ESCUCHARUna oscura historia de sucesivos fraudes a la Nación, al Fisco y a los trabajadores parece haber encontrado cobijo en los pasillos de tribunales. La solución apunta a la política y a la sociedad.
Por Javier De Pascuale – @javidepas
El caso del Hotel Bauen, de Buenos Aires, que es la historia de la recuperación del trabajo en un espacio abandonado por turbios negociados empresariales tras una escandalosa quiebra, revela hasta qué punto la estructura judicial argentina está alejada de las exigencias de un sistema democrático que después de más de 30 años renovó gran parte de su dirigencia, modificó totalmente su normativa de funcionamiento y adaptó parte de su dinámica en los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero que aún lleva en la columna del debe la necesaria democratización del Poder Judicial.
El lujoso hotel que se encuentra en pleno centro porteño, valuado en casi 20 millones de dólares, viene siendo administrado desde hace más de 10 años por los ex empleados defraudados por sus patrones, organizados en cooperativa de trabajo. «Desde la crisis de 2001 el hotel se convirtió en un ejemplo mundial de autogestión y recibió el apoyo de figuras internacionales, como la fallecida ex primera dama francesa y activista, Danielle Mitterand, el actual presidente boliviano Evo Morales y el semiólogo estadounidense Noam Chomsky», recuerda el periodista Santiago O’Donnell, quien más ha investigado la oscura trama delictiva que esconde la quiebra fraudulenta del hotel y los intentos del mismo grupo de personas por reapropiarse de lo que hoy fue recuperado exclusivamente por el esfuerzo de los trabajadores.
Lo increíble de esta historia es que el mismo grupo de personas que defraudó a empleados, proveedores y Estado nacional, usando los subterfugios de la vieja Ley de Quiebras que protegía a los empresarios pero no a las unidades de producción -al tiempo que violaba muchas otras leyes-, ya tiene el aval judicial para retomar el control de las instalaciones del hotel, echando a la calle a sus actuales ocupantes. Los mismos que han invertido dinero y trabajo durante más de una década para mantenerlo en pie, modernizarlo y resolver problemas estructurales de una construcción que data de fines de los años 70 del siglo pasado.
«El grupo encabezado por el empresario Marcelo Iurcovich tiene un fallo judicial que le reconoce como dueño del hotel y la policía está habilitada para avanzar con el desalojo. La jueza a cargo del caso, Paula Ualde, puede dar esa orden en cualquier momento», advierte O’Donnell, quien denunció hace siete años que ese grupo era parte de un complejo entramado de empresas, algunas “truchas”, fantasma o con directorios compuestos por prestanombres, vinculadas a su vez con empresas off shore inscriptas en Uruguay por estudios de abogacía y escribanías mencionadas en el informe de la Comisión Antimafia del Congreso argentino de 2002, en su capítulo sobre lavado de dinero.
La compleja telaraña empresarial llegó a incluir una compañía financiera hoy desaparecida, Finvercon, que fue cerrada por el banco Wells Fargo (que la compró de buena fe) tras una investigación por sospechas de lavado de dinero del narcotráfico que llegó a mostrar ramificaciones en Brasil.
El mismo grupo que construyó el hotel gracias a un crédito otorgado en tiempos de la dictadura por el ex Banco Nacional de Desarrollo (Banade, aún impago), que luego cerró misteriosamente el establecimiento para transferirlo a un indigente prestanombre (fraude a la AFIP mediante) para luego venderlo nuevamente a «lavadores de dinero uruguayos» -según lo tituló la revista uruguaya Brecha-, es el que hoy tiene el reconocimiento judicial que lo acredita como titular del millonario inmueble.
Trabajo y esperanzas
La «justicia» parece ignorar que los 80 trabajadores que sufrieron el largo proceso de vaciamiento y cierre del hotel son quienes hoy trabajan en tres turnos diarios para sostener un establecimiento de 220 habitaciones, seis salones de conferencias y actividades varias, auditorio, bar, pileta y solárium (algunos de estos servicios en recuperación), que no cierra nunca y que «es la única garantía de cobro de deudas por parte del Estado», según la advertencia de Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa del Bauen.
Una sentencia de desalojo pesa sobre sus cabezas. Los plazos se vencieron hace más de 10 días. Los trabajadores ya no saben qué hacer. «Nosotros presentamos proyectos de expropiación que fueron tratados sin éxito en el Congreso Nacional. Somos optimistas en que se resuelva favorablemente. Tal vez aparezca una figura que le permita al Estado hacerse del inmueble. Nosotros pensamos en una ley pero tal vez no sea necesario, tal vez haya otro camino», arriesga Tonarelli. Pero no piensa en la Justicia.
Los trabajadores están pensando en la política. No ven aún justicia en la Justicia. Para eso falta. Quizás otros 30 años de democracia.
