Ante la duda sobre el monto que se entregó al trabajador, el empleador debe pagar

El acuerdo no homologado -y con graves irregularidades- contenía una cláusula que expresaba que el actor recibió una suma de dinero, lo cual no fue verificado por la funcionaria actuante [privado] Frente a la duda radicada respecto de si se cumplió con la cláusula cuarta del acuerdo -no homologado- celebrado en el Ministerio de Trabajo, Delegación Arroyito, en el cual se expresaba que el actor recibía la cantidad de $50.286,71, haciendo uso del remedio legal del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que establece que, en caso de duda, debe estarse a favor de los intereses del trabajador, la Cámara del Trabajo de San Francisco estableció que dicha cláusula no revistió idoneidad para lograr el efecto probatorio perseguido por el demandado, resultando ideológicamente falsa. Por ello, el tribunal admitió la demanda por el faltante de dinero reclamado por el actor. La jueza Roxana Beatriz Peredo sostuvo que la discusión entre las partes hacía eje primordialmente en el hecho de determinar si el trabajador había percibido en efectivo de su ex empleador la suma referida. "El yerro en que incurriera la oficial pública, genera una duda insalvable en esta juzgadora, lo que aunado a la prueba testimonial rendida por la testigo (...) no impugnado de quien era la pareja del actor que expuso que cuando regresó el actor del Ministerio contaron el dinero y sólo había $6.000) despoja a la cláusula 4ª de la seguridad jurídica que debiera reflejar”. La vocal consideró que la demanda “se advierte confusa en su punto medular, por cuanto el trabajador aduce en primer lugar la nulidad total del acta celebrada en el Ministerio de Trabajo el 06-01-2015, para luego (y ya con patrocinio letrado en esta causa) reconocer haber celebrado ese acuerdo y haberlo hecho en los términos y sumas allí convenidas, impugnando sólo el contenido de la cláusula 4ª sosteniendo que no se le entregó en efectivo $50.276,81, sino únicamente la suma de $6.000, por lo que exclusivamente pretende percibir la diferencia existente entre la suma que efectivamente se le entregara en ese acto ($6.000) y la que falsamente allí se hizo constar ($50.276,81), impetrando –en definitiva- el pago de $44.276,81”. De lo apuntado, la magistrada derivó que el actor “sólo ataca de falsedad ideológica a la cláusula 4ª del acuerdo de marras, respetando y teniendo por cierto todo lo demás”. Constancias Así, tras evaluar las constancias de la causa, en especial el acta firmada en el Ministerio de Trabajo -de la cual extrajo una serie de numerosas irregularidades- la juzgadora sostuvo que “no ha logrado adquirir –conforme la prueba rendida- la certeza necesaria para establecerque lo consignado en la mentada cláusula 4ª (impugnado por el trabajador) refleje la verdad real de lo ocurrido”. En esa dirección, la Cámara indicó que de la prolija transcripción del testimonio prestado por la funcionaria actuante, Graciela Adriana Brandolini, “tan siquiera surge que ella misma pueda confirmarlo. Remarcando que, de la simple lectura del testimonio transcripto, surge que la funcionaria no contó billete por billete”, de modo de dar fe que la suma consignada en la cláusula en debate, “sea la que efectivamente recibió el trabajador de manos de su empleador en ese acto”. La jueza expresó que la contingencia de ese yerro en que incurriera la oficial pública, “genera una duda insalvable en esta juzgadora, lo que aunado a la prueba testimonial rendida por la testigo María Cristina González (testimonio no impugnado de quien era la pareja del actor que expuso que cuando regresó el actor del Ministerio contaron el dinero y sólo había $6.000) despoja a la cláusula 4ª de la seguridad jurídica que debiera reflejar”. Poder La vocal destacó que el demandado “pudo haber entregado (...) la suma de $50.276,71 en efectivo, como pudo no haberla entregado”, agregando que la cuestión debatida, “puede coincidir o no con el real poder censurador puesto en ejercicio por el trabajador en esta causa”. La sentenciante sostuvo: “Mi duda entonces persiste, porque la funcionaria actuante no contó los billetes entregados; es decir, no verificó que la suma entregada coincidiera totalmente con la consignada”. Frente a esta encrucijada, a los efectos de desentrañar el valor probatorio propio del instrumento opugnado, la jueza acudió en búsqueda de auxilio en lo normado por el artículo 9 LCT, que dispone que “si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador”. El fallo expresó, entonces, que tal prescripción normativa, en su actual redacción, “impone a esta juzgadora la aplicación del principio in dubio pro operario a los supuestos de valoración de prueba”, derivando que por aparecer dudoso el contenido y objetivo de ésta, “deberá estarse a la interpretación más favorable al trabajador”. Pauta De tal modo, la jueza concluyó que, en el caso de autos, “resulta aplicable la pauta hermenéutica allí establecida, por ser directa consecuencia del principio protectorio sobre el que se edifica todo el Derecho del Trabajo, en perfecta armonía con lo instituido por el art. 14 bis de la Constitución nacional, por lo que resulta pertinente declarar la falsedad ideológica de la cláusula 4ª del Acuerdo materializado el 06-01-2015 ante la autoridad administrativa de Trabajo, Deleg. Arroyito”. En consecuencia, en el fallo se resolvió que correspondía condenar al señor Eduardo Nicolás Porcel de Peralta a abonar al actor Jose Luis Carrizo, la suma reclamada de $44.276,81, en concepto de diferencia adeudada. Asimismo, Peredo sostuvo que comprobado el actuar negligente y reprochable en que incurriera la funcionaria actuante en representación de la autoridad administrativa del Trabajo, según se desprende de las irregularidades señaladas a lo largo de este pronunciamiento, sobre las que se hizo hincapié, “deberá ponerse en conocimiento del señor Ministro de Trabajo de la Provincia de Córdoba, del contenido de esta Sentencia, a los efectos que pudieran corresponder”. Autos: “CARRIZO, JOSÉ LUIS C/ PORCEL DE PERALTA, EDUARDO NICOLÁS – ORDINARIO – OTROS” - Expte. 2333400 El fallo [/privado]

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