ESCUCHARLos senadores kirchneristas subrayaron que el fallo que favorece a Luis Juez, de Juntos por el Cambio, es inaplicable y que Martín Doñate será nuevamente designado representante en el Consejo de la Magistratura
El interbloque de senadores del Frente de Todos (FdT) acusó este miércoles a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de «avasallar» el Poder Legislativo, a raíz del fallo de aquélla que anuló la designación de un senador oficialista en el Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN), y anunció que reclamará nuevamente la misma banca ante ese cuerpo.
El martes, el interbloque había calificado como «político» e «inaplicable» el fallo de la Corte.
En conferencia de prensa, el senador Martín Doñate (FdT-Río Negro) informó que él mismo será nuevamente designado representante, después de haber afirmado que la resolución de la Corte «es inaplicable».
Doñate, cuyo nombramiento fue anulado por el Máximo Tribunal, explicó que sólo resta una semana para el final de su mandato y que el CMN «no va a funcionar en estos días» que restan.
Asimismo, sostuvo que «materialmente es imposible que se instrumente la posibilidad de que (el senador) Luis Juez asuma y cumpla funciones» en el consejo.
«Lo que venía a darle dinamismo a la acción de Magistratura terminó siendo una plancha. Hay una lista para cubrir juzgados, no sólo en Comodoro Py sino en el interior del país, y por la inacción del presidente el consejo (Horacio Rosatti, también presidente de la Corte) no está funcionando», agregó.
Para el senador oficialista, «falta solamente que (los jueces de la CSJN) tengan la llave del Poder Ejecutivo». «Aquí hay un claro conflicto de poderes, hay una crisis institucional que no tiene precedentes en nuestra historia reciente», indicó, y acusó a la Corte de «arrogarse la suma del poder público».
A su turno, la vicepresidente del interbloque de FdT, Anabel Fernández Sagasti, declaró que el fallo «es insólito e inaplicable” y que «acá está en juego la República«.
Fernández Sagasti reiteró que aquél «es claramente una respuesta al resultado de la elección de abogados del 18 de octubre, cuando (Horacio) Rosatti entendía que se iba a quedar con tres de las cuatro bancas y se quedó con dos».
«Este fallo es una respuesta de manipulación. Rosatti es juez y parte ya que se notifica a él mismo. Parece más una nota de (el diario) Clarín por el vocabulario», opinó, y adelantó que el FdT va a «apelar, a dar una respuesta política» y va a «proponer lo que le corresponde».
La senadora Juliana di Tullio, por su parte, ratificó que se trata de «un fallo político» que «merece respuesta política», y consideró que «es un capítulo más de esta intención del presidente de la Corte, del autovotado presidente de la Corte, que derogó una ley de 2006 con el solo fin de presidir» el CMN.
Rosatti busca apropiarse de «espacios de poder. Un día nos vamos a despertar y Rosatti se va a haber designado presidente de la República», ironizó.
Violación de normas del ordenamiento jurídico
El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Rodolfo Tailhade (FdT), presentó una cuestión de privilegio contra los integrantes de la Corte Suprema.
El legislador formuló estos conceptos en la sesión especial de la Cámara Baja, cuando afirmó que hay «una intromisión» de la Corte en el Senado al querer establecer cómo «tienen que funcionar los bloques» parlamentarios.
«La firma de (el presidente de la Corte Horacio) Rosatti no vale, es trucha, por eso hay que ir contra la misma Corte, para que se resuelva si efectivamente él ha intervenido de manera irregular. Me parece que deberíamos considerar que estamos frente a un Poder Judicial al margen de la ley», agregó.
Señaló que Rosatti «vuelve a intervenir en un tema que es propio, en el que tiene un interés específico». Agregó que el fallo de la Corte «es una intromisión en la esfera privativa del Senado porque se mete a explicarles a los senadores cómo tienen que funcionar los bloques. Todo eso dice el fallo, dándoles a los senadores recomendaciones que nadie le pidió».
El legislador añadió que esa resolución «viola en varios sentidos normas del ordenamiento jurídico argentino» y la división de poderes, al querer «legislar, que es algo que le corresponde a los integrantes de este Congreso».
