Rechazan despido por razones de fuerza mayor y ordenan pagar toda la indemnización

El juez interviniente valoró que la empresa demandada no cumplió con el procedimiento preventivo de crisis que le permitiera abonar la mitad del resarcimiento por la cesantía

Al advertir que el despido por fuerza mayor invocado por la demandada no reunía como requisito la ajenidad en su causa, ya que fue decisión de la empresa reducir las tareas que realizaba el demandante, el Juzgado 1º de Conciliación y Trabajo de Córdoba admitió la demanda del trabajador por el pago completo de la indemnización por antigüedad -artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)- y no la reducida del artículo 247.

La empresa rechazó lo reclamado, ratificó el despido con causa y aclaró que no fue por causas económicas, al no poder reubicarlo como chofer. Manifestó que era titular de un camión de 11 años de antigüedad que conducía el actor y que, al no poder reparar ese vehículo, se resolvió su venta y se contrató una camioneta particular, dado que el uso semanal era reducido y no justificaba la compra de un nuevo rodado.

Esgrimió la demandada que, al no contar con otras tareas para darle al trabajador, se le continuó abonando el salario completo pero sin tareas, por lo que se decidió rescindir el contrato por fuerza mayor no imputable a la empresa.

Al analizar la cuestión, el juez Guillermo Cerdá Lopez indicó que en el caso debía determinarse si la causa de la finalización del vínculo laboral estaba a derecho para abonar la indemnización reducida o correspondía la del artículo 245 LCT.

El juez sostuvo que cabía definir la cuestión relativa a la procedencia o no del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) en la extinción del vínculo del actor con la demandada, destacando que la Ley Nacional de Empleo dispone: “Con carácter previo a la comunicación de despidos y suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, que afecten a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores (…) deberá sustanciarse el procedimiento preventivo de crisis previsto en este capítulo”.

El fallo agregó que la demandada consideró que no estaba obligada a efectuar el PPC pues, a la fecha del despido directo, contaba con 14 empleados y despidió solamente al actor por la causal de fuerza mayor no atribuible al empleador.

Por lo expuesto, el magistrado sostuvo que la demandada omitió cumplimentar con la normativa establecida para las empresas en crisis y perjudicó la indemnización que debía percibir el actor por el despido directo dispuesto.

Causal

Se añadió que la causal utilizada para la extinción, necesariamente vinculada a causales económicas debe ser articulada por los carriles normativos previstos para las situaciones de crisis empresariales; obligación que la empresa no respetó.

El magistrado valoró que el argumento de la demandada se basó en que las tareas de chofer del actor se vieron menguadas cuando dejó de alquilar el depósito donde se guardaban los productos que se fabricaban en el establecimiento de la empresa, limitándose a hacer entrega o retiro de mercadería o productos a otros lugares.

Así las cosas, el tribunal recordó que el artículo 247 LCT establece: “En los casos en que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador fehacientemente justificada, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la prevista en el artículo 245 de esta ley…”.

Respecto del concepto de fuerza mayor, el juez indicó que para la doctrina es “un supuesto de extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, ajenas a la relación específica entre empleador y trabajador, es decir que inciden en la extinción del contrato factores no personales de las partes” y, en cuanto a la ausencia de ajenidad, se valoró que la demandada expone que “a pesar de las dificultades que atraviesa la empresa, el despido no fue resuelto por causas económicas; sino porque al no contar la empresa con una movilidad propia, no había reubicación para el trabajador en su categoría de chofer. Por tal motivo, se le comunicó el distracto encuadrándolo en el art. 247 de la LCT., es decir por fuerza mayor no imputable a la empresa”.

Ajenidad

Así, Cerdá López advirtió que, conforme lo expuesto en relación de la “ajenidad”, los argumentos de la demandada caen por su propio peso, remarcando que surge del memorial que la imposibilidad de reubicar al actor en la empresa fue a causa de decisiones adoptadas por la propia empleadora y no por hechos ajenos e imposibles de evitar.

En esa dirección, la decisión indicó que en noviembre de 2021 decidieron no continuar alquilando el depósito; y luego en junio de 2022, vendieron el camión y reubicaron al actor como acompañante de una camioneta contratada de modo particular, infiriendo que la imposibilidad de darle trabajo como chofer fue propiamente a causa del obrar de la empresa.

Por último, en el fallo se resolvió que siendo restrictiva a admisión de la causal invocada -con todo lo analizado-, el despido dispuesto por el artículo 247 es improcedente y deviene incausado, debiendo ordenarse el pago de la indemnización prevista en el artículo 245 LCT.