El reclamo por la cancelación de un vuelo de Córdoba a Miami se debate en el fuero federal

El tribunal interviniente concluyó que en el pleito se ventilaban cuestiones ya resueltas por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, el Juzgado en lo Civil y Comercial de 35ª Nominación de Córdoba admitió la excepción de incompetencia interpuesta por la codemandada American Airlines INC y ordenó que la causa entablada por la parte accionante fuera planteada ante el fuero federal, porque están involucradas normas del Derecho Aeronáutico, tales como las consecuencias de la cancelación de un vuelo, y no sólo normas del derecho al consumidor.

La parte actora inició una demanda por daños y perjuicios derivados de la cancelación unilateral por parte de la aerolínea de un vuelo internacional directo de Córdoba a Miami. Reclamó devolución del valor de los pasajes al momento de la interposición de la demanda, daño moral por las afecciones emocionales sufridas y daño punitivo o multa civil con base en la Ley de Defensa del Consumidor (LDC).

La acción fue incoada en contra de Garbarino Viajes SA (la empresa que vendió el pasaje) y American Airlines INC (empresa aerocomercial que debía operar el vuelo). Pese a la cancelación por motivos comerciales y de rutas, en la causa se constató que la empresa les ofreció tres opciones o alternativas de cambio.

La agencia de viajes no compareció ni contestó la demanda, mientras que la compañía aérea sí lo hizo e interpuso una excepción de incompetencia, por entender que, en razón de la materia involucrada en el proceso, la demanda debía interponerse ante los tribunales federales de la ciudad de Córdoba con competencia en lo Civil y Comercial, con base en lo dispuesto por los artículos 116 de la Constitución nacional y 198 del Código Aeronáutico.

Al analizar cuestión, el juez Mariano Díaz Villaluso reseñó que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado por la prevalencia de la competencia federal en casos como el llevado a su consideración, estimando que dicha solución debía naturalmente prevalecer no sólo por evidentes razones de economía procesal -que son innegables- sino también por el hecho de que se trata del intérprete final de la Constitución, subrayando que la competencia federal es netamente constitucional, ya que se refiere a materia delegada por las provincias.

Asimismo, el magistrado observó que -aunque no se desconoce que las sentencias emanadas del Alto Tribunal no son obligatorias para los tribunales inferiores pues ninguna norma jurídica establece esa obligatoriedad- no puede negarse la autoridad de la doctrina que emana de las decisiones de la Corte Suprema; como tampoco que la aceptación y aplicación de las soluciones por ella brindadas colaboran con el afianzamiento de la seguridad jurídica, como con la economía procesal, valores que deben preservarse.

Por último, el juzgador aclaró que no bastaba la invocación del estatuto del consumidor para habilitar la competencia provincial.

En efecto, Díaz Villaluso precisó que conforme el artículo 3 de la LDC, dicho régimen se integra con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, surgiendo claramente de los postulados de su Título II la concurrencia de la competencia administrativa y judicial entre Nación y provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, en ese punto, el tribunal analizó que, conforme el veto del Poder Ejecutivo mediante decreto 565/08 al artículo 32 de la ley 26361, se mantuvo el principio de subsidiaridad previsto en su par 24240 y, por ende, al mantenerse la vigencia del artículo 63 del texto originario, el contrato de transporte aéreo se rige por la normativa específica; esto es, el Código Aeronáutico y el Convenio de Montreal de 1999, dependiendo de si se trata de vuelos de cabotaje o no.

Normas

En suma, el magistrado sostuvo que debía tenerse presente, por un lado, que “para el supuesto de contrato de transporte aéreo, se aplicarán las normas del Código Aeronáutico, los tratados internacionales y, supletoriamente, la presente ley” (art. 63, ley 24240) y por otro, que si una cuestión no estuviese prevista en el Código Aeronáutico, “se resolverá por los principios generales del derecho aeronáutico y por los usos y costumbres de la actividad aérea; y si aún la solución fuese dudosa, por las leyes análogas o por los principios generales del derecho común, teniendo en consideración las circunstancias del caso” (art. 2, ley 17285).

En el fallo se infirió que lo expuesto tiene directa incidencia no sólo para atribuir competencia, desde que descarta la aplicación exclusiva del derecho común, sino también para resolver el caso, por soluciones especiales que brinda el Derecho Aeronáutico.

Por ejemplo, se recordó que -a diferencia del derecho común- en esta materia no sólo se prevé el supuesto de “cancelación” de vuelos sino también sus consecuencias, lo cual involucra materia federal.

En definitiva, por las razones expuestas en la decisión se resolvió que corresponde admitir la excepción de incompetencia interpuesta, declarar la incompetencia del tribunal y ordenar el oportuno archivo de las actuaciones, agregando que las costas devengadas deben imponerse por el orden causado.