Condenan a Argentina por no indemnizar plenamente a una víctima de la dictadura

El país sólo le había reconocido al hombre los días en que estuvo privado de su libertad en un centro clandestino pero no aquellos en los que estuvo bajo libertad vigilada

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró la responsabilidad internacional de la República Argentina por las violaciones de diversos derechos en perjuicio de Rufino Jorge Almeida. [privado]

En concreto, la Corte consideró que la falta de indemnización en aplicación de la ley 24043 por el tiempo que el actor permaneció bajo un régimen similar al de la libertad vigilada durante la dictadura, fue contraria a los "derechos a contar con una motivación adecuada, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial".

En consecuencia, la CorteIDH concluyó que el Estado era responsable por la violación de los artículos 8.1, 24 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del dicho instrumento.

En 1978, durante la dictadura militar, Almeida, junto con su esposa Claudia Graciela Esteves, fue secuestrado por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad argentinas. Permanecieron 54 días en calidad de detenidos-desaparecidos en el campo clandestino de detención (CCD) conocido como “El Banco”, en donde fueron torturados. Posteriormente fueron liberados, sin embargo, él fue puesto bajo el régimen de libertad vigilada de facto, por la cual era sometido a visitas de guardias del CCD y llamadas de control. Este régimen cesó en 1983.

Con el advenimiento de la democracia, el Estado argentino estableció una serie de medidas de reparación para las víctimas de la dictadura. De esta forma, el 27 de noviembre de 1991 se aprobó la ley 24043, por la que se otorgaron beneficios a las personas que habían sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) durante la vigencia del Estado de sitio o que, siendo civiles, sufrieron detención en virtud de actos emanados de tribunales militares.

Almeida presentó una solicitud de los beneficios previstos por dicha ley y, en consecuencia, el Ministerio del Interior reconoció el derecho a la indemnización por 54 días de detención ilegal, pero no consideró los días en que estuvo bajo el régimen de libertad vigilada de facto. Esta situación derivó en un derrotero judicial que terminó en la CorteIDH.

En su escrito de contestación, el país aceptó las conclusiones contenidas en el Informe de Fondo de la Comisión. En este escenario, la Corte estimó que el reconocimiento total de responsabilidad internacional constituye una contribución positiva al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención, así como a las necesidades de reparación de las víctimas.

El reconocimiento efectuado por el Estado produce plenos efectos jurídicos de acuerdo con los artículos 62 y 64 del Reglamento de la Corte y tiene un alto valor simbólico, en aras de que no se repitan hechos similares, según la sentencia. De este modo, el tribunal consideró que cesó la controversia jurídica del caso respecto a los hechos y al fondo, y sólo subsiste la controversia jurídica con respecto a las medidas de reparación no pecuniarias.

La Corte no consideró necesario, en esta oportunidad, abrir la discusión de forma detallada sobre los puntos que fueron objeto del litigio, debido al amplio reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado y porque las pretensiones de derechos alegadas y reconocidas en el caso ya han sido objeto de desarrollo jurisprudencial por parte de este tribunal.

Los jueces concluyeron que el reconocimiento del Estado implicó considerar que Almeida no tuvo acceso a un recurso o proceso efectivo que le permitiera aplicar los nuevos criterios interpretativos de la ley 24043 a su caso y, en definitiva, poner fin a la desigualdad a la que se le había sometido al no tomar en cuenta los días en que estuvo bajo libertad vigilada de facto. [/privado]