Dejan sin efecto cautelares que condicionaban aumento en cuotas de planes de ahorro

Un tribunal cordobés entendió que, debido al funcionamiento de éstos, se forman grupos de personas pertenecientes a diferentes provincias, por lo que debe actuar la fuero federal [privado]

La Cámara 7ª Civil y Comercial de Córdoba declaró la incompetencia de la Justicia provincial para entender en los conflictos derivados por el aumento de las cuotas de los planes de ahorro de automotores, debido a que los grupos de ahorristas en cada plan están conformados por personas de diferentes provincias, lo cual representa que el conflicto es de materia federal.

En consecuencia, y al no darse un supuesto de urgencia, se anularon las medidas cautelares que impedía el aumento de las cuotas a ciertos porcentajes fijados según los datos de inflación informados por el Indec.

Los jueces Mónica Puga y Jorge Miguel Flores recordaron que, por decreto judicial de fecha 2/10/19, se dispuso como medida cautelar que la codemandada Volkswagen Argentina SA de Ahorro para Fines Determinados retrotrajera el valor de las cuotas que los adherentes residentes en la provincia de Córdoba- debían abonar mensualmente, el valor de abril de 2018 más un incremento de 40%, a partir de la cuota siguiente al dictado del proveído.

Clase

El fallo destacó que el a quo delimitó la clase representada a “todas aquellas personas humanas que hayan suscripto un contrato de ‘Autoplan’ con la empresa ‘Volkswagen SA de Ahorro para fines determinados’ y que residan en la Provincia de Córdoba” y posteriormente amplió el colectivo incluyendo a los ahorristas de Toyota Plan Argentina SA, Chevrolet SA de Ahorro para Fines Determinados, Plan Rombo SA de Ahorro para Fines Determinados y Plan Óvalo SA de Ahorro para Fines Determinados.

Los grupos de ahorro no se circunscriben a residentes de una determinada provincia, sino que se conforman con ahorristas de distintos puntos del país, de tal modo, teniendo en cuenta las especiales relaciones que se dan entre los adherentes que conforman cada grupo de ahorro y el posible impacto de la decisión en la conformación del fondo de adjudicación de cada conjunto de ahorristas.

Sin embargo, la Cámara observó que los grupos de ahorro no se circunscriben a residentes de una determinada provincia, sino que se conforman con ahorristas de distintos puntos del país, de tal modo, teniendo en cuenta las especiales relaciones que se dan entre los adherentes que conforman cada grupo de ahorro y el posible impacto de la decisión en la conformación del fondo de adjudicación de cada conjunto de ahorristas, es posible “afirmar que la cuestión relativa a la validez o nulidad de las cláusulas del contrato de adhesión atinentes a la determinación del valor de las cuotas mensuales, necesariamente trasciende la órbita provincial y se proyecta a aquellos adherentes de planes que no residen en esta jurisdicción e integran grupos de ahorro con los miembros de la clase”.

Suscriptores

En esa dirección, se apuntó que los suscriptores de otras provincias alcanzados directamente por lo debatido en este proceso, no se encuentran adecuadamente representados en la causa, no tienen posibilidad de intervenir en ella ni cuentan con un mecanismo para sustraerse a los efectos de la decisión. “Y aun si diéramos por sentado que en el caso existe un colectivo representado con intereses individuales homogéneos afectados por una causa común, la delimitación de la clase propuesta por el magistrado pecaría por defecto, al excluir injustificadamente a los ahorristas no residentes en la provincia”, se añadió.

El tribunal sostuvo que los sistemas de ahorro previo para la adquisición de vehículos, conformados por un conjunto de relaciones contractuales conexas que se pactan, celebran y desarrollan en distintos puntos del país, involucran el tráfico comercial entre distintas jurisdicciones, y no pueden adoptarse soluciones a nivel colectivo con alcance local sin afectar -al mismo tiempo el equilibrio económico del sistema a escala nacional.

Multijurisdiccional

Según el decisorio, “el conflicto que aquí se ventila hace al tráfico económico multijurisdiccional, lo que determina la competencia de la justicia federal en razón de la materia”, remarcando que la “cláusula de comercio” consagrada en el art. 75 inc. 13 CN refleja el objetivo del constituyente en asegurar la igualdad y la libertad del intercambio comercial entre distintas provincias, con el fin de impedir barreras.

Por ende, indicó el tribunal que -siendo el comercio interjurisdiccional de exclusivo control del Estado nacional- debe incluirse dentro de esa potestad la tramitación de las acciones relativas a estos conflictos.

Finalmente, sobre la validez de las medidas cautelares dictadas en la causa, la Cámara sostuvo que como éstas han sido pronunciadas por un tribunal que carece de competencia para entender sobre el fondo del asunto, y al no verificarse los presupuestos necesarios para el dictado de toda cautelar, especialmente la nota de “urgencia”, las medidas precautorias dictadas no reúnen las condiciones excepcionales para ser tenida por válidas, y deben ser dejadas sin efecto.

Autos: “Acosta, Nora Inés y otros C/ Volkswagen Argentina SA y otro - Acción colectiva - Abreviado - Cuerpo de apelación de Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados - Expediente Nº 8996202”