Declaran la inconstitucionalidad del DNU que elevó la tasa de interés en causas laborales

La decisión fue adoptada de oficio y por unanimidad por la Sala 11ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba, al entender que no existieron razones de necesidad y urgencia para modificar una ley sin que ella pase por el Congreso

Al atender la apelación del actor y de su abogado respecto a los montos de la condena fijados por el tribunal a quo, al solicitar el método de ajuste de la tasa activa modificado en el DNU 669/19, la Sala 11ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba declaró de oficio la inconstitucionalidad de esa norma y rechazó el recurso que validaba el cálculo realizado en primera instancia. Asimismo, se denegó el planteo del referido letrado al considerar correctamente regulados sus honorarios.

La alzada indicó que la crítica de la accionante apuntaba a saber si procedía la aplicación del artículo 12, inciso 2) de la ley 24557, que modifica el DNU mencionado en cuanto al interés sobre el monto del ingreso base de la tasa activa de la cartera general nominal anual vencida a 30 días que fija el Banco de la Nación Argentina y si la regulación de honorarios en cuestión fue establecida conforme la Ley Nº 9459 de Aranceles .

La vocal Eladia Garnero de Fazio (primer voto) indicó que el método de ajuste de la tasa activa fue modificado por el DNU 669/19, atento al desequilibrio sistémico que podía generar la tasa de interés vigente para las indemnizaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) conforme la ley 27348, lo que generó resultados desproporcionados para las aseguradoras.

La jueza precisó que el DNU 669/2019 pretendió derogar una norma dictada por el Poder Legislativo, con el argumento de una urgencia que amerite la omisión del paso por el Congreso, lo que no se advirtió.

Por lo expuesto, la vocal opinó que -desde el punto formal- el DNU analizado no resultaba aplicable al caso por inconstitucional e inconvencional. Con respecto de los intereses, indicó que suponía una cuestión debatida, compartiendo los argumentos dados por el a quo al analizar la inaplicabilidad de la norma en crisis, en su interpretación armónica con la ley 27348.

Al respecto, Garnero de Fazio reflexionó que la LRT ha intentado ir progresivamente mejorando las prestaciones a los trabajadores.

Sin embargo, el fallo observó que ello debe ser así, siempre dentro de los límites de la razonabilidad.

La vocal consideró que no correspondía adicionar más intereses a los ya calculados por el a quo, debiendo rechazarse el pedido, remarcando que la solución es la prevista normativamente, al igual que la variable de ajuste aplicada, que mantiene íntegro el capital a percibir por el trabajador.

En cuanto a la apelación del letrado, referente a la regulación de sus honorarios, el tribunal consideró acertada la efectuada por el a quo, independientemente de las etapas procesales cumplidas, ya que claramente fue acorde al Código Arancelario.

Modificación

Luego, la vocal Patricia Ledesma observó que los agravios de la actora se fundaron en argumentos a favor de la aplicación del DNU en debate, precisando que de la lectura de las disposiciones cuestionadas se advierte que se resuelve una modificación de la base de cálculo de la indemnización por accidente o enfermedad laboral; modificación que se aplicará en todas las situaciones, sin que resulte relevante al efecto la fecha de la primera manifestación invalidante.

La jueza analizó que habiéndose dictado el DNU Nº 669/14 en franca infracción a la previsión del inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional, al no respetar las pautas de excepcionalidad, imposibilidad, necesidad y urgencia conforme la doctrina de la última interpretación de la Carta Magna y doctrina destacada, cabe concluir que los artículos 1 y 3 del decreto resultan inconstitucionales.

En definitiva, la magistrada advirtió la “absoluta inobservancia al trámite formal expresamente previsto en nuestra Constitución Nacional para la validez de los mentados Decretos de Necesidad y Urgencia, al no verificarse ninguna de las circunstancias reguladas a tal fin en la propia Carta Magna y que fueron especial objeto de debate y posterior consenso en la Convención Constituyente de 1994 conforme la doctrina de nuestro máximo tribunal nacional, se concluye que corresponde declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 3 del Decreto Nº 669/19 y, en consecuencia, rechazar el recurso de apelación intentado por el representante legal del actor”.

En lo demás, y referido estrictamente a la apelación del letrado en relación a sus honorarios, Ledesma adhirió íntegramente a las consideraciones formuladas por Garnero de Fazio.

Finalmente, el juez Leonardo L’Argentiere adhirió a sus colegas preopinantes y subrayando que que el DNU bajo la lupa atenta en contra de lo normado en la Constitución, deviniendo formalmente inválido, lo que también acontece en relación a los honorarios ya referidos.