Confirman relación laboral de un pintor con una empresa de colectivos

Al confirmar la relación de dependencia de un pintor de colectivos con la demandada, empresa El Práctico SA, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba admitió el agravio en subsidio de la firma en cuanto a la fecha de ingreso del accionante y ordenó que los cálculos de los rubros procedentes se realicen teniendo en cuenta ese dato.

En la causa, la empresa recurrente cuestionó la conclusión del tribunal a quo, acerca de considerar que los trabajos ejecutados por el trabajador como pintor de colectivos fueran en relación de dependencia.

El Práctico consideró que el juzgador omitió prueba dirimente al respecto; a saber: las manifestaciones de los testigos acerca de la modalidad de la prestación del actor, las facturas confeccionadas por este en distintas fechas, diversos importes y a favor de varios clientes así como su inscripción en AFIP como monotributista.

En esa línea, la accionada manifestó que tales elementos reflejaron que el demandante concurría a realizar las tareas específicas para las que era convocado; no estaba integrado a la empresa; determinaba sus horarios; no estaba sujeto a directivas ni a un sistema sancionatorio y tampoco lo hacía a cambio de un salario, sino que su prestación estaba supeditada a la aprobación de un presupuesto previo y se le pagaba por cada trabajo, insistiendo en la inexistencia de subordinación jurídica, técnica, disciplinaria y económica.

Por otra parte -y en subsidio- la compañía se agravió por la fecha de ingreso establecida -año 1988-, sosteniendo que el tribunal soslayó el informe de la Inspección de Personas Jurídica (IPJ), que revela que El Práctico inició sus actividades en una fecha posterior -año 1990-, siendo que las facturaciones del actor comenzaron a expedirse en 2008 y la coincidente prueba oral, que también alude a una data ulterior a la fijada.

A su turno, el Alto Cuerpo -integrado por los vocales Luis Eugenio Angulo (autor del voto), Aída Lucía Teresa Tarditti y Domingo Juan Sesin- analizó el recurso planteado, indicando que “ el a quo adujo que reconocida por la accionada la prestación de servicios de G. en su beneficio, se tornaba aplicable la presunción del art. 23 LCT, la que no fue desvirtuada ”.

Testimonial

El fallo relató que, por el contrario, “ a juicio de la a quo, la testimonial demostró que el accionante se encontraba inserto en una organización empresarial ajena y cumplía trabajos que hacían a la actividad normal y específica de la empresa de transporte de pasajeros en el taller mecánico, ocupándose del mantenimiento y reparación de la pintura de los colectivos de larga distancia propiedad de El Práctico SA ”.

Así las cosas, el Alto Cuerpo interpretó que la reseña efectuada “ pone en evidencia que el cuestionamiento se reduce a una propuesta alternativa e interesada del impugnante en orden a la selección y valoración de los elementos de convicción incorporados -documental, testimonial, informativa, presuncional- ”.

Como consecuencia de lo anterior, el TSJ derivó que “ ello no resulta eficaz para patentizar los vicios lógicos y jurídicos denunciados respecto al análisis que de ese material probatorio efectuó el a quo ”.

Luego, la decisión valoró que la parte recurrente “ se inmiscuye en facultades que son de la exclusiva soberanía del Tribunal de Mérito y sin aportar una razón con entidad dirimente ni verificarse supuesto de arbitrariedad que justifique su control excepcional por esta Sala ”.

Ingreso

Seguidamente, en cuanto a la fecha de ingreso, el TSJ indicó que “ distinto ocurre con la denuncia acerca de la fecha de ingreso establecida en el decisorio -año 1988-, la que luce certera ”.

En esa dirección, el fallo apuntó que “ se verifica el vicio denunciado en orden a la omisión del Tribunal de ponderar el informe de la Inspección de Personas Jurídica (IPJ) ”, pues éste da cuenta que “ El Práctico SA obtuvo la personería, la inscripción pertinente y por ende inició sus actividades en una fecha posterior a la fijada -año 1990- ”.

De tal suerte, el Alto Cuerpo manifestó que “ la lógica derivación de ello es que los apercibimientos legales contenidos en los dispositivos que el Juzgador reputó aplicables para zanjar el extremo (arts. 55 LCT y 39 CPT) no podían extenderse más allá de la data mencionada ”.

Con base en las consideraciones mencionadas, en el fallo se resolvió que correspondía anular el pronunciamiento del a quo en el ítem señalado y, en su mérito, emplazar el inicio de la relación laboral el 1 de diciembre de 1990), debiendo tener en cuenta ese dato respecto de su repercusión en los rubros de condena.