ESCUCHARLa causa por el accionar grupal de los rugbiers que terminó en el homicidio de Fernando Baez Sosa a la salida de un boliche de Villa Gesell llegará a su instancia final en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores el lunes 6 de febrero. Mientras tanto los hechos de violencia se reiteran. El antecedente del caso Spedale en Córdoba y la cultura de la violencia masculinizada presente en la nocturnidad de los más jóvenes.
Por Soledad Soler.
En la madrugada del 8 de enero, Agustín Ávila de 16 años fue asesinado por una patota que previamente había intentado robarle una gorra en la localidad de Jesús María, a 50 km de Córdoba Capital. Un grupo de siete jóvenes, entre ellos un menor de 13 años, terminaron degollando a Agustín. Los otros seis acusados tienen entre 14 y 18 años. Agustín se encontraba esperando conseguir un autógrafo de Soledad fuera del estadio del Festival de Jesús María cuando fue sorprendido por la patota que le arrebató la gorra que llevaba puesta. Cuando Agustín intentó recuperarla acompañado de sus amigos uno de los agresores le dio un puntazo letal en el cuello.
El abogado Carlos Nayi, quien representa a la familia de Agustín, solicitó imputar a policías que se encontraban en la zona al momento del hecho y que no evitaron el asesinato. Serían al menos dos los agentes investigados por el Órgano de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad.
Mientras tanto, un nuevo video de una agresión a un joven a la salida de un boliche en Santa Rosa de Calamuchita, a 96km de la capital, volvió a teñir de negro el enero cordobés. Las imágenes que circularon por whatsapp y se viralizaron rápidamente muestran a un grupo de jóvenes golpeando a otro, dándole patadas en la cabeza cuando la víctima se encontraba en el piso. En este caso, según investiga la fiscalía, los responsables serían tres menores de edad. El hecho ocurrió en la madrugada del jueves 26 de enero y el joven habría quedado inconciente debido a los golpes recibidos.
El 28 de noviembre de 2005 la Cámara 10ma del Crimen de Córdoba condenada a “la patota de chicos bien” que había asesinado a golpes al joven Marcos Spedale. Marcos tenía 16 años cuando un grupo de jóvenes le propinó una violenta golpiza que terminó con su vida en el Cerro de las Rosas, un barrio tradicional de Córdoba, el barrio de la Av. Rafael Núñez donde Marcos y sus amigos habían decidido salir a pasar un rato aquella madrugada del 8 de enero de 2005.
Una “patota” de 7 jóvenes lo rodearon y lo golpearon durante dos minutos, lo suficiente para que Marcos quedara inconsciente y perdiera la vida.
Luego de un extenso derrotero judicial, cinco jóvenes fueron finalmente llevados a juicio y uno de ellos, Ramiro Pelliza (22), fue condenado a 15 años de prisión. Por su parte, Federico Carranza (19) resultó absuelto y otros tres menores al momento del hecho, quedaron a disposición de la Justicia. Hoy están todos en libertad.
En 2010, la jueza de menores Susana Guastavino, de la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba condenó a tres de los acusados a seis años de prisión, contra 8 y 9 que había solicitado la fiscalía. Sin embargo, los tres jóvenes quedaron libres ya que habían pasado dos años y ocho meses en un instituto de rehabilitación del Estado.
A fines de 2013, uno de estos menores fue condenado a dos años por una golpiza a su novia embarazada.
La madre de Marcos, Silvina Beatriz Spedale había luchado durante años por verdad y justicia sobre la muerte de su hijo. En 2017, con 53 años, Silvina fue hallada sin vida en la pileta de su casa, en la localidad de Mendiolaza. “Hacía un año que podía hablar de Marcos sin llorar”, declaró en aquel momento la empleada doméstica, que fue quien encontró a la mujer ya sin vida.
“Este caso es tan parecido, tan similar”, señaló Héctor Spedale, papá del joven asesinado en 2005, en relación al caso de Fernando Baez Sosa, el joven de 18 años asesinado por una patota en la localidad balnearia de Villa Gesell. “La diferencia que yo veo es que a Marcos, Pelliza le pega, le rompe la nariz, le levanta la remera para inmovilizarlo, van todos y le pegan”, manifestó en declaraciones a la prensa.
La otra gran diferencia es que en aquel momento no se usaban los celulares para filmar como ahora. La reconstrucción de la prueba en el caso Spedale se basó estrictamente en los testimonios. Mientras que en el caso de Fernando Baez Sosa la instrucción contó con la posibilidad de revisar videos de celulares y registros de cámaras colocadas en la vía pública que muestran el momento exacto en el cual los imputados atacan al joven a la salida del boliche Le Brique.
