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Transporte: la UTA amenaza con medidas por pagos y complica a Passerini

PROBADO. El tribunal dio por acreditado la relación del accionante con las empresas que administraron la tarjeta que se utiliza en el transporte urbano de pasajeros.
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El motivo es la falta de un depósito de $250 mil acordado en paritarias, que -según asevera la comuna- fue hecho ayer pero impactará sólo hoy en las cuentas de los beneficiarios. Corresponde a líneas ex ERSA que tomó Tamse. El municipio ya aporta unos $5 mil millones mensuales para cubrir la caída de subsidios y el Intendente tomó la decisión política de no subir por ahora el boleto. La salida de la empresa correntina derivó en una erogación extra para la comuna que no estaba en los planes. ¿Hasta cuándo podrá sostener la situación?

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) alertó ayer sobre el atraso en el pago de $250 mil a 1.100 choferes de los corredores 2, 4, 5 y 7 de la ex ERSA, hoy a cargo de la empresa Tamse, montos que -de no ser depositados en el primer día de hoy- derivarán en asambleas en la punta de línea de San Carlos.

En ese marco, fuentes del Ejecutivo municipal aseguraron a Comercio y Justicia que el dinero fue depositado pero -por un problema de clearing bancario- aún no se reflejó en las cuentas de los beneficiarios.

Los fondos forman parte de los aumentos logrados por los choferes en paritarias, que la ciudad de Córdoba resolvió sustentar ante el retiro de subsidios provinciales y nacionales, frente a la amenaza de paro en todo el interior.

A esa decisión se sumó en los últimos días la determinación de que Tamse asuma las líneas que dejó vacantes la empresa ERSA, que decidió no extender el contrato de prestación y dejó de prestar el servicio en la ciudad.

La comuna absorbió las más de 300 unidades de ERSA -fueron alquiladas por Tamse- se hizo cargo de los choferes y, además, de mejorar el muy precario estado de la flota.

Todo esto, sumado a los subsidios para evitar que el precio del boleto se dispare, además de asumir el costo de la paritaria de UTA, le insume a las arcas municipales 5 mil millones de pesos mensuales.

“Es un monto muy importante, es un esfuerzo que, en un contexto de crisis, con una recaudación resentida y con gastos que se ajustan por inflación, generan una carga extra que requiere de una ingeniería financiera para poder asumirla”, graficó una fuente del Ejecutivo municipal.

Aun así, la comuna asegura que los fondos para cubrir estas erogaciones están garantizados y que el atraso del pago del que se queja UTA es sólo un problema de clearing bancario, producto de que los choferes de la ex ERSA cobran en un banco diferente que el resto de los trabajadores. 

Estrategia

En ese marco, la estrategia de Passerini es -por ahora- no retocar el precio del boleto, pese a que días atrás había asegurado que la tarifa podía ajustarse de manera mensual por inflación, con el objetivo de no atrasarse y luego tener que aplicar un alza de envergadura.

“Hoy no hay condiciones de aumentar el boleto. El servicio dista de ser una prestación acorde con tamaño precio”, admitió una fuente.

La idea es que, en unos 90 días, la Tamse adquiera 90 unidades cero kilómetro, situación que sería imitada por Coniferal, aunque con menos coches.

Obviamente, tamaña inversión requerirá de un esfuerzo considerable. Si bien hay crédito bancario disponible, con tasas y plazos razonables, el valor de una unidad ronda 200 mil dólares.

Evidentemente, por más flexibilidad crediticia que haya, esta inversión será cargada en la minuta de costos de las empresas y se reflejarán en mayores erogaciones y -de no ser asumidos por la comuna- irán a parar al precio del boleto.

En otro orden, por el momento el municipio no prevé acciones judiciales para exigir que Nación restituya los subsidios, tal como lo hizo Chubut.

Si bien Passerini había previsto esa posibilidad, ahora se barajan otras.

“Milei está necesitado del apoyo de los gobernadores para sacar la ‘ley ómnibus’ y, por lo tanto, abierto a negociaciones”, explicó una fuente de la comuna. En ese sentido, creen que se abrirán canales de diálogo, debido a la necesidad del Gobierno nacional de aprobar la mencionada “ley ómnibus” y de llevar adelante el “pacto de mayo”.

“Ir por la vía judicial es una posibilidad que corta cualquier vía de diálogo”, concluyó la fuente, quien consideró que es clave superar los próximos dos o tres meses para ver cómo se encamina la economía y, sólo entonces, analizar qué alternativas adoptar para este servicio clave que hoy se encuentra en una situación límite.

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