ESCUCHARAcordó con AFIP utilizar el Sistema de Oficios Judiciales (SOJ) en tándem con el BCRA. Debutará la semana próxima aunque con casos específicos. Apuntan a mejorar las herramientas de recaudación vía judicial. Fijaron plazos para el recupero de pasivos en esa condición
El Ministerio de Finanzas pondrá en marcha desde la semana próxima un nuevo mecanismo expeditivo de embargos sobre cuentas bancarias a deudores del fisco.
La herramienta debutará el 18 de mayo, luego de que la Provincia firmó un acuerdo con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para utilizar el Sistema de Oficios Judiciales (SOJ) que se complementará con el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
En rigor, los embargos ya formaban parte de las estrategias de Rentas para casos en procuración fiscal. No obstante, el convenio con AFIP, el primero de una provincia en su tipo, aportará celeridad a la mecánica.
“La idea es que sea una herramienta más para mejorar la recaudación de deuda en gestión judicial”, reveló a Comercio y Justicia el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano.
De hecho, el instrumento se utilizará en casos específicos, básicamente vinculados con deudas de Ingresos Brutos.
La intención es que el deudor, impedido de realizar movimientos bancarios ya sea en cajas de ahorro, cuentas corrientes o plazos fijos, se allane al pago de las obligaciones fiscales.
La medida es parte de un proceso vinculado al Programa de Equidad Impositiva (PEI), en este caso focalizado en la gestión judicial. Sobre ese punto, Giordano recordó que de las 927.679 liquidaciones judiciales relevadas al 31 de diciembre de 2015, ya se depuró parte del padrón y se dio de baja 24% de esas causas. En tanto, un cinco por ciento ya concluyó su proceso judicial. Asimismo, 29% sigue en trámite y 42% continúan en proceso de revisión.
Esa depuración estará concluida en breve. El ministro evitó hablar de stock de deuda hasta tanto no se concluya con ese proceso. En cuanto al flujo de deuda judicial, Giordano detalló diferentes indicadores de marcan una mejora en la gestión. Así, se bajó a 51 días el inicio de la demanda cuando el promedio entre 2011 y el año pasado era de 82 días. La meta es 30 días.
También se redujo el plazo de la notificación del inicio del juicio. En 2011 fue de 444 días, mientras que al cierre del año pasado se bajó a 64 días.
En ese marco, también creció el número de embargos y pedidos de inhibición de bienes. Por ejemplo, en 2015 fueron 3.064; en los primeros cinco meses del año pasado, 2.824, y desde junio a diciembre, 3.783.
En la misma línea, sólo en los primeros cuatro meses de este año se realizaron más de 800 inhibiciones y pedidos de quiebra, siempre vinculados con Ingresos Brutos. También se mejoraron los tiempos de las liquidaciones judiciales concluidas.
De hecho, toda esa tarea redundó en que la recaudación tributaria por gestión prejudicial y judicial, subió 113% en el primer cuatrimestre respecto al año pasado.
Otro punto clave que se puso en marcha días atrás fue la decisión de abandonar el criterio de inicio de demanda por fecha de la deuda, ahora vinculada al monto del pasivo.
De hecho, se creó el Programa Top 1.000, que consiste en rankear los mil contribuyentes que arrastraban las principales deudas con el fisco. Ese criterio se complementó con la decisión de ir, no ya sobre los objetos gravados sino sobre los propietarios, quienes en muchos casos contaban con varios bienes.
Los resultados fueron contundentes. Entre enero de 2016 y abril pasado hubo 22.303 liquidaciones judiciales por $208 millones. En tanto, en los últimos días, con el Top 1.000 se liquidaron $185 millones correspondientes a 671 sujetos, propietarios de 8.691 objetos.
