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Disminuyeron los secuestros extorsivos pero hay más hechos vinculados con el crimen organizado

DURACIÓN. Según el reporte, la mayoría de los hechos no se extiende en el tiempo.
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La unidad fiscal especializada indicó que debe prestarse mayor atención a la suba “para mitigar su crecimiento y posibles efectos nocivos, que se traducen en un aumento de la violencia informal, en la corrupción de las instituciones y en la consecuente corrosión de la calidad democrática”

La Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich, presentó un informe sobre ese tipo de delitos cometidos en el país entre 2016 y 2022, en el que analiza las particularidades, modalidades de comisión, evolución y tendencia del ilícito previsto en el artículo 170 del Código Penal (CP).

El informe es producto del análisis de los datos obtenidos en el relevamiento estadístico efectuado. El abordaje se centró en los más de 650 casos de secuestro extorsivo registrados desde 2016, cuando se creó esa dependencia especializada.

Modalidades
Sobre las modalidades del delito, el reporte indica que cada hecho tiene particularidades únicas que lo diferencian de cualquier otro, principalmente “debido a la complejidad inherente que conlleva su comisión”.

Con base en la experiencia, la Ufese los clasificó, a modo enunciativo, en tres grandes grupos: de duración prolongada y con planificación previa; de corta duración y sin planificación previa -comúnmente denominados “exprés”- y vinculados con el crimen organizado.

El informe refiere que los primeros tuvieron su auge entre 2001 y 2005 y que fueron perpetrados por grupos criminales con cierto grado de “profesionalización”.

Señaló que éstos escogían previamente a sus víctimas y realizaban “minuciosas tareas de seguimiento y de inteligencia previa” sobre ellas, para conocer sus movimientos y obtener más datos de sus circunstancias personales; principalmente, “la situación económica y patrimonial de la persona y/o la de su entorno familiar y/o social”.

Refirió además que el conocimiento de distintas circunstancias intimas y personales “era una poderosa herramienta de intimidación al momento de extorsionar a los familiares” que orientaba a los perpetradores respecto de cuánto dinero pedir, entre otras cosas.

Ese tipo de secuestros llegó a durar 30 o 40 días y, en algunos casos, se prolongaron más porque las organizaciones contaban con infraestructura para mantener cautivo al damnificado.

En cuanto al contacto con los familiares, reseñó que el primer llamado a éstos generalmente no se realizaba inmediatamente después del secuestro y que las extorsiones comenzaban en un tono más tranquilo, al compararlo con lo que sucede en los secuestros de corta duración.

Mayoría
El informe agrega que “la abrumadora mayoría” de los secuestros extorsivos en los que intervino la unidad fiscal a partir de 2016 fue de corta duración, de alrededor de seis horas, y que casi en ningún caso la privación de libertad de la víctima superó las 24. horas

Otra característica de la segunda modalidad es que el ilícito se produjo en un mismo espacio geográfico, más acotado que los secuestros extorsivos de plazos prolongados.

También puntualizó que intervinieron “grupos poco sofisticados o con alto grado de improvisación, que suelen tener antecedentes y/o vinculación con robos, hurtos, portación ilegítima de armas y otros delitos”. Además, describió que las víctimas eran interceptadas en la vía pública y sin inteligencia previa, con base en factores como el vehículo en el que circulaba.

“La precariedad de los medios y la organización, y la celeridad con la que los secuestradores pretenden lograr su propósito de obtener un beneficio económico muchas veces implica que el rescate cobrado sea escaso, e incluso que no se llegue a cobrar rescate alguno”, añadió el relevamiento.

Por otra parte, detalló que el primer llamado a los familiares de la víctima se hizo inmediatamente después de la captación y que se ejerció violencia verbal y psicológica sobre ella.

También abordó algunos casos en los que el secuestro fue perpetrado por grupos estructurados que fueron desarticulados en investigaciones en las que colaboró la Ufese entre 2016 y 2022.

Finalmente, en cuanto a los secuestros vinculados con el crimen organizado, el documento de la unidad especializada destacó que se trata de hechos en los que las víctimas tienen vínculos previos con sus captores.

Reseña que la mayoría de estos hechos ocurrió en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pero que desde mediados de 2020 subieron las denuncias por secuestros extorsivos en las ciudades de Rosario y Santa Fe, y en las provincias de Salta, Tucumán y Jujuy.

“La motivación de los secuestros vinculados con el crimen organizado, si bien siempre persigue un fin pecuniario, suele esconder un trasfondo mucho más amplio, con objetivos que exceden la sola obtención de dinero, entre ellos: la dominación de un territorio o el secuestro como medio de financiación de la organización criminal para sostener y motorizar su actividad principal”, resaltó la Ufese.

Dentro de esta variante, se identificaron supuestos vinculados con el tráfico de estupefacientes, con otros delitos de criminalidad organizada y con el sistema penitenciario.

En esos delitos, la Ufese detectó la actuación indistinta de varones y mujeres mayores de edad. “La complejidad de este tipo de casos radica también en que las víctimas, tanto activas como pasivas, suelen ser poco colaborativas, siendo que, en algunos casos, no desean prestar ningún tipo de cooperación con la Justicia, toda vez que ellos mismos también pertenecen o pertenecieron al mundo del hampa y conocen y temen a la organización a la que pertenecen sus victimarios”, describe el análisis.

Los datos relevados por la Ufese muestran que desde 2015 a la fecha hubo “un decrecimiento generalizado y sostenido” de secuestros extorsivos en la Argentina”. Sin embargo, aclaro que se registró un incremento en los hechos vinculados con el crimen organizado.

Ante ello, la unidad especializada planteó que debe prestarse mayor atención al fenómeno “para mitigar su crecimiento y posibles efectos nocivos, que se traducen en un aumento de la violencia informal, en la corrupción de las instituciones y en la consecuente corrosión de la calidad democrática de nuestro país”.

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