Avión venezolano-iraní: prosperó el pedido de incautación de un juez de EEUU

La fiscal Cecilia Incardona dictaminó que la solicitud era formalmente procedente y que era competente para resolver el magistrado Federico Villena, quien se expidió en horas. El requerimiento de su colega estadounidense se tramita en los términos de la ley 24034, que en 1991 aprobó el tratado de asistencia jurídica mutua en asuntos penales

A principios de mes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos le informó al Gobierno nacional que la Corte del Distrito de Columbia pidió incautar el avión venezolano-iraní que está retenido en Ezeiza desde el 8 de junio.

El 19 de julio pasado, el tribunal, a cargo del magistrado Michael Harvey, emitió la orden alegando que puede ser confiscada por haber violado las leyes de control de exportaciones locales, por la transferencia no autorizada de la aeronave de Mahan Air, una aerolínea vinculada con el grupo terrorista Cuerpo de la Guardia Revolucionaria y con las Fuerzas Quds, a Emtrasur, la firma de carga subsidiaria de Conviasa, la empresa estatal venezolana.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, desde 2008 el Departamento de Comercio renueva todos los años un veto sobre Mahan Air para involucrarse en cualquier tipo de transacción relacionada con commodities exportados desde EEUU.

Precisó que en octubre de 2021 la firma iraní violó la prohibición cuando pasó al control de Emtrasur sin la autorización del gobierno de Joe Biden y que las transgresiones se profundizaron cuando entre febrero y mayo pasados permitió que la nave volara desde Caracas a Teherán y Moscú.

Otro de los argumentos del reclamo es lo ocurrido en Argentina.

Cabe destacar que la investigación sobre la tripulación -cinco iraníes y 14 venezolanos- determinó que el piloto es un ex comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán y miembro del directorio de la aerolínea iraní Fars Air Qeshm.

En 2011, EEUU sancionó a Mahan Air por brindar apoyo material a las Fuerzas Quds e hizo lo mismo en 2019 con Fars Air Qeshm.

En el celular secuestrado en la habitación 304 del hotel donde se alojaba el piloto Gholamreza Ghasemi se hallaron capturas de pantallas, videos e imágenes de armas y dirigentes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní y de las Fuerzas Quds, entre otros elementos.

El informe sobre el dispositivo figura en el decisorio del juez Federico Villena que mantuvo vigente la prohibición de salida del país para siete de los 19 tripulantes del avión.

El requerimiento de Harvey se tramita en los términos de la ley 24034, que aprobó en 1991 el Tratado de asistencia jurídica mutua en asuntos penales con el Gobierno de Estados Unidos.

Tratado

La fiscal del caso avaló el pedido.

Al dictaminar, Cecilia Incardona opinó que es “formalmente procedente” y que Villena era competente para resolver.

Horas después, el sentenciante hizo lugar al planteo.

Autorizó “una evaluación inicial”, la cual incluirá una inspección mecánica y del lugar de depósito.

Villena también ordenó el registro del avión para secuestrar una serie de pruebas que ya fueron agregadas al expediente que tramita en su juzgado.

Para ello, autorizó al director Ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control (CEAC) de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Maximiliano Lencina, “con expresa colaboración y participación del agregado legal del FBI en la Argentina”.

Chavista

lncardona fue atacada por el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, por haber apelado el fallo que permitía la salida del país de 12 de los 19 tripulantes. El funcionario venezolano trató a la mujer de “ladrona” y habló de visitas a las embajadas de Estados Unidos e Israel que nunca ocurrieron.

“Cecilia Incardona recibe instrucciones directas de Estados Unidos. Eso es una podredumbre, es un sistema judicial arrodillado”, lanzó Rodríguez.

La Asociación de Fiscales, encabezada por Carlos Rívolo, manifestó su inquietud por lo sucedido ante el procurador General interino Eduardo Casal.

Luego, el funcionario de la Procuración Juan Manuel Olima Espel le envió una carta a la Cancillería argentina para trasmitirle “la profunda preocupación institucional” por las declaraciones de Rodríguez.

La agente recurrió argumentando que todavía hay medidas de prueba pendientes que podrían cambiar la situación de los tripulantes.

