ESCUCHAREl proyecto de ley sobre uso de suelo que el Ejecutivo provincial, por medio del Instituto de Planificación del Área Metropolitana (Iplam) enviará en los próximos días a la Unicameral, contempla fuertes restricciones al desarrollo de nuevas urbanizaciones en diferentes sectores del Gran Córdoba como forma de ordenar el avance de la mancha urbana, hasta ahora sujeto al criterio discrecional de cada municipio.
El plan de uso de suelo impulsado por el titular del Iplam, Guillermo Irós, ya fue consensuado con intendentes y jefes comunales de la región que, una vez sancionada la ley, lo deberán ratificar por medio de sus respectivos concejos deliberantes.
El proyecto para regular el uso de suelo es complementario del plan vial director, también consensuado, y que prevé entre otros puntos la construcción de dos nuevos anillos viales (el metropolitano y el regional) además de exigir que toda nueva urbanización edificada sobre la red vial primaria o secundaria deberá prever la construcción de una calle colectora. (ver Tres anillos…)
“Los proyectos apuntan a un esquema general de ordenamiento territorial”, resumió Irós al tiempo que recordó que este tipo de previsiones son habituales en áreas metropolitanas de diferentes países.
De acuerdo con el texto de la normativa que se pondrá a consideración legislativa, la iniciativa “regula los usos de suelo (…) en el espacio geográfico que contiene el anillo de circunvalación Metropolitano que comprende un perímetro cuyo límite se ubica a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad de Córdoba.
Los objetivos buscan “preservar, promover y recuperar atributos ambientales” en sus distintas dimensiones. También un uso “racional y prudente” de los recursos.
Asimismo, se apunta a favorecer la integración regional y “previsibilidad en el proceso de desarrollo” y definir “instrumentos de planificación para la gestión del territorio”.
En tanto, los objetivos particulares apuntan a “corregir procesos espontáneos y la utilización especulativa del suelo (…), evitar extensiones descontroladas e incoherentes de las urbanizaciones y el consecuente encarecimiento de infraestructuras y servicios, proteger espacios (…) para un mejoramiento de las condiciones ambientales y armonizar áreas rurales y urbanas”, entre otros.
Si bien el titular del Iplam negó que se haya avanzado en definiciones contundentes con respecto a situaciones determinadas (tampoco se define sobre densidad o altura de eventuales construcciones), parece evidente que el punto referido a las “extensiones descontroladas e incoherentes de urbanizaciones” hace referencia implícita a algunos countries.
El capítulo II del proyecto introduce una clasificación conceptual de los usos de suelo.
Entre las Áreas Urbanizables se encuentran las Áreas Consolidadas (ya desarrolladas y “compactas”, las Prioritarias (“dispersas pero con posibilidades de ser desarrolladas”), Mixtas de Promoción para Actividades Productivas y de Servicios (asimilables a las prioritarias), y de Urbanización Diferida, donde se prevé construir en el mediano plazo pero que hasta ahora mantienen la “condición normativa que impide la urbanización”. Dentro de esta última área se ubica el sector vinculado a Laguna Azul, próximo a La Calera y donde se proyectaba un country.
En tanto, las Áreas no Urbanizables incluyen Áreas de Producción Agropecuaria (no contaminantes y contaminantes), Natural Protegida (toda la