“Ni una palabra a nadie”
Jóvenes que deciden salir una noche de verano, y se encuentran con el peor final: una muerte violenta en manos de otros jóvenes. Las condiciones de clase, las prácticas propias de ciertos tipos de masculinidades hegemónicas, signadas por el uso de la violencia física como patrón de constitución de subjetividad en la juventud, acaban por delinear el escenario de una crónica anunciada y fatal. Como en el caso Spedale, el crimen de Fernando Baez Sosa puso sobre el tapete las desigualdades sociales y la vulnerabilidad a la que se ven sometidas las juventudes cuando salen de noche a divertirse.
El pacto de silencio, la complicidad entre varones para encubrir el delito, quedó en evidencia durante el juicio que se desarrolla para conocer la verdad sobre la muerte de Fernando. “No se cuenta nada de esto a nadie”, dijo Ciro Pertossi en uno de los audios que fueron peritados e incorporados oportunamente a la causa. Ese mismo pacto cobró nuevas dimensiones durante el juicio oral y público y se tradujo en la estrategia de los acusados de plantear que no tuvieron la intención de matar a Fernando.
Siete de cada 10 jóvenes mueren de manera violenta
La muerte de un joven en manos de otros jóvenes volvió a poner en agenda un tema que preocupa y que merece ser revisado a fondo. Recuperando datos estadísticos oficiales es posible reconocer que la mortalidad en la adolescencia es resultado, en la mayoría de los casos, de factores que habitualmente son sociales y de contexto.
Si bien la mortalidad en la adolescencia no es un evento frecuente y apenas representa el 1% del total de muertes que se producen anualmente en el país, adquiere una gran relevancia el hecho de que más de la mitad (57%) de las defunciones de adolescentes resultan evitables, ya que son secundarias a “causas externas”.
De acuerdo a un relevamiento publicado en 2019 por la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) a través del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia junto a Unicef “el 42% de las causas externas ocurren en la adolescencia temprana y el 63% en la tardía, y alcanzan su mayor peso en los varones de 15 a 19 años, donde son responsables del 69% de las defunciones que se registran en dicho grupo poblacional”.
También surge del análisis de estos datos que estos factores de riesgo externos afectan principalmente a los varones. En 2017, año en el cual se realizó el último relevamiento, fallecieron 3.294 adolescentes: 2.186 varones (66,4%) y 1.102 (33,5%) mujeres.
Las muertes por causas externas, muchas veces denominadas muertes violentas, incluyen las debidas a accidentes o eventos no intencionales, los suicidios o lesiones autoinflingidas intencionalmente, las agresiones o lesiones intencionales provocadas por otra persona y las defunciones por intervención legal.También existe un quinto grupo de defunciones en donde no se conoce la intencionalidad, que son resultantes en eventos de intención no determinada.
Del total de muertes de jóvenes registradas en 2017, 206 (10,9%) fueron muertes producto de agresiones. Además, en las defunciones por violencias y agresiones existe una marcada sobremortalidad de varones, esto es, donde las violencias ejercidas contra otros en la etapa adolescente se encuentran ciertamente masculinizadas: cinco varones fallecidos por cada mujer.
Otro dato relevante que surge de las estadísticas es que existe un alto número de casos en los cuales las muertes de adolescentes quedan en un gris cuando el sistema de salud o la justicia no logran determinar con exactitud el causal de muerte. Considerando el estudio ya citado, en 363 (19,3%) casos no se pudo determinar la intencionalidad que ocasionó la defunción.
A estos números se le suman los casos de muertes violentas de jóvenes en manos de las propias fuerzas de seguridad. El caso Blas Correas resulta emblemático en este sentido y habla a las claras de las vulnerabilidades a las que se ven expuestos los jóvenes en el espacio público.
Una muerte evitable
Tres años pasaron ya desde aquella fatídica madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, la ciudad que miles de chicos y chicas eligen cada verano para pasar sus vacaciones y salir con amigos. Una pelea entre varones, la intervención de los patovicas que arrojan a los jóvenes a la calle y la ausencia de personal policial para contener la situación terminan siendo el caldo de cultivo de lo que sucedería minutos después frente a Le Brique. “A este negro de mierda me lo voy a llevar de trofeo”, decían los agresores de Baez Sosa mientras le pegaban, según el testimonio de sus amigos y de un testigo presencial del crimen.
