ESCUCHARLa Dirección de Vivienda de la Provincia comenzará a ejecutar las hipotecas “contra todos aquellos deudores de la hoy Dirección de Vivienda que se encuentren en mora y que habiendo sido emplazados de pago de lo adeudado, con más sus intereses y punitorios, no regularicen su situación en el plazo de ley”.
La decisión aparece publicada en la resolución N° 122 de la dependencia, fechada el 30 de marzo, aunque publicada recién ayer en el Boletín Oficial.
Pese a las consultas efectuadas por Comercio y Justicia al área pertinente, la Provincia no informó detalles de cuántos son los deudores en condiciones de ser ejecutados ni tampoco los plazos para regularizar la situación y evitar esa instancia límite.
Históricamente, la Dirección de Vivienda registró una alta morosidad que, sin embargo, fue disminuyendo en función de los planes de facilidades dispuestos y del bajo valor nominal de las cuotas a pagar, montos fijos o con apenas algún ajuste, siempre muy inferior a la inflación anual.
Se trata de unas 35 mil viviendas de diferentes planes, algunos de la gestión de Ramón Mestre como gobernador. Según pudo conocer este medio, esas viviendas de más antigüedad son las que incluyen la mayor cantidad de morosos.
En cuando a las ejecuciones, en diferentes oportunidades se alertó sobre la inminente decisión de avanzar en esa línea. No obstante, nunca hubo lanzamientos masivos pese a que miles de deudores persistían en su condición de irregulares. En todo caso sí hubo desapoderamientos específicos por incumplimientos de otro tipo.
Fuentes contactadas por este medio aseguraron que, pese a la decisión oficial informada en la resolución, no habrá un marcado cambio de criterio respecto al tema, y en todo caso, se utilizará la herramienta informada en la normativa para que los abogados responsables del recupero de deuda gestionen con mayor celeridad los pagos.
De hecho, resulta de escasa o nula lógica política que el gobierno provincial resuelva ejecutar a miles de deudores hipotecarios de planes oficiales en medio de una campaña electoral, considerando que nunca antes accionó de manera masiva.
Por lo demás, en los considerandos de la resolución firmada por el secretario de Obras Públicas a cargo de la Dirección de Vivienda, Isaac Rahmane, se argumenta a favor del planteo oficial.
Concretamente, la norma se refiere a los alcances de la hipoteca y la legislación vinculada y luego señala que “desde lo operativo, el recupero de la inversión constituye junto con los recursos Fonavi, la más importante fuente de financiación de este Órgano Ejecutor de Viviendas de la Provincia de Córdoba, al extremo que no sea posible concebir el cumplimiento de su objeto previsto por la ley N° 8558, sin el recupero de la inversión como premisa ineludible”.
En esa línea, recuerda que “la escritura otorgando la titularidad dominial y la hipoteca como garantía, no son sino dos imperativos legales de los que resulta la ejecución hipotecaria, como el procedimiento natural para hacer efectiva las deudas en mora por amortización de las viviendas escrituradas, adjudicadas en venta o financiadas por la Dirección de Vivienda”.
Con esos antecedentes, “la Dirección de Jurisdicción Jurídico Notarial concluye que puede ordenarse el inicio de la Ejecución Hipotecaria contra todos aquellos deudores de la hoy Dirección de Vivienda que se encuentren en mora y que habiendo sido emplazados de pago de lo adeudado, con mas sus intereses y punitorios, no regularicen su situación en el plazo de ley”.
