Controversia entre prepaga y federación se resuelve en un tribunal arbitral

Las partes habían acordado esa modalidad para dirimir las diferencias de su relación pero la segunda recurrió a la Justicia ordinaria, lo que motivó que se rechazara tal pretensión tanto en primera instancia como en cámara

Al advertir de que fue la propia accionante Federación Odontológica de la Provincia de Córdoba la que pactó con la demandada Galeno Consulting Group SA que, en caso de discusión sobre facturas generadas por prestaciones de servicios, las partes se someterían a un tribunal arbitral, la Cámara 6ª en lo Civil y Comercial de Córdoba rechazó la apelación de la actora y confirmó la resolución de primera instancia que se declaró incompetente para entender en la causa, destacando los beneficios de cumplir con lo convenido por los pleiteantes para zanjar sus conflictos de manera extrajudicial.

El tribunal integrado por los vocales Alberto Zarza y Walter Simes, al ingresar al análisis del recurso presentado, indicó que en el fallo impugnado la jueza a quo hizo lugar a la excepción de incompetencia planteada por la demandada, considerando que resultaba competente para resolver el caso un tribunal arbitral, conforme lo que fue pactado por las partes.

En este contexto, la alzada recordó que con fecha 26/4/2017 la Federación Odontológica de la Provincia de Córdoba y Galeno Consulting Group SA celebraron un contrato por prestaciones odontológicas.

Se expuso que la entidad alegó en sus agravios que la juzgadora efectuó un análisis aislado de la cláusula N° 15 del contrato, que prevé que “las cuestiones que se susciten con motivo del cumplimiento o interpretación del presente convenio serán resueltas en instancia única por una comisión arbitral (…). Contra el fallo de la comisión arbitral sólo podrán interponerse las acciones legales que correspondan ante los tribunales ordinarios de la ciudad de Córdoba”.

La recurrente expuso que esta cláusula debe interpretarse conjuntamente con las cláusulas números 12, 13 y 20. La 12 establece que “la federación remitirá a la obra social las facturas en original y copia, acompañadas de las respectivas órdenes de atención, la ficha odontológica, en la que constarán los actos odontológicos realizados y firmados uno por uno de conformidad por el beneficiario y las placas radiográficas que hubiere. La obra social devolverá a la federación una de las copias debidamente conformada…”.

Cláusula

En esa dirección, se señaló que la cláusula N° 13, en lo que aquí respecta, dispone que “la obra social abonará las facturas elevadas por la federación en el término de quince días de su presentación (…) si las facturas no fueren abonadas dentro del término antes fijado, la federación se reserva el derecho, sin antelación alguna, mediante comunicación fehaciente, de suspender la prestación de los servicios y/o rescindir el presente contrato. Estos servicios no serán reanudados sin la previa y total cancelación de las facturas adeudadas por la obra social; asimismo, la federación quedará habilitada para reclamar el pago judicialmente. La factura conformada que se menciona en la cláusula anterior servirá de título ejecutivo”.

Así las cosas, la cámara entendió que fue precisamente una interpretación conjunta de las cláusulas que integran el contrato lo que lleva a confirmar la decisión de la sentenciante.

En esa dirección, se subrayó que la materia en debate no refiere a ninguna de las controversias que quedan excluidas del arbitraje (artículo 1651 del Código Civil y Comercial, CCyC) ni compromete el orden público.

Sobre el particular, los camaristas recordaron que no debe perderse de vista la importancia del rol que cabe asignar a la autonomía de la voluntad de las partes en la dilucidación de la cuestión en debate, y que tal compromiso comporta para los intervinientes una especie de convención que los obliga como la ley misma.

A su vez, el pronunciamiento de la alzada destacó que el arbitraje se ha erigido en una herramienta eficaz para fortalecer el tráfico comercial, útil para agilizar la solución de conflictos y eficiente para descomprimir la ya sobrecargada tarea del Poder Judicial.

En consecuencia, la cámara citó que “el Poder Judicial debe procurar no restringir ni limitar inmotivadamente la competencia propia del tribunal arbitral, sin que existan fundamentos jurídicos de peso que así lo autoricen”, parafraseando al fallo “Oliva, Oscar Salvador c/ Disco SA y otro - Ordinario - Cumplimiento /Resolución de Contrato - Recurso de Apelación - Recurso de Casación”, dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

Costas

Sobre el agravio de la imposición de costas a la vencida en primera instancia, la cámara indicó que la decisión “se refleja como una mera disconformidad con la forma en que se han impuesto las costas, la apelante no ha dado razones que justifiquen el apartamiento del principio objetivo de la derrota, destacando que del estudio de la causa no surgen motivos capaces de lograr el alejamiento de los principios generales que rigen la materia”.

Además, los vocales señalaron que fue la propia entidad actora contratante la que convino el arbitraje y, a sabiendas de ello, optó por iniciar una acción judicial, por lo que en el fallo se resolvió que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmar la sentencia impugnada.