Confirman admisión de acción por incapacidad laboral y rechazan litigación maliciosa

El tribunal consideró las quejas del demandado Estado provincial como de excesivo rigor formal, basándose en doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema

Al considerar que el demandado Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba en su recurso de apelación sólo argumentó aspectos formales en cuantos a los requisitos de admisibilidad de la demanda, que no hacen al espíritu de lo reglado por el artículo 46 de la Ley de Procedimiento del Trabajo (LPT), la Sala 11ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba confirmó la resolución del juez de conciliación que dio lugar al inicio de la acción por incapacidad laboral.

Asimismo, el fallo rechazó la aplicación de una sanción a la demandada al no darse los presupuestos de litigante malicioso.

El tribunal integrado por los vocales Eladia Garnero de Fazio, Patricia Ledesma de Fuster y Leonardo L’Argentiere al analizar si la actora no cumplió con la LPT al no haber agotado la vía administrativa previa ante la comisión médica correspondiente, al sostener que el certificado médico acompañado es de fecha 13/06/2022, antes de la disposición de alcance particular de fecha 24/06/2022, emitida por el Servicio de Homologación, transcribió el texto de la ley, el cual reza: “Sustitúyese el segundo párrafo del art. 46 de la ley 7987, por el siguiente: tratándose de acciones derivadas de la Ley de Riesgos, salvo en las excepciones contempladas en la Ley Nacional N° 27348, además de los requisitos señalados en el párrafo precedente, el trabajador debe acompañar, previo requerimiento del Juez bajo sanción de inadmisibilidad, los instrumentos que acrediten el agotamiento de la vía administrativa por ante la Comisión Médica correspondiente, una certificación médica que consigne diagnóstico, grado de incapacidad, calificación legal y que explicite los fundamentos que sustentan un criterio divergente al sostenido por la Comisión Médica jurisdiccional. Las cuestiones planteadas ante ésta constituirían el objeto del debate judicial de la acción prevista en esta norma".

Así las cosas, el fallo sostuvo que si bien el acta de homologación clausura el trámite ante la comisión médica correspondiente, no surge de la norma que dicha acta sea la finalización; de hecho, la actora acompañó el dictamen de la comisión médica de fecha 11/04/2022, de donde surge la dolencia que reclama en su demanda y el carácter de enfermedad inculpable de la misma, a lo que se le da valor de instrumento que acredita el agotamiento de dicha vía.

El tribunal valoró luego que el certificado médico acompañado por la actora, que se pretende impugnar, es del 13/06/2022, fecha anterior al acto de clausura, pero posterior al dictamen administrativo atacado, por lo que se consideró un exceso de rigorismo formal lo pretendido por el recurrente con relación a aquél.

En consonancia con ello, la Sala sostuvo que en el caso "Colalillo" la Corte Suprema declaró: "El proceso civil no puede conducirse en términos estrictamente formales; no se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva que es su norte".

De ello se infirió que la doctrina sentada por la Corte Suprema, conocida comúnmente como "sentencia arbitraria por la causal de excesivo rigor formal", procura desterrar las fórmulas o ritos caprichosos o burocráticos del procedimiento; de allí que el juez no deba rechazar una pretensión redactada en tinta de un color distinto al que establece la reglamentación vigente, o declarar inadmisible una prueba documental decisiva para el proceso por el mero hecho de haber sido acompañada fuera del plazo establecido por la ley.

Fundamentación

En cuanto a la fundamentación del certificado médico divergente acompañado por la actora como requisito de su demanda, el tribunal sostuvo que la incapacidad solicitada de 8,90% por la dolencia de espondiloartrosis lumbar, queda supeditado a la prueba a rendirse.

La decisión evaluó que el certificado en debate reúne los requisitos de admisión de la demanda; es decir, diagnóstico, grado de incapacidad, calificación médico legal y fundamentación con criterio divergente al sostenido por la comisión médica jurisdiccional en los términos del artículo 46 LPT.

En cuanto a lo solicitado por la actora sobre la imposición de costas al recurrente por litigante malicioso, se consideró que no se aprecian las circunstancias fácticas para su configuración.