Administrador deberá colaborar para que se cumpla orden de restricción

El empleador común del hombre y de la mujer tendrá que garantizar que no coincidan. Se dispuso que entre el inicio de la jornada de uno y la finalización de la del otro transcurra más de una hora

En el marco de una causa por violencia de género de tipo física, sexual y psicológica en el ámbito laboral, con carácter cautelar, la Sala V del Tribunal de Trabajo de La Plata ordenó la prohibición de acercamiento de F. C. respecto de E.L. [privado]

El sentenciante precisó que el denunciado deberá permanecer al menos a 200 metros de la mujer y abstenerse de protagonizar actos de hostigamiento, perturbación, intimidación y maltrato de cualquier tipo, inclusive mediante el uso de redes telefónicas y/o sociales, bajo apercibimiento de comunicarle eventuales violaciones de lo decidido a la Justicia penal, por la posible comisión del delito de desobediencia.

En tanto, con el fin de que la medida tenga éxito, dispuso la participación y el compromiso del administrador del edificio en el cual ambas partes se desempeñan, a saber: F.C. como encargado y E.L. como su ayudante.

Teniendo en cuenta el tenor de la denuncia formulada y las restantes circunstancias expuestas por E.L. en oportunidad de la audiencia a la que compareció, y que los hechos configuran un supuesto de violencia en el ámbito laboral, el juzgador concluyó que era insoslayable el dictado de medidas que prevengan a futuro la producción de episodios que puedan colocarla ante situaciones de maltrato, intimidación o angustia.

“Siendo que la denunciante trabaja como ayudante del denunciado, resulta determinante para el éxito de las medidas de protección que se dispongan la participación y compromiso del empleador común”, estableció.

Bajo esa premisa, intimó al administrador a garantizar que entre el inicio de la jornada de uno y la finalización de la jornada del otro transcurra un plazo superior a una hora, bajo apercibimiento de la comisión del delito de desobediencia.

“Los principios rectores en materia de protección contra la violencia de género obligan a la intervención judicial precautoria, inmediata y oportuna, y basta la sospecha de maltrato y la verosimilitud del derecho a los fines de la adopción de una medida protectoria, sin perjuicio de la competencia del órgano interviniente”, indicó el tribunal bonaerense.

“Siendo que la denunciante trabaja como ayudante del denunciado, resulta determinante para el éxito de las medidas de protección que se dispongan la participación y compromiso del empleador común”.

(Del fallo de la Sala V del Tribunal de Trabajo de La Plata)

En esa línea, recordó que Argentina ratificó la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) mediante la sanción de la ley 26485, cuya finalidad no es otra que tomar medidas rápidas, tendientes a hacer cesar la violencia, y explicó que es incompatible con la función jurisdiccional en un tema tan delicado “dilatar la toma de decisiones con argumentos tales como falta de competencia o legitimación”.

“Una decisión a destiempo puede acarrear serios perjuicios a la persona que ha acudido al tribunal para pedir amparo. El juez, por otra parte, tiene la facultad de ordenar una medida distinta de la peticionada de acuerdo con la información con que cuente. Este tipo de medidas, por estar referidas a la salvaguarda de la integridad psicofísica, no requieren de una prueba acabada, por lo que basta que surjan, prima facie, la verosimilitud del derecho y la urgencia”, añadió.