Anulan multa a empresa por despido de chofer que transportaba sin declarar hojas de coca

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba admitió el agravio de la demandada “González Tarabelli SA” respecto de que se podía haber eximido de la multa por la falta de pago de las indemnizaciones por despido tras ser intimado por el actor, al sostener que el hecho de que éste transportara hojas de coca secas desde el norte del país sin estar autorizado ameritaba que la firma se creyera con derecho a controvertir el mencionado pago resarcitorio.

El Alto Cuerpo reseñó que el tribunal de mérito había resuelto la sanción porque la empresa omitió considerar que para el conteo del tiempo del trabajo del actor se tuvo en cuenta que ingresó a laborar para “Vía Bariloche SA” y que reingresó a “González Tarabelli SA”, del mismo grupo empresarial, así como la forma del cálculo de las horas extras para los choferes, que incluye los trabajos preparativos previos y posteriores a las horas de manejo,

La demandada denunció inobservancia del artículo 18 Ley de Contrato de Trabajo (LCT), al argumentar que la antigüedad fue fijada en diez períodos, sin que exista prueba de que el actor prestó servicios a su favor antes del 1/7/2007 y que tampoco se acreditó que “González Tarabelli SA” reconociera la antigüedad por lo trabajado para “Vía Bariloche SRL”.

Por otra parte, la empresa adujo errónea aplicación del artículo 9, incisos b) y h) del Convenio Colectivo de Trabajo N° 460/1973 en la condena de horas extras, al expresar que mandó a pagar horas devengadas antes del inicio del servicio y “horas a órdenes” en un promedio de 92 mensuales, lo que no responde al convenio, ni al laudo arbitral.

La firma agregó que, en todo caso, el tribunal debió admitir las diferencias entre las horas reclamadas y las abonadas, restando los períodos en los que no se generaron -licencias por enfermedades, vacaciones, etcétera”.

Por último, la impugnante manifestó que el tribunal aplicó la sanción del artículo 2 de la ley 25323 sin valorar los motivos que justificaron la conducta del empleador -comisión de un delito en los términos del artículo 5 de la ley 23737- por el ya mencionado traslado con desconocimiento de la patronal, de hojas secas de coca.

Plataforma

A su turno, el Alto Cuerpo integrado por los vocales Mercedes Blanc de Arabel (autora del voto), Luis Eugenio Angulo y Luis Enrique Rubio analizó el recurso indicando que “ el planteo del casacionista denunciando apartamiento del art. 18 LCT es inadmisible pues lo estructura a partir de una plataforma fáctica distinta a la descripta por el actor y que no fue materia de controversia ”.

En ese sentido, el fallo expresó que “ el actor que inició su labor para la codemandada -luego desistida- ‘Vía Bariloche SA’ y que reingresó a ‘González Tarabelli SA’ del mismo grupo empresarial, la que fue su empleadora hasta la desvinculación (...) factum (que) no resultó oportunamente controvertido por la hoy recurrente -art. 49 CPT- y tampoco se incorporó prueba en la causa que lo desvirtúe ”.

La decisión valoró asimismo que “ igual respuesta cabe al supuesto apartamiento del art. 9 del CCT 460/73, toda vez que –nuevamente- endilga un error jurídico sin fundarlo ni relacionarlo con los hechos verificados en el sub examen ”.

En tal sentido, la suprema entendió que la propia norma que transcribe, determina en su inciso b) que “ se considera tiempo de trabajo (…) incluso los lapsos fijados para llevar a cabo las obligaciones previas y posteriores ”, por lo que “ no concreta vicio legal en el decisorio sino mera discrepancia con el resultado adverso derivado de su conducta procesal e inactividad probatoria ”.

Sanción

Finalmente, el TSJ evaluó que “ no ocurre lo propio con relación a la sanción del art. 2 de la ley 25323, al considerar que los particulares sucesos que rodearon la desvinculación de la actora -la acreditación del hecho invocado por el empleador para despedir: traer en la unidad que conducía hojas de coca desde el norte-, si bien no justificó el desahucio le dieron complejidad a la cuestión y dispensa la conducta adoptada por la patronal, quien razonablemente pudo considerarse con derecho a litigar ”.

Por lo expuesto, el Alto Cuerpo sostuvo “ que el a quo debió aplicar el supuesto previsto en el último párrafo de la ley (en igual sentido de esta Sala SS 58/2023; 73/2023, entre muchas otras) ” y, consecuentemente, en el fallo se resolvió que “ corresponde casar el pronunciamiento en este aspecto y al entrar al fondo del asunto y por los motivos precedentemente expuestos en la sentencia se ordenó que debe rechazarse la sanción dispuesta en el art. 2 de la ley 25.323 ”.