Admiten compensación económica de medio millón de pesos en favor de una ex cónyuge

El fallo subrayó que hubo una tradicional organización matrimonial, a la que el hombre aportaba lo económico y la mujer, el cuidado de sus hijos y el hogar, proyecto que se vio frustrado por el divorcio [privado]

La Cámara 2ª de Familia de Córdoba rechazó la apelación de un ex cónyuge, quien cuestionó que se admitiera una compensación económica en su contra y en favor de quien fuera su mujer.

Los vocales Roberto Rossi, Graciela Moreno de Ugarte y Fabián Faraoni señalaron que la crítica del hombre giró en torno a una errónea aplicación de la ley, pues lo resuelto sólo consideró el plan de vida del matrimonio y la supuesta mejor posición del demandado frente a la actora, sin analizar otras circunstancias.

La cámara indicó que del fallo surge que la mujer, además de participación societaria a título ganancial en la sociedad un instituto educativo, tiene a su nombre cinco por ciento más del capital social, que el hombre puso a su nombre.

Respecto del estado de salud de la ex cónyuge, se señaló que -si bien padece fibromialgia y ésta no es invalidante- no es menos cierto que puede producir alguna limitación o impedimento temporario en la vida diaria de quienes la padecen.

Sobre la atribución del hogar conyugal, el fallo indicó que cuando se produjo la separación la mujer carecía de medios económicos propios y, aunque quedó usufructuando la vivienda junto con sus dos hijos, su situación era muy comprometida.

En cuanto al cuestionamiento respecto de que la mujer es una persona joven, en plena vida productiva siendo técnica dental, la cámara consideró que tampoco puede ser acogido favorablemente.

Los camaristas argumentaron que, pese a contar con una supuesta capacitación profesional, la ex cónyuge no se encuentra inserta en el mercado laboral y no cuenta con la posibilidad cierta de obtener en el corto tiempo ingresos sostenerse.

Asimismo valoraron que el desequilibrio invocado en la demanda se confirma debido a que la actora es quien tiene a su cargo el cuidado personal de los hijos menores de edad y su progenitor no cumple regularmente con los deberes emergentes de la responsabilidad parental.

Por otra parte, el tribunal examinó que la queja con relación a que la a quo por conjeturas entiende que las partes acordaron que la mujer se dedicara al cuidado de los hijos y que el hombre era el proveedor de ingresos y sostenimiento del hogar, resulta refutada por la prueba.

En esa dirección, el fallo apuntó que las constancias de la causa habilitan a concluir que el demandado ha desarrollado una carrera profesional que le permite la obtención ingresos regulares y pudo administrar y gestionar su emprendimiento escolar como representante legal, remarcando que, los dichos de los testigos lo sindican como su “dueño”.

Ingresos

Los jueces apuntaron asimismo que los ingresos que obtiene el hombre provenientes de dicho emprendimiento, entre abril de 2017 y marzo de 2018, fueron en promedio de $30.000 de retribución periódica y no necesariamente mensual, además de una renta equivalente a $200.600 por el alquiler de un inmueble de su propiedad con una banco.

Para el tribunal, dichas circunstancias ya ponen en evidencia que el ex cónyuge fue el principal proveedor económico del grupo familiar, lo que a la postre se confirmó con los dichos de los testigos.

Siendo ello así, los camaristas coligieron que el crecimiento y consolidación como profesional del hombre fue entonces posible gracias al apoyo brindado por su ex cónyuge.

A su vez, la alzada valoró que no hay elementos para concluir que la mujer no quiso trabajar “porque sí, nomás”, sino más bien cabe inferir que fue una decisión tomada entre los esposos y legítima, que implicó adoptar un tipo de organización caracterizada por esa particular distribución de roles y de responsabilidades durante el matrimonio.

La decisión infirió que fue el agotamiento de este proyecto compartido el que actuó como causa del empeoramiento económico de la mujer ante el divorcio.

En ese marco, la cámara concluyó que, con basamento en la necesidad de que el monto de la compensación permita al cónyuge más débil adquirir el grado de autonomía o independencia económica, era justa y equitativa la suma $500.000 acordada a la mujer por la juez a quo.