Desestiman que el demandado demostrara haber abonado la última cuota del automóvil

La Cámara 1ª de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso-administrativo de Río Cuarto confirmó la sentencia dictada en primera instancia, que había rechazado una excepción de pago e hizo lugar a la demanda de cobro de pesos del saldo de una compraventa de un automotor, al validarse que no se acreditó el cumplimiento de la obligación que se le reclamaba.

El demandado se agravió al sostener que no se le dio valor al boleto de compraventa, que demostraba que la operación en cuestión. Además, sostuvo que el magistrado de grado adjudicó valor probatorio al testimonio de un dependiente de la accionante, quien sería parte interesada y, por ende, parcial. Asimismo, argumentó que, al haberse efectivizado la transferencia del automotor, el saldo impago que se reclama era inexistente.

Equivalencia

El tribunal integrado por los vocales Sandra Tibaldi de Bertea (autora del voto), Mariana Andrea Pavón y Jorge José Aita Tagle, al analizar la apelación presentada, consideró que el apelante pretendía persuadir a la alzada que la orden de compra rubricada por él y con la firma actora equivale al contrato de compraventa del automotor; y que los datos incorporados en ella, referidos a la forma de pago, tienen el carácter de recibo.

En ese rumbo, la cámara destacó que la orden de compra no se encuentra legislada ni en el Código Civil y Comercial (CCyC) ni en normas especiales y que sólo refieren a ella normas de la AFIP y de las leyes impositivas provinciales que legislan el impuesto de Sellos, generalmente relacionadas con la exención fiscal, por considerar que éstas no configuran el contrato de compraventa ni tampoco valen como factura.

Así, se derivó que dicha orden de pedido refleja los términos de la operación, su precio y la forma de pago, lo que no significa que ello no pueda variar pues surge de las propias cláusulas que el precio de compra detallado es provisorio y está sujeto a cambios al momento de la entrega de la unidad automotor; y que si la operación no fuese aceptada por la empresa, se devolverá al comprador lo que hubiera entregado, puesto ello en potencial.

Error conceptual

Para el tribunal, sostener que la orden de compra es el boleto de compraventa (pues la venta sólo ocurre con la inscripción dominial en Registro del Automotor a nombre del comprador dado su carácter de constitutiva) y que con él se demuestra el cumplimiento de las obligaciones a su cargo es lisa y llanamente un error conceptual.

Por otro costado, se valoró que las máximas de la experiencia indican que nadie abona la suma consignada sin que se le extienda formal recibo de pago, lo que es un derecho del deudor, por lo que no es dable invocar, en caso de ausencia, la propia torpeza por no haberlo requerido, si fuera cierto que el pago se produjo en efectivo en ese momento, lo que desde ya se descartó.

Asimismo, el tribunal valoró que si bien el demandado intenta anular al testigo por su relación de dependencia con la actora, omitió referirse a demás testimonios, en especial el de quien aseveró que cuando adquirió un vehículo en la concesionaria en febrero de 2018 -en tiempo de la operación efectuada por el demandado-, entregó en parte de pago un auto usado y dinero en efectivo, que ello estaba detallado en el formulario (orden de compra) y que por el dinero en efectivo le hicieron un recibo aparte.

En lo relativo a la queja de que la transferencia del automotor a nombre del demandado hace presumir el pago, la cámara indicó que ello nada prueba en el contexto de la prueba arrimada al proceso, pues el vencimiento de los cheques entregados por el demandado es de fecha posterior a la inscripción registral y no podía presumirse.

Condiciones

La cámara concluyó que la operación de compraventa terminó realizándose en las condiciones que se acreditan por la prueba testimonial, lo que no contradice sino que complementa lo estipulado en la orden de compra, y que el saldo de precio se encuentra impago, producto de la negativa del banco a abonar los cheques fundada en la orden de no pagar y porque, como lo consignó el a quo, el pago debió demostrarlo el demandado, pues era su carga y no lo hizo.

Finalmente, la cámara indicó que en nada modifica lo decidido la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) y la normativa consumeril del CCyC, por cuanto la interpretación del contrato no ha generado duda alguna que amerite la aplicación del principio “in dubio pro consumidor” (art. 3 de la LDC), por no existir en el documento base de la contratación cláusulas ambiguas ni abusivas y, en todo caso, la falta al deber de buena fe en las tratativas preliminares es imputable, en este caso y conforme las constancias de autos, al consumidor y no al proveedor.