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Fondos de Educación para políticas de género en las universidades

14 agosto, 2019
“Tenemos derechos,  hacelos valer” tiene su  propia cátedra abierta

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La mayoría de ellas ya cuenta con un protocolo contra ese tipo de violencia

El Ministerio de Educación destinará 16 millones de pesos a financiar políticas de género en 53 universidades de todo el país, según lo aseguró la directora de Desarrollo Universitario de esa cartera, Daniela Nipoti.
Al respecto, cabe destacar que 45 de esas casas de estudios ya cuentan con un protocolo contra la violencia de género y 14 lo elaboraron por primera vez.
«Ya se inició el trámite administrativo para efectivizar el pago. El máximo aporte por universidad será de 250.000 pesos. Algunas recibirán más dinero, otras menos, según los proyectos que presentaron», dijo Nipoti.
«Se presentaron 53 propuestas que fueron evaluadas por un comité que hizo observaciones, se esperaron las respuestas de las universidades y ya estamos en la instancia final, a punto de otorgar el financiamiento», señaló.
Para la socióloga Vanesa Vazquez Laba, a cargo de la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la Universidad de la ciudad bonaerense San Martín (Unsam), este financiamiento era muy esperado por quienes estaban trabajando en protocolos de género y asistencia de casos.
Vazquez Laba fue parte del comité que evaluó los proyectos que surgieron de la convocatoria de Educación, representando a la Red Universitaria de Género (RUG) que se lanzó en 2015 en la Unsam.

«En muchos casos, hace años que venimos trabajando con financiamiento propio de cada universidad», añadió la profesional, también investigadora del Conicet. Explicó que las propuestas evaluadas fueron «dispares»: hay universidades que van a usar el financiamiento para crear protocolos y equipos de intervención; otras ya tienen equipo y años de intervención. “Lo vamos a usar para seguir capacitándonos en temas urgentes, como nuevas masculinidades o violencia entre parejas LGTB, situaciones diferentes que nos fueron apareciendo», afirmó.
También hubo iniciativas destinadas a generar campañas de sensibilización y otras que van a construir bases de datos de casos para tener estadísticas internas sobre violencia de género, según añadió.
Nipoti por su parte destacó que las universidades nuevas, como la de Almirante Brown, en Burzaco (provincia de Buenos Aires), y la Scalabrini Ortiz, están «normalizándose» y aplicando la perspectiva de género desde «el minuto cero», y valoró la constitución de la RUG en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Recordó además que se ha aprobado en el último plenario del CIN la aplicación de la denominada “ley Micaela”, que establece la capacitación obligatoria en género para agentes de todos los poderes del Estado.
Nipoti manifestó: «Será interesante acompañar el proceso y ver el impacto de estas políticas de género en las universidades, lo que nos servirá de insumo para ver cómo se puede aplicar en otras instituciones».
Como evaluadores de los proyectos participaron Mercedes Miguel, secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación; Heidi Canzobre, directora de Capacitación y Formación del Instituto Nacional de las Mujeres, así como representantes de distintas universidades del país con experiencia en incorporar la perspectiva de género.
En el último informe, publicado en 2018 por el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, se especifica que 30,9% de las víctimas de violencia de género tiene entre 19 y 30 años, franja etaria que comprende gran parte de las estudiantes del sistema universitario argentino.

Casa de Trejo
Recientemente, la Secretaría General de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) abrió la convocatoria pública de dos letrados que cumplirán funciones en la Unidad de Investigaciones de Denuncias de Violencia de Género y Acoso, dependiente de la Dirección General de Sumarios.
El llamado está dirigido a abogados con experiencia demostrable o especialización en violencia de género o acoso, ya sea por haberse
desempeñado como patrocinantes en causas o por haber ejercido funciones institucionales relacionadas con dicha materia, así como la realización de labores docentes o de investigación afines al tema, y otros antecedentes verificables.

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