Condenan a empresa en rebeldía a pagar lo adeudado a gremio de la limpieza

El pronunciamiento sostuvo que si el juzgador entró al fondo de la causa, debió valorar la acción como un reclamo ordinario y evaluar las constancias de la causa teniendo presente las presunciones legales a favor del actor, al no haber la demandada comparecido al pleito

Por entender que el juzgador le impuso a la parte actora exigencias para el reclamo de la deuda cuando la vía elegida no era la ejecutiva y sin tener en cuenta la total rebeldía de la demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba admitió la casación presentada por el Sindicato Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac) y condenó a la demandada J. y A. SRL al pago de los aportes y contribuciones gremiales reclamadas.

El gremio cuestionó la decisión del tribunal, que rechazó el reclamo de pago de aportes y contribuciones sindicales en contra de la empresa referida.

Al objetar esa decisión, dijo que la improcedencia de la vía ordinaria declarada por el a quo “se encuentra huérfana de respaldo legal, doctrinario y jurisprudencial”, pues el sentenciante dictó el pronunciamiento sin aplicar las reglas que rigen el proceso de que se trata, y exigió las previstas para la acción ejecutiva.

Desde otro costado, Soelsac afirmó que el tribunal impuso a su parte probanzas que, por imperativos legales, recaían sobre la demandada deudora. Además, denunció que se contradijo el a quo al convalidar el trámite ordinario y simultáneamente una instancia administrativa, que se sabe instaurada para el proceso de ejecución.

Finalmente, la entidad accionante denunció que, pese a no desvirtuarse las presunciones de los artículos 39 y 49 Código Procesal del Trabajo, se terminó cargando sobre el accionante la prueba de lo pedido.

A su turno, el Alto Cuerpo integrado por los vocales Mercedes Blanca de Arabel, Luis Enrique Rubio y Luis Eugenio Angulo, indicó que el tribunal a quo entendió que la vía ejecutiva era la que tuvo que utilizar el recurrente porque su pretensión era ajena a la competencia asignada a las cámaras de Trabajo.

Estado

El fallo relató que, no obstante, atento al estado procesal de la causa, el juzgador se pronunció sobre el fondo del asunto, reprochándole a la accionante no recurrir al trámite administrativo para la determinación de sus créditos y -agregó- que el libelo introductivo carecía de precisión sobre la cantidad de empleados, su identificación, la masa salarial involucrada, discriminación entre sumas remunerativas y no remunerativas y su respectiva incidencia como base de cálculo.

El TSJ valoró que el a quo le restó entidad al certificado de deuda porque éste sólo habilita la vía ejecutiva y desecha el peritaje contable porque se funda en la documentación aportada por el sindicato, y concluyó por rechazar la demanda.

Bajo esas premisas, el Alto Cuerpo sostuvo que el a quo, primero se declaró incompetente para tratar la causa, sin embargo, resolvió atento el avanzado estado procesal. No obstante observó que, a esos fines, le impuso a la parte actora exigencias que entiende dirimentes, aunque no se trate de una acción ejecutiva.

Así, en el decisorio se advirtió de que aparece contradictorio el razonamiento, más aún cuando deja de lado la total rebeldía del accionado, por lo cual en el fallo se resolvió que correspondía anular el pronunciamiento y resolver el fondo del asunto.

Valoración

A partir de ello, el TSJ valoró que el juzgado expresamente señaló que la demandada no concurrió a la audiencia de conciliación, quedando procesalmente en los términos del artículo 49 de la ley del rito N° 7987, que no ofreció la documentación requerida ni exhibió el libro especial del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo -LCT- y tampoco asistió a la audiencia de vista de la causa, por lo que resultó confesa con relación a las posiciones formuladas por la contraria.

De tal modo, en la resolución se derivó que resultan ciertas las afirmaciones del libelo inicial que debían constar en la documentación no exhibida -artículo 55, LCT- y que no fueron desvirtuadas por prueba en contrario -artículo 39, inciso 2, CPT-, y destacó que “la actitud contumaz de la demandada vuelve operativas las presunciones legales, las que, a su vez, se encuentran respaldadas por la pericia contable”.

En conclusión, por las razones dadas en el fallo se resolvió hacer lugar a la demanda por los artículos 50 y 51 del Convenio Colectivo de Trabajo N° 392/04 (cuota sindical y fondo especial), por el período mayo de 2013 a febrero de 2016.

Autos: "S.O.E.L.S.A.C. (Sindicato Obrero y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba) c/ J. y A. SRL - Ordinario - Otros (Laboral) - Recurso de casación - 2709655"