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Dos fiscales reclaman que siga la totalidad de la investigación por el “Vacunatorio VIP”

GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA. Ministro de Salud de la Nación.
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José Luis Agüero Iturbe, fiscal ante la Sala II de la Cámara Federal -integrada por los vocales Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico- respaldó la apelación presentada por su colega Sergio Rodríguez en contra del archivo parcial de la pesquisa por el caso conocido como “Vacunatorio VIP”.
Rodríguez -titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la unidad de la Procuración General de la Nación especializada en casos de corrupción- recurrió el fallo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien el 8 de julio pasado cerró parte de la causa.
Para que la Alzada revisara la sentencia cuestionada debía contar con el respaldo del fiscal de Cámara, Agüero Iturbe, quien así lo hizo.
Se sumó a los argumentos de Rodríguez y solicitó que se profundice la investigación por el Vacunatorio VIP.
Capuchetti afirmó que en el Código Penal “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales” como el que es objeto en la investigación.
Con ese argumento, archivó la investigación sobre 65 de las 70 personas que integraban la lista redactada por el Gobierno para que ciertas personas accedieran de manera prioritaria a la primera dosis de la Sputnik V, cuando aún la vacuna solo estaba destinada a los grupos estratégicos (como el personal sanitario) que dispuso el ministerio de Salud y no había una convocatoria abierta.
En la nómina figuran el presidente Alberto Fernández; el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y su cónyuge; el periodista Horacio Verbitsky; el ex presidente Eduardo Duhalde y su esposa, Hilda González; el ministro de Economía Martín Guzmán; el canciller Felipe Solá; el embajador en Brasil Daniel Scioli; el diputado oficialista Eduardo Valdés; el ex senador y flamante ministro de Defensa Jorge Taiana y el ex ministro de Salud Ginés González García, entre otros.
Todos fueron inoculados con dosis de vacunas provistas por el Hospital Alejandro Posadas, que depende del estado nacional. La mayoría accedió al insumo registrada como “personal de salud”.
En marzo, el fiscal del caso, Eduardo Taiano, amplió la lista de imputados que originariamente abarcaba a Ginés González García y a dos colaboradores cercanos.
Por su parte, Rodríguez presentó un dictamen con un listado de 385 vacunados que no figuraban como personal de salud y que habían sido inoculados en el Posadas.
También reiteró el pedido para que se realice un cruce telefónico entre los imputados y para que se examinen sus correos electrónicos. Nada se hizo aún.

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