Si el reclamo a la ART no prosperó, abogados no pueden reclamar honorarios

Si el trabajador puede acceder a una asesoría gratuita brindada por el Estado y luego, al rechazársele su reclamo en comisión médica, se hace representar por otros profesionales, debe ser él y no la aseguradora la que debe abonar los estipendios, estableció el tribunal

La Cámara 8ª Civil y Comercial de Córdoba confirmó una sentencia apelada por los letrados de un trabajador, a quien en la comisión médica le fue rechazado su reclamo en contra de Provincia ART SA, y validó que los abogados no tienen facultad de pretender el cobro de honorarios en contra de la aseguradora si lo reclamado en sede administrativa resultó inoficioso.

En contra de la sentencia que rechazó la demanda de regulación de honorarios iniciada por Mayra Janet Zurko y Pablo Nicolás Sánchez Wingord en contra de Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA, los actores presentaron apelación.

La cámara integrada por los vocales Gabriela Lorena Eslava y Héctor Hugo Liendo analizó que el primer agravio, técnicamente no es tal sino que importa un planteo tardío de inconstitucionalidad.

Al respecto, la alzada sostuvo que la norma cuestionada (resolución 298/17) dispone que la actividad profesional desarrollada por los abogados que patrocinen al trabajador o sus derechohabientes en los procedimientos establecidos en la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, que tramiten ante las comisiones médicas o el servicio de homologación creado en el ámbito de éstas, conforme lo reglado en la presente resolución, “devengará honorarios a cargo de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo o Empleadores Autoasegurados sólo en el caso de que el damnificado concurra al proceso con su letrado patrocinante particular (…) y únicamente en el caso de que su actuación profesional resultare oficiosa y se hubiera reconocido total o parcialmente la pretensión reclamada por el damnificado en el procedimiento ante las Comisiones Médicas”.

Luego, el fallo indicó que el recurrente afirmó que es inconstitucional por contradecirse expresamente con la norma del artículo 1 de la ley 27348 en cuanto dispone que “los honorarios profesionales que correspondan por patrocinio letrado y demás gastos en que incurra el trabajador a consecuencia de su participación ante las comisiones médicas estarán a cargo de la respectiva aseguradora de riesgos del trabajo”.

Sin embargo, el tribunal observó que, de la lectura de ambas normativas cuestionadas (la resolución y la ley), “no se advierte la contradicción sino que se determina razonablemente que no cualquier reclamo que se presente importará honorarios a cargo de las ART, sino únicamente los que tengan un reconocimiento aunque sea parcial de la pretensión reclamada”.

Retribución

Por ello, la decisión compartió lo expuesto por la fiscal de Cámaras al señalar que “fue la propia trabajadora quien optó por contratar a profesionales bajo riesgo de tener que abonar la retribución correspondiente en el caso de no existir la incapacidad reclamada”, y reiteró que “tal circunstancia es independiente y no afecta el principio de gratuidad alegado por los actores, en cuanto Luján contó con la posibilidad de hacer valer su reclamo sin onerosidad alguna, y contaba también con la opción de acceder al patrocinio letrado gratuito, habiendo decidido no hacer uso de tal beneficio”.

La cámara continuó exponiendo de lo citado por la fiscalía, en cuanto a que “resulta lógico que -al tomar la decisión de iniciar un reclamo sin que exista vulneración a sus derechos- deba solventar la remuneración de los profesionales que contrató para llevar adelante una defensa infundada, ante la existencia de una resolución que plasme la inexistencia de incapacidad”, por lo que el primer agravio fue rechazado.

Respecto del segundo reproche expuesto por el recurrente, con relación a la calificación de inoficiosa de su actividad en sede administrativa, los vocales indicaron que la calificación de oficioso o inoficioso del trabajo realizado por los ahora recurrentes se encuentra especialmente contemplado en la norma impugnada, por cuanto sujeta tal cuestión a la existencia de acogimiento de la incapacidad alegada, lo cual ha quedado demostrado en autos que no ha sido recibido.

Conclusión

De lo expuesto, la alzada derivó que no existió recepción del reclamo y, por lo tanto, no puede cobrársele a la ART los honorarios por las tareas administrativas realizadas ante las comisiones médicas.

Asimismo, el decisorio destacó que la normativa es razonable en tanto establece la posibilidad de un patrocinio letrado gratuito y, en caso de que se escoja un letrado particular, los honorarios serán pagados por las ART pero dicha carga se circunscribe (normativamente) únicamente a los reclamos recibidos ya sea total o parcialmente.

En definitiva, en el fallo se resolvió que, en el caso de autos, en el que no se determinó incapacidad alguna, lo resuelto en primera instancia en cuanto se rechaza la demanda debe ser mantenido.