La situación de éstos está en manos de la Cámara Federal de La Plata, que debe evaluar las presentaciones de Incardona y del abogado defensor Hernán Carluccio.

Paraguay

Ayer, Paraguay reveló un posible nexo entre los tripulantes y el autor intelectual del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, perpetrado en mayo pasado, en Colombia, mientras estaba de luna de miel.

Durante una comparecencia ante la Comisión de Investigación del Senado, el ministro Anticorrupción, René Fernández, manifestó:“Podemos decir objetivamente que tuvieron contacto, que esta tripulación iraní-venezolana estuvo contactada con esta persona que tiene antecedentes por trata internacional de personas y por narcotráfico”.

Las autoridades paraguayas investigan el caso porque el avión estuvo en Ciudad del Este entre el 13 y el 16 de mayo, para el supuesto traslado de un cargamento de cigarrillos. En ese lapso, los tripulantes del avión de Emtrasur se habrían reunido con miembros de organizaciones criminales que estarían vinculados con el asesinato de Pecci.

Uno de ellos es el uruguayo Federico Santoro Vasallo , quien se habría encargado del traslado y hospedaje de los extranjeros.

Santoro Vasallo es señalado como operador de la organización criminal dedicada al narcotráfico y el lavado de activos encabezada por Sebastián Marset , uruguayo con antecedentes criminales en Paraguay y señalado como el autor intelectual del crimen de Pecci.

Marset forma parte del Primer Cartel Uruguayo (PCU) . Está prófugo de la justicia uruguaya y figura en la lista roja de Interpol.

Según declaraciones de uno de los ideólogos del asesinato de Pecci, la banda que comanda fue la responsable del crimen.

Pecci

El martes, el hombre de 31 años con antecedentes criminales en Paraguay fue acusado de ordenar la muerte de Pecci.

El grupo que lidera junto al paraguayo Miguel Ángel Insfrán fue desbaratado -donde operaba desde 2017- en la Operación “A Ultranza”, realizada en febrero de 2022.

Implicó 107 allanamientos y la incautación de más de 100 millones de dólares, 98 inmuebles, 28 vehículos, 10 avionetas, un helicóptero, 12 carretas, 41 tractores, 48 motos y siete embarcaciones, por parte de la policía paraguaya.

La organización tenía un mecanismo de lavado mediante clubes de fútbol e iglesias.

Según la línea actual de la investigación, la banda de Marset entregó el dinero, la logística y la información para matar a Pecci, quien el 22 de abril de 2022 había pedido una orden de captura para cinco de los siete hermanos Insfrán.

En noviembre de 2021, la Cancillería de Uruguay le otorgó a Marset un pasaporte que le permitió obtener la libertad en Dubái, donde permanecía detenido desde desde septiembre por portar un pasaporte paraguayo falso.

En marzo de 2022, el subsecretario Guillermo Maciel explicó que cuando se concretó la entrega, no estaba vigente el requerimiento de revisar los antecedentes penales internacionales del solicitante.

Además de la pesquisa en curso en Colombia y Paraguay, Marset es investigado por varias causas en Uruguay. Una de ellas es por las amenazas a una fiscal.

IAP

A raíz del asesinato de Pecci, la Asociación Internacional de Fiscales (IAP, por sus siglas en inglés) les exigió a las autoridades gubernamentales una mayor protección para los agentes que trabajan en pesquisas que involucran el accionar del crimen organizado.

Lo hizo por medio de un comunicado, en el que lamentó lo sucedido.

Pecci era estimado en Paraguay y en el extranjero. Se especializó en casos relacionados con crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y financiación del terrorismo.

La IAP es la única organización mundial de fiscales, autoridades y asociaciones. Abarca seis continentes y más de 175 jurisdicciones y representa a más de 200 mil agentes.

Apolítica y no gubernamental, goza de carácter consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

Defiende los derechos de los fiscales, lo que incluye su seguridad personal y la de sus familias.

En ese sentido, las normas para la protección y la seguridad de los procuradores de la IAP establecen que “los Estados adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que los fiscales y sus familias reciban por parte de las autoridades la protección de su integridad física cuando su seguridad personal se vea amenazada como resultado del correcto desempeño de sus funciones”.