El Estado deberá resarcir a un ex testigo protegido

La cámara que ratificó el decisorio sostuvo que se constató el abandono al que fue sometido el reclamante. Resaltó que el accionar renuente y tardío de las diversas dependencias involucradas violentó su tranquilidad y libertad individual

“El obrar omisivo del Estado Nacional argentino pone en evidencia la clara lesión de los sentimientos de la víctima”. [privado]

Bajo esa premisa, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata responsabilizó al Estado nacional por el incumplimiento de las obligaciones emanadas del programa Testigos Protegidos -cambio de identidad y asistencia económica- en el que estaba inserto el actor.

El tribunal ratificó la sentencia que acogió el daño moral reclamado por éste y elevó su monto, al valorar que, ya fatigado y “en completo estado de desazón”, el damnificado decidió abandonar ese régimen por la angustia que le generó el obrar estatal.

“El accionar renuente y tardío de las diversas dependencias estatales involucradas violentó el estado de paz, tranquilidad y libertad individual del testigo”, enfatizó.

“No pueden aducir el Estado y sus dependencias para eximirse de su mal obrar, derivado de una clara inacción u obrar moroso, el hecho de que el demandante hubiese extraviado sus documentos o que, finalmente, desistiera de participar en el programa, que no hizo sino herir sus sentimientos y provocarle ansiedad, temor, tristeza y malestares innecesarios, de los que derivó un claro agravio moral indemnizable”.

(Del fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata)

En esa línea, reseñó que luego de cumplir con su deber de declarar y decir verdad, viendo comprometida su integridad y su calidad de vida, el hombre solicitó la debida protección estatal, sin que se concretara su completa sustitución de identidad, una “indebida dilación” que le impidió realizar otras gestiones, como la obtención de un empleo, lo que necesariamente requería que contara con un número de documento y un perfil laboral.

“Se encuentra acreditada la existencia de una manda judicial que obligaba al demandado a proveer la protección requerida por el accionante, que consistía en sustitución de identidad, traslado provisorio a la ciudad de Buenos Aires, alojamiento, custodia permanente de su domicilio particular, provisión de recursos económicos y cambio de residencia”, destacó la alzada.

En tanto aclaró que, aunque posteriormente el actor fuese excluido -a su petición- del régimen de protección de testigos, ello no liberó al Estado de su deber de haberle prestado asistencia antes, falencia que afectó claramente los íntimos sentimientos del reclamante y su honor, lo que se acreditó con los reiterados reclamos que efectuó solicitando asistencia y cumplimiento de su deber legal a la Administración.

Respecto del rechazo de los restantes rubros indemnizatorios que pidió el accionante -daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance y perjuicio psíquico-, la Cámara lo ratificó, al entender que el a quo valoró bien la prueba producida en la causa y que acertó al concluir que su vaguedad le impedía concederlos.