Determinan honorarios de abogado en acción de nulidad sin contenido económico

En la decisión se tuvo en cuenta la actividad del letrado en un pleito en el que compareció junto al tercero coadyuvante, para defender a la demandada en una acción por la que se pretendía que no se instale el expendio de combustibles en una estación de servicios de GNC

En un pedido de regulación de honorarios, la Cámara 2ª en lo Contencioso-administrativo de Córdoba concluyó que la acción de ilegitimidad por la cual se pretendía que no se instale una estación de servicios, careció de contenido económico propio y no resultaba factible determinarlo a partir de valores de referencia, por lo que aplicó la norma de dejar librado al prudente arbitrio judicial la estimación de la base económica.

Las vocales María Inés Ortiz y Gabriela Cáceres señalaron que la regulación de honorarios solicitada era procedente y recordaron que el objeto de la pretensión principal se relacionó con el proyecto desarrollado por la firma Pavone de remodelación e incorporación de combustibles líquidos en una estación de servicios que vende exclusivamente gas natural comprimido (GNC).

Refirieron que, por ello, se dictó una resolución por la cual la Dirección de Obras Privadas y Uso del Suelo de la Municipalidad de Córdoba otorgó a la firma Luis Ángel Pavone, visación previa de localización para el desarrollo de la actividad estación de servicio.

Petición

El tribunal indicó luego que la firma M. M. A. G. SRL peticionó la anulación de la resolución municipal alegando que ello implicaba la prohibición de habilitar la construcción de estaciones de servicios en el inmueble ubicado en avenida Julio A. Roca 1307, y solicitó la destrucción de toda construcción u obra de arte efectuada en violación de las normas legales, atento el estado en que se encuentra dicho inmueble.

Así, la cámara indicó que, de conformidad con la acción de ilegitimidad deducida y el objeto de la pretensión objeto de la acción, la cual carece de un contenido condenatorio, apreciable económicamente de manera directa, a los fines regulatorios, “cabe concluir que la presente causa carece de un valor de referencia que guarde razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la pretensión de carácter meramente declarativo de la nulidad de los actos administrativos impugnados”.

Ante ello se expuso que, al carecer la litis de contenido económico propio, se imponía la aplicación del artículo 32, inciso 4), de la ley 9459, que deja librada al prudente arbitrio judicial, en función de criterios objetivos y técnicos, la estimación de la base económica.

Las juezas observaron que era dirimente atender el artículo 36, último párrafo, cuando establece que en ningún caso, exista o no base económica, los honorarios del profesional podrán ser inferiores a 20 jus por la tramitación total en primera instancia en juicios declarativos ordinarios; a 15 jus por la tramitación total en primera instancia en juicios declarativos abreviados; a 10 jus por la tramitación total en primera instancia en procesos ejecutivos y ejecutivos especiales, y a 4 jus por cualquier acto procesal.

Reglas

Asimismo, sostuvieron que correspondía aplicar las reglas de evaluación cualitativas establecidas en el artículo 39 de la Ley Arancelaria, en particular: 1) El valor y la eficacia de la defensa; 2) La complejidad de las cuestiones planteadas; 3) La novedad de los problemas jurídicos debatidos; 4) La responsabilidad que el profesional comprometa en el asunto; 5) El éxito obtenido; 6) El valor de precedente que tenga, para el beneficiario de los servicios, el éxito de la gestión; 7) La cuantía del asunto; 8) La posición económica y social de las partes; 9) La trascendencia moral del asunto, y 10) El tiempo empleado.

Así, la cámara fijó que la actividad profesional desplegada por el peticionario se circunscribió a la defensa de los intereses del tercero coadyuvante, firma Pavone, en la sucesión de incidentes que se plantearon, antes de que se contestara la demanda y se trabara la litis, así como sin que se hubiera abierto a prueba la causa.

En definitiva, el tribunal dispuso que a partir de la consideración integral de la responsabilidad y de toda la actividad profesional desarrollada por el letrado interviniente, correspondía regular sus honorarios en el punto medio (10%) de la escala del artículo 83, inciso 2) -segundo supuesto-, que establece que para los incidentes sin contenido económico propio, sustanciados solo con vista o traslado a las partes, se debe aplicar entre 5%) y 15% de la escala del artículo 36 sobre la base regulatoria del juicio principal.

Monto

En ese orden, se estimó razonable establecer en 8 jus la remuneración, adicionándole el 21% correspondiente al impuesto al Valor Agregado (IVA). Además, se regularon en 8 jus los honorarios del doctor M. A. O. P. por la labor cumplida en el incidente de perención de la instancia principal.

Luego, por la labor profesional cumplida en el juicio principal, la cual consistió en el comparendo, solicitud de participación como tercero coadyuvante con la parte demandada y petición del cese de la medida cautelar dispuesta, confección de varias notificaciones, cumplimentar los requerimientos del auto Nº 617 y reiteración el pedido de cese de la medida cautelar.

De la reseña precedente advirtió la Cámara de que el letrado no contestó la demanda ni se trabó la litis ni se abrió a prueba la causa, por lo que la perención de la instancia principal determinó la extinción del proceso.