Determinan que el despido de un delegado de personal de una empresa de transporte fue nulo

El juez a cargo entendió que la cesantía devenía igualmente inválida, ya sea aplicando la Ley de Asociaciones Sindicales como la norma antidiscriminativa en el trabajo

El Juzgado de Conciliación y Trabajo de Primera Nominación de Córdoba admitió una demanda en la cual el accionante pretendía la reinstalación en su puesto de trabajo y el pago de los salarios caídos, al considerar el tribunal que el despido directo dispuesto por la patronal resulta nulo por constituir una conducta discriminatoria y antisindical, al ser el demandante desvinculado de la empresa Autobuses Córdoba SRL (en adelante, Aucor) mientras se desempeñaba como delegado de personal la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA).

El trabajador relató en su demanda que desde que resultó electo delegado gremial, la empleadora comenzó a tener en su contra una conducta persecutoria y discriminatoria y afirmó que la empresa lo despidió sin realizar el procedimiento de exclusión de tutela sindical del artículo 52 de la Ley 23551 (de Asociaciones Sindicales).

Por su parte, la demandada dijo desconocer -hasta la fecha de la desvinculación- que el actor era delegado de UCRA y adujo que éste es un sindicato simplemente inscripto y carece de las garantías previstas por la ley mencionada en el párrafo anterior. Finalmente, refirió que la representación gremial de los trabajadores del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba es ejercida por UTA.

Garantías

Al analizar la cuestión, el titular del juzgado Guillermo Cerdá López indicó que el artículo 14 bis de la Constitución nacional estipula que “los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad en el empleo”.

En mérito a los argumentos normativos y jurisprudenciales analizados, el magistrado sostuvo que el demandante se vio perjudicado de ejercer su derecho fundamental a la libertad sindical a los fines de representar a sus compañeros de trabajo con fines de mejorar las condiciones laborales al ser delegado de personal de un sindicato con simple personería gremial, lo cual fue negado por la empresa empleadora, habiendo sido incluso despedido, por lo que el tribunal estimó a derecho pedir que se declarara la inconstitucionalidad de los artículos 41, inciso a) y 52 de la ley N° 23551

Frente a este panorama, el magistrado entendió que debía desestimarse el planteo de Aucor, vinculado a la ausencia de tutela sindical, con fundamento en el carácter de simplemente inscripta de la UCRA, a la cual pertenece el actor.

En ese sentido, el fallo remarcó que quedó acreditado el conocimiento -por parte de Aucor- del proceso electoral llevado a cabo por la UCRA, que el actor fue proclamado delegado de personal y que desempeñó su actividad sindical.

Por ende, el juez sostuvo que el despido directo con causa dispuesto por Aucor devino contrario a la protección gremial y violatorio de la libertad sindical (artículo 48 in fine, ley 23551), debiendo haber efectuado previamente el trámite judicial de exclusión de tutela sindical previsto en el artículo 52 del texto ya citado, teniendo en cuenta la consolidada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Acto extintivo

Así, la decisión indicó que el acto extintivo dispuesto deviene nulo, sin que sea menester verificar si existió o no un móvil antisindical.

En definitiva, el juez sostuvo que estamos frente a un despido no sólo en violación a lo dispuesto por la ley sindical, sino discriminatorio por motivos sindicales

Por todo lo expuesto, en el fallo se resolvió que ya sea por el incumplimiento al artículo 52 en cuestión o por haber incurrido en un acto discriminatorio y antisindical, dispuesto por el artículo 1 de la ley 23592, cabe disponer la reincorporación del actor en su puesto habitual de trabajo en las condiciones en que lo venía haciendo previo al distracto, acaecido con fecha 20/11/19.

En consecuencia, se ordenó que la reinstalación del demandante deberá ser cumplida en el término máximo de cinco días hábiles de quedar firme el presente pronunciamiento, bajo apercibimiento de aplicar astreintes a favor del actor equivalentes al valor de dos jus por cada día corrido de demora, al monto vigente al momento del pago (conf. art. 804 del Código Civil y Comercial nacional) y por el término máximo de 90 días corridos, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 239 del Código Penal.