Graciela Sosa, mamá de Fernando, expresó su dolor: “Es una angustia que nunca podré olvidar, cuando mi hijo levantaba la mano implorando piedad mientras le seguían dando patada tras patada y tenía esa sensación como madre de tirarme sobre él, de poder ayudarlo para que esas patadas fueran para mí porque yo daría la vida por mi hijo, un hijo bueno, decente, que nunca creyó en la maldad”. La mujer contó que durante el juicio tuvo que mirar los videos que registraron el momento en que asesinaban a Fernando: “Los vi reiteradas veces, miles de veces. Me costó horrores ver la forma como asesinaron a mi hijo”.
“Solo deseo justicia”, señaló Graciela. “Quiero justicia por mi hijo, que paguen por lo que hicieron, no le tuvieron piedad para nada”, expresó frente al tribunal y las partes.
Los imputados por el crimen de Fernando Baez Sosa son jóvenes aunque son todos mayores de edad: Máximo Thomsen, de 23 años; Ciro Pertossi, de 22; Lucas Pertossi, de 23; Luciano Pertossi, de 21 años; Enzo Comelli, de 22; Ayrton Viollaz, de 23; Matías Benicelli, de 23; y Blas Cinalli, de 21. En uso de su derecho a la palabra final durante la última audiencia del juicio oral, los imputados pidieron disculpas a la familia y recalcaron que no habían tenido la intención de matar a Fernando. Los ocho dijeron lo mismo y usaron casi las mismas palabras.
Trazando un perfil de los imputados, es posible reconocer rasgos de parentesco familiar y de trayectorias subjetivas que tenían que ver con su pertenencia al mundo del rugby, un deporte caracterizado por el despliegue de la corporalidad, de la estrategia y de la fuerza física frente al rival. “Estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia… caducó”, dijo Lucas Pertossi, primo de Ciro, en referencia a Fernando en otro de los audios incorporados a la causa.
A la espera de justicia
El juicio que se desarrolla desde el 2 de enero en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores por el crimen de Fernando Baez Sosa transita su instancia final con los alegatos desarrollados la semana pasada y finalmente la sentencia, prevista para el 6 de febrero próximo. Vale recordar que los acusados llegaron a juicio con prisión preventiva confirmada por la Cámara, como autores de homicidio doblemente calificado, por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.
Las cartas están sobre la mesa y las estrategias de la acusación y la defensa se fueron dejando entrever durante las jornadas de testimoniales que se desarrollaron en un clima de tensión y de intenso debate público sobre las violencias ejercidas por los imputados contra Fernando.
Las posturas de los fiscales de Dolores Juan Manuel Dávila y Gustavo García se inclinaron por sostener la acusación constituida en la etapa de instrucción de la causa por la fiscal de Villa Gesell Verónica Zamboni. En la última audiencia del juicio tanto la fiscalía como la querella pidieron condenas por homicidio calificado, lo cual implicaría una condena de prisión perpetua; mientras que la defensa, a cargo de Hugo Tomei, se inclinó por el pedido de absolución.
Por su parte, la parte acusadora fue por la figura de homicidio doblemente agravado, lo cual implicaría que los ocho acusados deberían responder por el mismo delito, en las mismas condiciones. Tanto la fiscalía como la querella consideraron a los imputados como coautores del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” en concurso ideal con “lesiones leves” por los golpes que propinaron a los amigos de la víctima, cuando intentaban defenderla. A su vez, consideraron que los rugbiers atacaron a Fernando “por sorpresa”, bajo “traición” y que terminaron con su vida luego de golpearlo “brutalmente”.
En esta línea, el letrado Fernando Burlando insistió con una condena ejemplificadora, que se sustenta además en la profunda condena social que ha generado este caso en la opinión pública, que alcance a todos los acusados por igual. Mientras que su contraparte, el abogado Hugo Tomei, durante el juicio intentó justificar el pedido de absolución planteando, entre otros puntos, que las maniobras de RCP que un tercero y un policía practican sobre Fernando en el lugar de los hechos no debían ser descartadas como posible factor causal de muerte.
Lo cierto es que esta tesis se fue desmoronando con el correr de las semanas y a medida que se iban sumando pruebas testimoniales. Sin embargo la defensa insistió con la necesidad de demostrar que no hubo intencionalidad de matar a Fernando y que las pericias no logran asegurar con exactitud quiénes son los responsables de su muerte.
