Defensor del Pueblo no está legitimado en casos de autoplanes

La Justicia bonaerense rechazó un planteo del ombudsman bonaerense, quien pretendía representar a suscriptores de planes de ahorro previo para la compra de automóviles

Por falta de legitimación del accionante, la Sala II de la Cámara Primera Civil y Comercial de La Plata confirmó la sentencia de grado que declaró inadmisible una acción colectiva impetrada por el defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires contra una administradora de autoplanes.

La decisión fue asumida por el tribunal a raíz del planteo efectuado por Guido Lorenzino, en su carácter de ombudsman bonaerense, quien promovió acción colectiva sumarísima contra Plan Rombo SA de Ahorro para Fines Determinados y Renault Argentina SA, solicitando que se declare la responsabilidad de las demandadas por infracciones contractuales y legales.

El funcionario identificó el colectivo que pretende representar como “todos aquellos consumidores que habitan en la Provincia de Buenos Aires, adherentes a planes de ahorro en curso de ejecución, en el marco de una relación de consumo con la administradora demandada y garantizados por el fabricante, que tengan por objeto la venta financiada de vehículos 0km, ya sea que hayan sido o no adjudicados”.

Situación

Lorenzino pidió que se tenga por configurada una situación jurídica abusiva en los términos del artículo 10 del Código Civil y Comercial (CCyC) y se recomponga el statu quo, estableciendo que los sucesivos aumentos no puedan superar el Índice de Variación del Salario publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El defensor también evaluó que en la actualidad existen más de 400 reclamos individuales de los suscriptores de planes de ahorro, por lo cual estimó que la promoción de esta acción colectiva es necesaria para resguardar los derechos de miles de consumidores de la provincia de Buenos Aires y favorecer el acceso a la justicia de este grupo vulnerable frente a una conducta empresarial ilícita cuya afectación posee alcances colectivos.

El juez de primera instancia rechazó in limine la acción colectiva intentada, lo que motivó que Lorenzino presentara un recurso de apelación, que elevó los autos a la Sala II de la Cámara Primera Civil y Comercial de La Plata.

Al resolver, los jueces Irene Hooft y Federico García Ceppi citaron la ley provincial 13133, que en su artículo 26 fija las bases de la legitimación para interponer acciones colectivas en tutela de los derechos de consumidores y usuarios. El precepto menciona: 1) Los consumidores y usuarios en forma individual o colectiva; 2) Las asociaciones de consumidores debidamente registradas en la provincia de Buenos Aires, y 3) Los municipios por medio de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).

Artículo

Ello así, al margen de la intervención del Ministerio Público a la que se refiere el artículo 27, precepto que impone su actuación obligatoria como fiscal de la ley, quedando habilitado para asumir la titularidad activa cuando las acciones judiciales hayan sido promovidas por asociaciones legitimadas, siendo que la norma bajo examen no contempla entre sus legitimados al defensor del Pueblo.

En consecuencia, los camaristas concluyeron que “todo lo dicho pone de relieve la ostensible falta de legitimación activa de quien ha promovido la presente causa judicial, déficit que determina la inadmisibilidad de la pretensión”, quedando evidenciada “la ineptitud para accionar, como legitimado anómalo, del aquí reclamante”.