Residuos peligrosos: validaron procesamiento de representantes legales de firma

La ley 24051 prioriza su producción, tratamiento, transporte y eliminación, actividades que sólo pueden ser llevadas a cabo por empresas. La Cámara indicó que, por ello, dispone una responsabilidad accesoria de directivos

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín (Buenos Aires) confirmó el procesamiento de los representantes legales de una empresa como coautores del delito de contaminación culposa, en los términos de los artículos 45 del Código Penal y 56 de la ley 24051. [privado]

En la pesquisa se estableció que desde fecha indeterminada y hasta, al menos, marzo de 2017, se contaminó de un modo peligroso para la salud el suelo y el agua del Río Paraná de las Palmas, a la altura del kilómetro 95,5 de Campana, provincia de Buenos Aires, en ocasión del derrame de hidrocarburos producido por C.SA; ello, al comprobarse la existencia de niveles superiores a los permitidos de dicha sustancia, que es considerada como residuo peligroso.

En su decisorio, el tribunal indicó que se probó que se contaminó de un modo peligroso para la salud el suelo y el agua del río Paraná de las Palmas, en ocasión del derrame de hidrocarburos producido por la empresa que representan.

“Corresponde dirigir el reproche de responsabilidad penal a quienes representaban a la firma, en la medida en que se trata, en los hechos, de quienes tenían en sus manos el destino y el giro comercial de la sociedad que generó la actividad contaminante”, destacó.

“La ley 24051 prioriza la producción, el tratamiento, el transporte y la eliminación de residuos peligrosos, y este tipo de actividades, por su naturaleza y envergadura, sólo pueden ser llevadas a cabo por las empresas; por ello, el artículo 57 dispone una responsabilidad accesoria de los directivos por los ilícitos ambientales”, explicó.

“La ley 24051 prioriza la producción, el tratamiento, el transporte y la eliminación de residuos peligrosos, y este tipo de actividades, por su naturaleza y envergadura, sólo puede ser llevadO a cabo por las empresas; por ello, el artículo 57 dispone una responsabilidad accesoria de los directivos por los ilícitos ambientales”.

(Del fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, Buenos Aires).

En su apelación, sin éxito, la defensa particular de M.O. y de S. W. consideró que el fallo del a quo violó el principio de culpabilidad, puesto que se fundaría en la mera responsabilidad objetiva, inexistente en el derecho Penal.

Respecto de M.O., sostuvo que de acuerdo al modo en que sucedieron los acontecimientos, no hubiera podido evitarlos, en la medida en que se trató de una inobservancia o negligencia de las personas encargadas de los sectores donde el líquido debía ser contenido.

También adujo que no había pruebas que indicaran que, en su calidad de presidente de la firma C. SA, hubiera intervenido en el hecho punible en los términos del artículo 57 de la ley 24.051.

Con relación a S.W., el letrado alegó que los hechos no se produjeron como consecuencia del estado de mantenimiento de las estructuras, sino por la imprudencia de quienes tenían la función de controlar, operar o supervisar la playa y que esa tarea correspondía al departamento de logística.

Finalmente, estimó que el escenario probatorio descartaba una conducta culposa del imputado y que no se advierte en el caso el modo en que habría contribuido con el derrame de hidrocarburos.

En primer lugar, la sentenciante aclaró que la distinta evaluación a que la parte pueda arribar sobre la prueba obtenida o de la que reste adquirir de acuerdo a lo pretendido no convierte a la decisión en ofensiva de garantías constitucionales y que la mención de haberse afectado alguna de ellas requiere de modo ineludible, el correcto señalamiento, conforme a lo actuado en el expediente, de la incidencia que tuvo en la decisión.

Tras reseñar las constancias probatorias del expediente, la alzada concluyó que correspondía dirigir el reproche de responsabilidad penal a los apelantes. “Dentro de una empresa, los centros de decisión son más importantes que los de ejecución, pues usualmente los directores establecen los fines sociales y determinan el mayor o menor grado de actividad empresarial”, acotó.

“Se ha señalado que el artículo 57 de la ley 24051 vino a llenar el vacío legal que se podría generar al momento de atribuir responsabilidad bajo la figura del ‘actuar por otro’ y, en ese sentido, se ha dicho que si bien los tipos penales que regula no son delitos especiales, ya que el sujeto activo no requiere calidad, condición o relación especial alguna, la figura del actuar por otro permite atribuirles responsabilidad penal a las empresas contaminantes sobre la base de la teoría civilista de la representación”, subrayó.