Admiten denuncia por violencia de género en ámbito laboral de la policía

La magistrada interviniente instó a que las fuerzas policiales adecuen los protocolos para evitar que las agentes víctimas se vean en desventaja al ser alejadas de sus tareas operativas

En el marco de una denuncia por violencia de género, el Juzgado de de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 5ª Nominación de Córdoba hizo lugar al planteo de una mujer policía y declaró configurada la situación de violencia psicológica por cuestiones de género en su modalidad laboral. [privado]

Por ello, la jueza Carla Olocco dispuso el inmediato cese de las tareas no operativas que le habían sido asignadas a la denunciante y su reintegro a su espacio laboral en tareas operativas, conservando su cargo jerárquico y remuneración. Asimismo, la magistrada ordenó la inserción del denunciado en programas educativos y/o reflexivos especializados en la materia de violencia de género, con el deber de acreditar la asistencia ante el tribunal la presentación.

Presentación

En el caso, el tribunal señaló que la presentación formulada por T. L. R. apuntó al pronunciamiento de una resolución jurisdiccional declarativa, en cuanto a la configuración de una situación de violencia psicológica por cuestiones de género en su modalidad laboral por parte del señor D. Á. P. y que, en caso positivo, se ordene la restitución a la víctima de las tareas operativas que realizaba, se arbitren los medios conducentes a la restitución del arma y chaleco reglamentario que le permitan la realización de tareas operativas, conservando su remuneración así como la realización por parte del denunciado de cursos especializados en la temática de violencia de género; extremo que sería beneficioso se replique a nivel general en el ámbito de las fuerzas policiales a los fines de evitar la reedición de situaciones como la oportunamente denunciada.

La jueza señaló que el punto neurálgico a resolver giró en torno a determinar si se acreditó que la conflictiva suscitada entre las partes se corresponda con actos de discriminación mediante un posicionamiento de superioridad y de desigualdad del acusado sobre la denunciante, basado en su condición de mujer.

"Las expresiones del demandado “patentizaron la presencia de los patrones socioculturales y estereotipos discriminatorios, ajustados a un posicionamiento de superioridad".

Del informe interdisciplinario, Olocco coligió que la postura sostenida por T. L. R. durante el trámite judicial, se observó en la conflictiva la presencia de una cuestión asimétrica de poder, ocupando la mujer una posición de desigualdad frente al denunciado.

El tribunal remarcó que los actos de insinuación con connotación sexual y la posterior reprimenda desde lo funcional ante la negativa de la víctima, “a todas luces reveló esa asimetría que observan las técnicas. Infiriendo que se evidenció un acto discriminatorio, por su condición de mujer, ya que en pleno uso de la superioridad jerárquica que el mismo detenta, no vislumbra a la Sra. R. como su igual”.

Expresiones

En razón de lo expuesto, el fallo concluyó que las expresiones del demandado “patentizaron la presencia de los patrones socioculturales y estereotipos discriminatorios, ajustados a un posicionamiento de superioridad que ejerce Sr. P. frente a la Sra. R. en el espacio laboral que comparten; buscando la demostración del poder y control a través de la violencia”.

Bajo esa premisa, recordó la magistrada que por la situación de vulnerabilidad que rodea a la víctima, era el denunciado quien debía realizar los esfuerzos probatorios conducentes a demostrar que el hecho denunciado por aquella no se corresponde a un acto discriminatorio por cuestiones de género.

El decisorio remarcó que incluso un apartamiento del dictamen técnico oficial debe encontrarse fundado en nuevos elementos de juicio que en su caso permitieran visualizar el error de esta conclusión profesional; extremo que no ha acaecido en los presentes.

La magistrada apuntó que su actuación no debe limitarse al dictado de una resolución declarativa sino que debe ir más allá, cumpliendo así con el mandato legal con el que la ha investido el Art. 75 inc. 23 de la Constitución Nacional, “de adoptar las medidas de acción positiva que garanticen el goce y ejercicio de los derechos que les asisten a las mujeres, en el caso en análisis, la Sra. T. L. R”.

Constancias

Con base en las constancias acompañadas por la denunciante con relación a la situación laboral que atraviesa a raíz de la denuncia por ella formulada, el Juzgado consideró que “debe ordenarse el inmediato cese de las tareas no operativas que realiza, para proceder a su posterior alta para la ejecución de todas aquellas funciones que realizaba, con anterioridad al hecho origen de los presentes”.

Para la magistrada, no resulta entendible que una mujer -quien denuncia ser víctima de una agresión sexual en su ámbito laboral por parte de un superior jerárquico, formulando denuncia correspondiente y solicitando medidas -a los organismos competentes- para su inmediato resguardo y protección- “resulte a la postre quien detente la posición desventajada; menos aun habiendo en trámite un proceso abreviado en curso relativo a ello”.

El fallo estimó que la Policía de la Provincia de Córdoba, deberá en el futuro “reveer los protocolos que en casos de esta índole aplica; toda vez que la adopción de idénticas de medidas entre las partes involucradas importa la violación de los derechos que le asisten a las mujeres”.