Al no probar que los letrados fueron sus asesores, el municipio deberá pagarles sus honorarios

En la decisión se valoró que la tarea de procurador fiscal no excluye el derecho de los abogados de percibir sus estipendios por la representación de una comuna en un pleito sin vinculación con los cobros municipales

La Cámara Contencioso-administrativa de Segunda Nominación de la ciudad de Córdoba declaró procedente la regulación de honorarios de los abogados que representaron en juicio a la Municipalidad de Obispo Trejo, por no haberse acreditado que los peticionarios hubiesen intervenido en calidad de procuradores o asesores letrados de esa comuna o en calidad de representantes con base en un contrato de asesoramiento periódico (artículo 12, ley 9459, Código Arancelario -CA- provincial), lo que hubiese impedido a los profesionales ejercer su derecho al cobro de honorarios en contra de su comitente condenado en costas.

En un incidente por honorarios en el marco de una acción de plena jurisdicción, los abogados representantes de la demandada municipalidad solicitaron la regulación de sus estipendios en contra de su comitente. La demanda fue rechazada por el tribunal de mérito aunque confirmada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Provincia de Córdoba, que impuso las costas por el orden causado. La municipalidad demandada opuso excepción de falta de acción y pago.

Alegación

La cámara integrada por las vocales María Inés Ortiz y María Soledad Puigdellibol indicó que no era de recibo la alegación de la accionada con respecto a una pretendida falta de derecho de los peticionarios al cobro de honorarios, en razón del vínculo que unía al doctor V. R. M. con la Municipalidad, que es distinto de la relación cliente/profesional por tratarse del asesor letrado del municipio, lo que, se estimó, debía ser analizado en función de los artículos 7, 8 y 12 de la Ley Arancelaria (LA) provincial y, específicamente, de la normativa estatal y municipal que regula el vínculo con los procuradores y con los abogados contratados por los municipios y comunas.

Así planteada las cosas, las juezas argumentaron que, en razón de que la ordenanza Nº 235/99 de la Municipalidad de Obispo Trejo, adjuntada como prueba, no guarda relación con el vínculo que unía al abogado V. R. M. con la demandada, toda vez que dicha normativa regula el cobro judicial y extrajudicial de deudas correspondientes a impuestos, tasas y contribuciones de mejoras, otras rentas y multas que imponga la Municipalidad mediante la actuación de los procuradores fiscales, que no es el caso de la tarea profesional cumplida en autos por los peticionarios.

Bajo esas premisas, el tribunal consideró que los distintos argumentos desarrollados por la obligada al pago en su intento de poner de relieve la pretendida improcedencia del reconocimiento del derecho a la regulación de honorarios de los letrados peticionarios, debían ser desestimados por falta de sustento real y normativo.

Prueba

Además, el fallo destacó que la prueba acompañada no acreditaba la existencia de un vínculo contractual de retribución periódica por asesoramiento permanente o por representación, o por ambos, ni vínculo de dependencia entre los doctores V. R. M. y L. M. con la Municipalidad de Obispo Trejo, en calidad de asesor letrado municipal o integrante del cuerpo de abogados de la Municipalidad, con retribución prevista en el presupuesto.

A lo expuesto se agregó que la comuna demandada tampoco invocó ni -menos aún- acreditó que hubiese emitido un acto de designación de V. R. M. como asesor letrado municipal que diera nacimiento a una relación de función pública, ni que estuviera prevista en el presupuesto la función pública desarrollada por el letrado peticionario que diera lugar a la erogación de la remuneración en aquél.

En suma, la cámara concluyó que no estaba acreditado que V. R. M. invistió el cargo de asesor letrado o de abogado integrante del cuerpo de abogados del municipio al tiempo de realización de la labor profesional, que justificara aplicar la doctrina según la cual “los agentes públicos que gozan de un sueldo no son acreedores a honorarios por los servicios que prestan en el desempeño de su cargo, teniendo por única remuneración la retribución que las leyes les asignen” (CSJN Fallos: 317:735; 319:318 y sus citas, “Loma Negra Cía. Industrial SA y otros s/ Infracción Ley 22.262”, 10/11/2015; TSJ Sent. N° 02/2018, “Incidente de Regulación de Honorarios del Dr. Adolfo Quattrocchio en Autos ‘Civial SA UP ROM SA UTE c/ Municipalidad de Capilla del Monte y otra - Contencioso-administrativo - Plena Jurisdicción’ - Recurso Directo”).

Razones

En consecuencia, por las razones explicitadas precedentemente, el tribunal de alzada estableció que los letrados actuantes por la parte demandada mantienen su derecho al cobro de honorarios en contra de su cliente perdidoso en costas, por la presunción de onerosidad de la labor profesional (artículo 6, ley 9459, CA) y por la ausencia de prueba en contrario que los excluya del derecho a la regulación de sus honorarios en las condiciones exigidas por las normas arancelarias y la doctrina legal elaborada a partir de ellas.

Por lo desarrollado, en el fallo se resolvió que correspondía regular honorarios en forma definitiva, a los letrados, por la labor profesional cumplida en la instancia principal a favor de la demandada.