Cámara Nacional confirmó fallo contra demoras aplicadas a los importadores

Golpe a la política de demoras “injustificadas” en el otorgamiento de permisos de importación por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo Federal. Otra sala del mismo tribunal había fallado diferente. Destacan importancia

En lo que constituye el primer fallo del año sobre la cuestión y un precedente de importancia por el tribunal que lo dictó, la Justicia nacional confirmó una medida cautelar presentada por un importador ante los problemas para obtener las licencias para importar y tras las denegatorias imprecisas dadas por la Secretaría de Comercio. [privado]

Se trata de una sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo Federal –la primera de esta sala en la temática y la segunda de la cámara al respecto– que confirmó la medida otorgada por el Juzgado de Primera Instancia, en la causa "Nexina S.A. c/ Estado Nacional – Ministerio de Desarrollo y Producción, Secretaría de Industria, de Economía del Conocimiento y Gestión Comercial y otro s/ Medida Cautelar".

Se trata efectivamente de "un precedente de suma importancia, sobre todo porque la Sala III había revocado en agosto una medida cautelar muy similar respecto de otro importador”, destacó a la prensa especializada el abogado Federico Mencarini, promotor de la demanda.

“Lo trascendental del fallo –explicó el especialista, del Estudio Mencarini– radica no sólo en ser el primer fallo de la Sala II en 2020 sino que –a diferencia de lo que resolvió la Sala III en el fallo “Berserker Shipping” el 23 de septiembre pasado– este Tribunal se encargó de analizar las genéricas manifestaciones que suele realizar el Ministerio de Desarrollo Productivo para justificar las observaciones a las SIMI y a las Licencias No Automáticas (LNA) que solicitan los importadores”.

En su participación en la causa, el Ejecutivo nacional señaló “incumplimientos genéricos” tanto de los requisitos de la norma como de los requerimientos de información y documentación “absolutamente nulos, sin profundizar en el asunto, lo que impide que el importador pueda subsanar aquello que 'supuestamente' amerita la observación”.

El estudio promotore advirtió de que esta cuestión fue justamente la que observó la Sala II, al subrayar: “Se advierte así que la autoridad pública se refiere en forma genérica a la norma que invoca, sin precisar cuál sería la información omitida que se indica en cada uno de los Anexos II a XIV de la resolución ex SC 523-E/17 (a los que remite el inciso 3 del artículo 3)”.

La sentencia reitera luego que “la mera alegación genérica de la falta de cumplimiento acabado de los requisitos previstos, sin indicar en forma específica, puntual y concreta las inobservancias a la normativa aplicable que en torno de las operaciones aquí involucradas justificasen la permanencia de su actual estado, resulta claramente insuficiente, y la torna en principio arbitraria por carente de fundamentación mínima, que permita inteligir precisamente la irregularidad o deficiencia que se atribuye al importador”.

A su vez, la Sala analizó también los plazos involucrados en el caso en concreto y sostuvo que la Administración no cumple con los propios plazos que dispuso en la normativa aplicable. “Debe considerarse que el tiempo transcurrido desde la solicitud de otorgamiento, sin mediar una observación concreta y específica por parte de la Administración respecto de los recaudos puntualmente incumplidos, no sólo excede en forma irrazonable los plazos fijados por las propias resoluciones cuestionadas para que la autoridad de aplicación se expida al respecto (vid. resol. conjunta 4185-E de la AFIP y de la Secretaría de Comercio -art. 4- y la Resol 523 E/17 – arts. 4 y 6-), sino que implica la falta de observancia de deberes a cargo del ente fiscalizador, dado que tampoco la AFIP habría comunicado (…) a los importadores las novedades producidas por esos entes y, en su caso, las circunstancias que motivan las observaciones formuladas, así como el Organismo ante el cual deberán comparecer a los fines de su regularización, de corresponder” (art. 4º in fine de la resol. 4185-E-)”, subrayaron los jueces de la Cámara Nacional.

Ésta le recordó además a la Administración que los fines perseguidos con el régimen de LNA “responden a la obtención de datos a mero título informativo, con el fin de evaluar el flujo comercial de los productos comprendidos”, razón por la que no se encuentran involucrados dispositivos de carácter tributario “sino preceptos no arancelarios que imponen recaudos de información a fin de establecer un control y seguimiento de las importaciones de determinados productos”.

Mencarini señaló a la prensa especializada que “se esperaba un pronunciamiento por parte de la Cámara que tratara y analizara esta cuestión con mayor profundidad -a diferencia de lo que pasó con el fallo “Berserker Shipping SA”-, puesto que si bien esto ya había sido tratado y resuelto por numerosos juzgados de primera instancia (los Nos. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11 y 12 lo han analizado con claridad meridiana, resolviendo favorablemente y protegiendo los derechos de los importadores), el criterio de la Cámara de Apelaciones indudablemente reviste suma importancia. Más cuando es analizado en detalle y fundadamente como lo hizo la Sala II”, afirmó.[/privado]