ESCUCHARPablo Márquez está imputado por abuso de autoridad y coacción. Dijo que sólo buscaba que “la sociedad estuviera conforme”. También declaró la subinspectora Natalia Zárate, quien ratificó sus dichos.
La Cámara 6ª del Crimen de la ciudad de Córdoba dio inicio ayer al juicio que se sustancia contra el comisario Pablo Alejandro Márquez, acusado de haber ordenado a sus subordinados la detención arbitraria de jóvenes en 2011 para mejorar las estadísticas. El debate -que se realiza con jurados populares- comenzó pasadas las 9.30 y se abrió con la palabra del acusado, quien llega imputado de abuso de autoridad agravada y coacción reiterada. El comisario defendió su actuación en la Policía de la Provincia, al tiempo que negó haber ordenado «detenciones ilegales».
Según explicó, la distinción que se hacía a los policías del Comando de Acción Preventiva (CAP) con cuadros y fotografías en las paredes no eran producto de premios por detenciones arbirtarias sino por su trabajo como policías. Luego de negar los hechos que se le imputan, Márquez admitió haber arengado a sus subordinados para cumplir -entiende- con una demanda de la sociedad. «Mi labor era que la sociedad estuviera conforme», manifestó.
Luego de la palabra de Márquez declararon los policías que lo denunciaron por forzarlos a detener a personas sin causa, bajo la amenaza de sufrir recargos horarios en su trabajo. La primera testigo fue la oficial subinspectora Natalia Zárate.
Ante al tribunal presidido por Guillermo Guerrero Marín, Zárate ratificó su denuncia. Indicó que el acusado le dijo que iba a ser “boleta” si no respondía a las órdenes. “Hagan el colchón para irse de franco”, recordó Zárate que les aconsejaba su superior.
«Quienes no cumplían la orden eran recargados con cuatro o siete horas a la salida de la guardia», declaró.
La mujer policía comentó, además, que al negarse a las detenciones arbitrarias el acusado le manifestaba que era “más que Dios” y aplicaba castigos con “recargas” de horarios que no figuraban en ningún libro de guardia y/o novedades.
También, Zárate recalcó que las figuras “merodeo” y “escándalo en la pública”, previstas en el Código de Faltas, eran las más utilizadas para detener a personas.
Modus operandi
El juicio tiene como acusador al fiscal de Instrucción Marcelo Hidalgo, quien tomó el caso luego de que la fiscal original, María Inés Ferreyra, tomó licencia por cuestiones de salud.
Al ingresar a Tribunales, Hidalgo explicó que «se juzga la conducta de una persona que era jefe de una unidad operativa de trabajo, según la acusación a partir de una orden ilegal, ilegítima y contraria al ordenamiento jurídico, el patrullaje tenía la consigna de detener gente para hacer números».
Según la instrucción, las órdenes irregulares contrarias a las disposiciones normativas eran impartidas al menos a tres duplas policiales que trabajaban en la zona, a quienes advertía de que si no “levantaban” una cantidad determinada de personas, tuvieran o no relación con alguna contravención, iban a ser perjudicados con recargas de trabajo.
