ ha sido receptado y deriva de la doctrina legal vigente, concretamente la sentada por la Sala CC del TSJ, entre otros, en el Auto Nº 357 del 13/11/2013 dictado in re Res Gar Automotores SRL c/ Bustos, Roque Alberto y Otros - Rec. Apel. - Rec. de Casación (...) , en el que (...) el TSJ sostuvo” que “ cuando el objeto del litigio no está conformado por una suma de dinero, sino que remite al valor de un bien (…) , no correspondiendo computar interés alguno (...)".

La alzada recalcó que a lo expresado puede agregarse que " el valor del bien que sirve como referencia a los fines de determinar la base regulatoria del pleito no debe ser actualizada ex officio por el magistrado, sino solo a pedido de parte, debiendo el interesado en hacer valer esa situación, alegar y probar en el proceso que la cifra nominal consignada en la pericia (…) ha perdido actualidad ".

En ese sentido, los jueces acotaron que en el precedente del máximo tribunal provincial, “ si bien (se) analizó e interpretó al anterior plexo arancelario -ley 8226- y a que en dicha especie mediaba además un dictamen pericial de valuación, siendo que en definitiva aquél ha devenido replicado en el actual -ley 9459- y que la propuesta del valor del bien objeto de autos fue postulado por las partes sin advertencia alguna acerca de su presunto desfase de la realidad, a lo que puede sumarse el poco tiempo transcurrido desde la emisión de los documentos acompañados a la de la regulación efectuada, es que finalmente interpretamos que dichas consideraciones resultan -mutatis mutandis- plenamente aplicables al concreto, brindando pábulo suficiente a lo decidido ”.

Conclusión

En razón lo expuesto, en el fallo se concluyó que “ no corresponde, ni tampoco resulta procedente, la aclaratoria de la especie respecto de una resolución que, como la dictada en autos, no expresa, ni evidencia, ni demuestra que, de algún modo, medie en ella algún error material u oscuridad u omisión alguna, mucho menos aún si además, como se vio, la decisión adoptada ha respondido en definitiva al expreso y unívoco marco legal vigente respecto del tópico cuestionado y conforme a las constancias fácticas que resultan corroborables en la especie, debiendo por ello estarse a las reglas y pautas respectivas que de todo ello deriva y que son las que fueron oportunamente consideradas por el tribunal para dictar el fallo estigmatizado ”.