ESCUCHARAnte las amenazas de muerte recibidas por el fiscal de instrucción Pablo Molina y un empleado judicial en el marco de la investigación por presunto fraude que habría sido cometido por abogados, el titular de la Asociación de Magistrados, Víctor Vélez, consideró que se trata de una "situación de extrema gravedad".
A través de un comunicado institucional, la Asociación expresó “su más absoluto repudio a quienes solapadamente y amparándose en el anonimato, intentan presionar e intimidar a estos magistrados y funcionarios para mantener su impunidad”. “Este accionar cobarde -agrega el parte- revela en sus autores la voluntad de recurrir a la violencia como medio de expresión y de presión para torcer la actividad judicial, pretendiendo además llevar intranquilidad a quienes vivimos en un Estado de Derecho”.
Asimismo, Vélez señaló que "todos los medios con que cuenta el Estado están a disposición de los investigadores. El Tribunal Superior, la Fiscalía General, la Asociación de Magistrados y el Colegio de Abogados nos solidarizamos con los afectados".
Por su parte, desde el Colegio de Abogados se exigió el esclarecimiento de las amenazas y consideró que “deben ser objeto de una profunda investigación destinada a individualizar a los responsables y a liberar de sospechas al conjunto de la profesión salpicada por las informaciones difundidas al respecto”.
Asimismo, la entidad manifestó su preocupación por la atribución de responsabilidades “de manera genérica e innominada a supuestos abogados”. En este sentido exigió circunscribir la responsabilidad a los autores del hecho criminal.
Cabe recordar que el caso inicial se refiere a la investigación de un presunto fraude a beneficiarios de indemnizaciones pagadas por la Caja de Ahorros SA.
