Cuando la deuda externa fue declarada ilegal por un juez

Tramitada con profundidad por casi dos décadas, la causa “Olmos” sentó un importante precedente que obligó al Congreso Nacional a crear una comisión bicameral que funciona hasta el día de hoy. Reveló 477 delitos cometidos por funcionarios en beneficio de grupos económicos concentrados del país

Se cumplieron esta semana 20 años del histórico fallo del juez federal Jorge Ballestero, que a inicios del milenio decretó la ilegalidad de gran parte de la deuda externa contraída por el país durante la dictadura militar que rigió el destino de los argentinos entre 1976 y 1983. «El endeudamiento externo sirvió para solventar negocios privados», concluyó el juez luego de una profusa investigación que comprobó 477 delitos cometidos por funcionarios públicos de alto rango, en los que estaban implicados grupos económicos y empresarios de los más poderosos del país. 

Fue el 13 de julio del 2000 cuando el entonces juez, hoy camarista federal retirado, firmó la sentencia de más de cien páginas de la causa “Olmos Alejandro s/ Denuncia”, que había sido iniciada en octubre de 1982 y cerrada 18 años después, por la cual se reunieron decenas de investigaciones, millares de fojas, informes periciales, recortes de diarios, declaraciones de ex funcionarios, todos datos que por casi dos décadas fueron recopilándose y que desentrañan los mecanismos utilizados para estafar al país, según concluyó el magistrado.

La investigación judicial, que contó con numerosos peritos de organismos oficiales y privados, locales y extranjeros, comprometió seriamente a las autoridades civiles y militares de entonces, entre ellas, al ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, a su mano derecha Guillermo Walter Klein (h), quien tuvo a cargo la Secretaría de Programación y Coordinación Económica, y a los distintos presidentes del Banco Central, incluyendo a Domingo Cavallo.

Sin embargo, si éstos fueron los responsables políticos, los beneficiarios fueron algunos grupos económicos, ligados a los centros financieros internacionales, como los grupos Macri, Fortabat, Bunge & Born, Bridas, Bulgheroni, Pérez Companc, Techint (Rocca), Soldati, Pescarmona, que contrajeron la deuda privada que más tarde sería estatizada con seguros de cambio.

La operatoria se valió principalmente de tres pilares: la reforma financiera y la pauta cambiaria (devaluación progresiva del peso); la apertura económica y la desindustrialización; y el desmantelamiento estatal y la represión de la resistencia. 

¿Cómo funcionaba el mecanismo? Mediante el endeudamiento de las empresas públicas en el exterior para conseguir dólares que no utilizaban y beneficiando a empresas privadas con esos dólares a través del Banco Central, con posterior estatización de las deudas privadas. YPF, por ejemplo, fue obligada a tomar deudas cada tres meses sin ninguna necesidad real. Es de destacar que a la compañía nunca llegaban esos dólares, que se quedaban en el Banco Central. En la última etapa del proceso, la deuda de YPF había llegado a 6.000 millones de dólares; había crecido desde 1976 unas 16 veces, y llegó a constituir un décimo de la deuda total del país. Los dólares eran utilizados por los grupos privados para jugar y ganar con los tipos de cambio y la fuga de divisas.

En su sentencia, el magistrado resaltó sobre las irregularidades que «ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la Nación en aquellos períodos analizados. Así también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados; no se tuvo reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina; se facilitó y promulgó la modificación de instrumentos legales a fin de prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales; inexistentes resultaban los registros contables de la deuda externa; las empresas públicas, con el objeto de sostener una política económica, eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central, para luego ser volcadas al mercado de cambios; (y) se ha advertido también la falta de control sobre la deuda contraída con avales del Estado por las empresas del Estado».

En tal sentido, la decisión judicial indicó que «el país fue puesto desde 1976 bajo la voluntad de acreedores externos. La existencia de un vínculo explícito entre la deuda externa, la entrada de capital externo de corto plazo y altas tasas de interés en el mercado interno y el sacrificio correspondiente del presupuesto nacional desde 1976 no podía pasar inadvertido para las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) que supervisaban las negociaciones económicas».

Más allá de las circunstancias comprobadas en el expediente judicial, por el transcurso del tiempo los ilícitos estaban prescriptos. En función de ello, el magistrado giró la sentencia al Congreso, quién según la Constitución es el encargado de “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”.

A tales efectos, recién en 2014, por ley 26984, se creó la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de la Deuda Exterior, continuada por la ley 27249 de 2016, cuya función consiste en el seguimiento de la evolución, gestión y pagos de la deuda externa. 

Según datos oficiales del tercer trimestre del 2019, la deuda bruta total de la Administración Central es de 323.065 millones de dólares que representan aproximadamente 89,4% del Producto Bruto Interno, compuesto por 35,7% de de deudas con el sector público, 33,4% con el sector privado y 20,3% con organismos multilaterales de crédito.  

Alejandro Olmos, el denunciante, murió en el año 2000, cuatro meses antes de que se firmara la sentencia en la causa originada por su denuncia del 4 de abril de 1982.