Aumentan honorarios a letradas por tareas en asamblea de una gran empresa

La Cámara 9ª Civil y Comercial de Córdoba hizo lugar a un pedido de incremento regulatorio de honorarios y elevó a 60 jus los estipendios de las abogadas actuantes, al advertir que -pese a que la demanda de nulidad de una asamblea societaria no tenía un contenido económico- sí resultaba inequitativo la regulación de 15 jus, dada la envergadura de la empresa y los conflictos intrafamiliares que atravesaba.

El tribunal integrado por los vocales Jorge Eduardo Arrambide y Verónica Francisca Martínez indicó que existía en el recurso “ un verdadero cuestionamiento a la cuantía de la regulación efectuada, y a estos fines las quejas introducidas resultan suficientes para cuestionar la justicia de la decisión y habilitar el tratamiento del agravio ”.

Sin embargo, la alzada observó que “ es correcta la línea expuesta por la juzgadora en cuanto a considerar que los ocho inmuebles de la sociedad codemandada no tienen relación alguna con la materia debatida en este proceso ”.

Límite

El fallo indicó que el acotado límite del objeto de la litis a partir de la demanda -impugnación de reunión de socios que designa gerente y prorroga el plazo de duración de la sociedad- “ lleva a desechar la base propuesta por la apelante, que en todo caso, puede resultar de la solución de un conflicto familiar o sucesorio que excede con creces lo debatido en el juicio que motiva el pedido de regulación ”.

De ello se derivó que era importante establecer lo que fue motivo del juicio, “ porque ése es el interés económico desplegado por la parte comitente y a la vez, determina la actuación profesional por cuanto es también el límite de la responsabilidad de los profesionales ”.

En ese sentido, se destacó que la demanda de nulidad de la asamblea “ apunta únicamente a la declaración de nulidad e ineficacia de las decisiones tomadas en esa ocasión, que se reducen de acuerdo al orden del día, a la prórroga del plazo de duración de la sociedad y la designación de una nueva administración, frente al fallecimiento de los socios gerentes ”.

Los jueces aclararon no ignorar que “ existían otras cuestiones discutidas entre las partes, en otros ámbitos y a la vez, otros pleitos que vinculaban a las partes, relacionadas con la sucesión de los referidos socios, y el acuerdo transaccional aludido es como se dijo, una cesión de derechos y acciones hereditarios instrumentada mediante que incluye además, el desistimiento de este y los demás pleitos entre los intervinientes ”, pero que no fueron tratados en este pleito, por lo que “ no puede pretenderse que se tome como base el conflicto integral y el activo social en el caso de la impugnación a la decisión de socios de que se trata, que no estuvo vinculado a ello ”.

Necesarias

La cámara entendió que las tareas desarrolladas por las letradas “ se ciñen a las estrictamente necesarias en este marco y las nombradas no han indicado parámetros de referencia ni han producido prueba como podría haber sido, por ejemplo, la presentación de los recibos de sueldo de las gerentes de la sociedad, única cuestión tal vez, de percibir esos emolumentos las designadas, de contenido económico que pudiera servir de valor de referencia, siendo que el objeto del juicio fue una impugnación a una decisión del órgano de gobierno, de extensión del plazo de duración de la sociedad y nombramiento de gerentes ”.

A su vez, se destacó que el juicio “ no superó la etapa de prueba, a pesar del tiempo transcurrido y los innumerables planteos, también en función de cuestiones intrasocietarias, y más bien vinculadas al conflicto de las partes relacionados con la sucesión de los socios, por disputa de bienes entre los que se encontraban las cuotas sociales del ente, pero al contrario de lo que afirman las incidentistas, no se trata de la cuestión debatida en autos, ni guarda relación, mediata ni inmediata con ella como ya se fundamentara ”.

Proporcionales

A la hora de estimar los honorarios, el tribunal indicó que éstos “ deben resultar proporcionales a la tarea cumplida, siendo que en el caso, se trata de una sociedad con envergadura económica, al menos en función del activo que surge de autos, y ello es una pauta al menos remota, de la importancia de la labor profesional en tanto se trató de impugnar la designación de sus gerentes y la extensión del plazo de duración ”.

Al respecto se aclaró que este patrimonio “ no es una base, aunque sí un indicio a considerarse en función de la cuestión litigiosa que impactaba en el funcionamiento del ente, pero también cabe considerarse que en relación a la trascendencia del pleito, no existe prueba de que este pleito haya sido el dirimente en la solución del complejo conflicto social que mantenían los socios o sus herederos propiamente ”, estimando prudente fijar los estipendios en 60 jus, al ser evidente que “ más allá del objeto del juicio, las cuestiones invocadas denotan complejidad suficiente para admitir el derecho a acrecentar la regulación ”.

Autos: “MONTE María Victoria - GULLI Alejandra Beatriz - Incidente de Regulación de Honorarios en C., S. O. c/ OIL CRAMHER Y TPH SRL - Expte. 6361966”