Confirman que fue razonable la cesantía de una prosecretaria letrada

La ex funcionaria se desempeñaba en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Se probó que le impidió el acceso a la Justicia a un hombre. La falta se percibió a raíz de la difusión del documental Borrando a papá

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo Federal confirmó que la cesantía de una prosecretaria letrada de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por una falta grave no fue irrazonable ni desproporcionada, porque se probó que le impidió el acceso a la Justicia a un hombre que se presentó en la dependencia para formular una denuncia.

La falta de la ahora ex funcionaria se descubrió después de la difusión de la obra Borrando a papá, dirigida por la documentalista argentina Sandra Fernández Ferreira y la cineasta e historiadora estadounidense Ginger Gentile.

El documental, que generó polémica, relata historias de padres que, al momento de la filmación, no tenían contacto con sus hijos, y denuncia lo que plantea como un “negocio” detrás de algunas causas que se suscitan por la guarda de niños en el marco de separaciones conflictivas.

Borrando a papá -que demandó cuatro años de producción- fue subsidiado y declarado apto para todo público por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), que fijó el estreno para agosto de 2014.

Sin embargo, el acto se postergó varias veces y una presentación judicial formulada por la médica María Cristina Ravazzola, la abogada Hilda Radrizzani y la psicóloga Susana Tesone lo frustró, aunque quedó disponible en YouTube.

Las tres profesionales fueron entrevistadas y manifestaron su disconformidad por la forma como fueron reflejados sus testimonios y reclamaron que se suprimieran.

El productor de la película, Gabriel Balanvosky, consideró inadmisible que un juez convalidara la pretensión de las amparistas.

Según Balanvosky, luego de ver el documental y de que “quedara en evidencia la forma en que piensan y sus propios dichos defendiendo prácticas antijurídicas y antiéticas”, las tres se arrepintieron de haber participado.

Por su parte, Gentile precisó que las accionantes consintieron hablar en cámara y autorizaron el uso de sus imágenes y enfatizó que por primera vez en un registro audiovisual reconocieron que “cometen y promueven aberraciones jurídicas y morales como estrategias cotidianas y recurrentes en sus roles de asesores y patrocinantes de casos de violencia doméstica y conflictos de familias”.

Instituciones

En su decisorio, la alzada ratificó que con su accionar la demandante puso en peligro la confianza en las instituciones.

“Si bien la actora no registra sanciones disciplinarias anteriores, la de cesantía resulta justa y equitativa pues no puede permitirse que se provoquen situaciones que generen inquietudes públicas sobre irregularidades cometidas por empleados judiciales”, enfatizó.

A quo

En marzo del año pasado, el a quo rechazó la demanda interpuesta por Y.M. en contra el Estado nacional (Ministerio de Justicia y Corte Suprema) y confirmó la resolución que, en mayo de 2016, dispuso la cesantía de la actora.

El juzgador puso de resalto que el plazo de prescripción debía computarse desde que la autoridad tuvo conocimiento de los hechos imputados, lo que en el caso ocurrió una vez que se hicieron públicos.

Respecto del planteo de inconstitucionalidad del artículo 8 del Reglamento para la Justicia Nacional, que contiene el concepto de “conducta irreprochable”, entendió que “la genérica impugnación” de la disposición que prevé la obligación general de observar una conducta acorde con la jerarquía de los cargos judiciales bajo el argumento de la generalidad de sus términos no podía prosperar.

En ese sentido, indicó que previo a la declaración de inconstitucionalidad de una norma se requiere de un examen de su razonabilidad en el caso concreto, que no podía efectuarse por la falta de elementos aportados por la parte actora a tal fin.

Sobre los presuntos vicios del acto administrativo, señaló que si bien las constancias del expediente administrativo pueden ser contestadas, no bastan meras impugnaciones sino que se requiere prueba de la existencia de los errores o inexactitudes porque gozan de una especial eficacia probatoria, con base en la presunción de validez y regularidad que acompaña los actos de los funcionarios públicos.

En esta línea, consideró que no correspondía invalidar el informe suscripto por una funcionaria judicial que dejó constancia de la situación verificada en ocasión de solicitarle a la actora explicaciones sobre los hechos que reflejó el documental, en su carácter de superior jerárquico.

Concluyó que la ex prosecretaria letrada no había visto mermado su derecho material de defensa, en tanto pudo acceder a todas las actuaciones y proponer los medios de prueba que estimó pertinentes para ejercerlo cuando el avance del procedimiento administrativo determinó que se ordenara la instrucción de un sumario y, en consecuencia, se le corriera vista de los cargos para que pudiera presentar su descargo.

Finalmente, aclaró que aunque los peritos estimaron que los 30 segundos que dura el registro de la mujer con una cámara oculta no bastaban para determinar a quién corresponde la voz femenina del documento, no podía dejarse de lado que del informe realizado por la secretaria letrada de la Corte surge que la reclamante fue convocada personalmente para escuchar la grabación y se reconoció a sí misma.