El juicio oral rige para todos los procesos civiles contenciosos declarativos

Lo recordó la cámara interviniente, que entendió que había quedado abstracta la discusión propuesta por la demandada sobre si correspondía que al pleito se le aplique el procedimiento hablado

Al observar que si bien la accionada Gama SA no había cuestionado si el procedimiento de la que tomaba parte era abreviado u ordinario, según la cuantía del pleito, sino que su crítica estaba dirigida al trámite oral, con el argumento de que no se trataba de una cuestión de consumo, la Cámara 7ª Civil y Comercial de Córdoba declaró abstracta la queja en cuestión.

La razón esgrimida por el tribunal para así decidir fue que, según la normativa vigente, a partir del día 7 de agosto de 2023 a todos los juicios contenciosos declarativos que se inicien y a todos aquellos en los que a dicha fecha no se haya dispuesto la apertura a prueba, con excepción de los procesos colectivos, le son aplicables el trámite oral.

La decisión fue asumida por el tribunal integrado por los jueces Jorge Miguel Flores y Atilio Remigio que, al entrar al análisis del pleito, indicó que las actuaciones llegaban a la alzada a los fines de resolver el recurso directo que interpuso la demandada, por el cual se agraviaba en cuanto consideraba que se violaba el procedimiento al denegar erróneamente el recurso de apelación interpuesto en subsidio al de reposición, toda vez que dicha inadmisibilidad se había fundado en una regla de derecho que no resulta aplicable al caso, al indicar que lo que se apela es el primer decreto que imprime trámite oral a la causa.

Los camaristas expresaron que la recurrente agregó que dicha circunstancia objetiva resulta dirimente en tanto y en cuanto lo que se cuestiona es el tipo de trámite aplicable y no la cuantía del asunto ventilado en la demanda, al sostener la inexistencia de una relación de consumo, la falta de configuración de los presupuestos objetivos de la ley 10555 (procedimiento oral), toda vez que el objeto de la demanda es la declaración de nulidades e integración del contrato, el hecho de que el monto de la demanda supera 250 jus, la complejidad de lo debatido en autos y la falta de consentimiento de los partes.

Análisis

Entrando al análisis de la queja, la cámara observó que el artículo 424 del Código Procesal Civil y Comercial (CPCC) dispone que el auto en que el tribunal determine la cuantía del pleito no es apelable. Sin embargo, indicó que de las actuaciones traídas a esta instancia surge que lo apelado en subsidio por la demandada es el decreto que dispone la aplicación del trámite del juicio abreviado oral conforme lo prescripto por el artículo 418 CPCC, la Ley 10555 y el acuerdo reglamentario N° 1735, serie A, del 2 de diciembre de 2021.

No obstante, la alzada advirtió que, atento lo dispuesto por el acuerdo reglamentario Nº 1815, serie "A", de fecha 3 de agosto de 2023, que determinó la extensión de la ley 10555 -con la modificación del artículo 1 de la ley 10855- a todos los juicios contenciosos declarativos que se inicien a partir del 7 de agosto de 2023 y a todos aquellos en los que a dicha fecha no se haya dispuesto la apertura a prueba, con excepción de los procesos colectivos, le son aplicables el trámite oral.

De esta manera, la cámara aclaró que, a pesar de que el artículo 424 del CPCC no es de aplicación respecto al proveído inicial del pleito en el que se ordena el procedimiento oral, el recurso directo devenía abstracto, atento lo dispuesto por el citado Acuerdo Reglamentario Número 1815 antes referida.