Entretanto, la defensa intentó diluir la responsabilidad de los acusados y planteó que el accionar en ese grupo persiguió el objetivo de defender a un amigo de supuestas agresiones, además de intentar consignar el consumo de alcohol como atenuante.
En caso de lograr instalar la preterintencionalidad la pena para el homicidio sería similar a la del tipo culposo, con penas que van de los 2 a los 6 años de cárcel. Si este fuera el resultado, los defendidos podrían y estar en condiciones de acceder al beneficio de salidas transitorias. En caso de que se comprobara el dolo eventual, el código penal prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.
Rugbiers en el banquillo: las complicidades y la violencia como código
En relación a la acción violenta de los rugbiers en Villa Gesell, el club donde jugaban no demoró en deslindarse de cualquier responsabilidad, marcando que el homicidio de Fernando no tenía relación alguna con los valores propios del deporte. “La subcomisión de rugby del club Náutico Arsenal Zárate en representación de todos los que integramos nuestro club, lamentamos lo acontecido y repudiamos enérgica y contundentemente cualquier hecho de violencia. Nos solidarizamos con los amigos y familiares de Fernando por su lamentable pérdida”, sostenía el comunicado institucional del Arsenal Zárate Rugby.
El abordaje de las violencias y de las desigualdades es una materia que los clubes de rugby han venido incorporando a sus proyectos institucionales. Ya son muchos los clubes que han desarrollado protocolos y comisiones de género para dar respuesta a las situaciones que se dan en el marco de la práctica deportiva. En mayo de 2021, la Unión Cordobesa de Rugby presentó su “Comisión de equidad de género y erradicación de las distintas violencias en espacios deportivos”, que entre sus objetivos se plantea el de “diseñar, dirigir, coordinar, dinamizar, implementar y evaluar programas, proyectos, acciones, planes y estrategias para promover la igualdad de oportunidades para las mujeres, varones y desnaturalizar las violencias, visibilizando situaciones que atentan a la integridad física y psicológica de todas las personas”.
“Este caso es un leading case -el de Baez Sosa-, lo que tiene que generar es un antes y un después en el cuidado de las juventudes. El deporte tiene que tomar cartas en el asunto”, asegura Leonardo Bigi, ex rugbier e impulsor de Villa El Libertador Rugby Club. Bigi fue jugador y entrenador del Club Universitario Córdoba; y a través de la Fundación Pueblo Rugby desembarcó con un proyecto educativo y de inclusión en Villa Libertador. Villa Libertador Rugby Club, es un sueño cumplido con más de 10 años de historia.
En diálogo con Comercio y Justicia, Bigi reconoció la importancia de seguir apostando al deporte como espacio de socialización, de empatía y de desarrollo integral de las subjetividades. En relación a la historia del club de Villa El Libertador, el entrenador aseguró que el rugby les dio experiencias de vida invaluables a los chicos de esa barriada cordobesa. “A esos chicos se les dio un espacio educativo y han tenido vivencias muy ricas: han viajado por el país, han tenido contacto con otros chicos de distintas condiciones económicas y culturales”.
El entrenador contó que muchos de los que hoy forman parte de la comisión directiva del club empezaron jugando de chicos en Villa El Libertador. “Provenían quizás de un sector vulnerable, no habían vivido un montón de cosas, y hoy muchos estudian, van a la facultad, o decidieron armar su propio club, están llevando adelante la historia en la comisión directiva”. “Si no vemos más logro que ese, no sé dónde lo hay”, afirmó.
“Estamos en una sociedad tan fragmentada que si tenés plata tu hijo va a una escuela privada y sino va a la pública. El deporte iguala, por eso quiero alentar a que los padres sigan llevando a sus hijos a jugar al rugby, a cualquier deporte para que el niño se pueda formar en ambiente de club. Luego cada disciplina tendrá que tomar en cuenta lo que está pasando para ver cómo podemos mejorar”, manifestó.
El entrenador reconoció que a partir de estos casos de violencia extrema el rugby es “estigmatizado” socialmente. “Se habla del rugby como si fuera el promotor de esto y es un deporte, es una actividad muy linda, donde tienen cabida chicos que alomejor no tienen cualidades físicas para otros deportes”. En esta línea, Bigi señaló cómo “el contexto ha ido cambiando” en ese deporte, haciéndose eco de los avances en materia de derechos. “Hoy tenemos rugby femenino; y seguramente las mujeres le van a dar un marco de mayor humanidad al deporte para abordar estos temas de violencia hacia adentro”, reconoció.
