La pasividad anticipada apenas redujo la planta en 1.096 agentes, uno por ciento del total

Más de la mitad corresponde a EPEC. En tanto, en la Administración Central suman 295. El resto se distribuyen entre Lotería, la Caja y la Legislatura. También hubo adhesiones en la Municipalidad y en el Concejo Deliberante, del que se fueron 25 empleados. El esquema sigue abierto en algunas dependencias

El régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria (PAV) que el Gobierno de Córdoba, empresas del Estado provincial y la Legislatura pusieron en marcha tiempo atrás y que en algunos casos aún sigue abierto, logró hasta ahora la adhesión de 1.096 agentes, apenas uno por ciento del total de empleados públicos de planta que tiene el Estado provincial.

Los datos se desprenden de información recabada por Comercio y Justicia en las diferentes áreas que habilitaron la herramienta, algunas de las cuales aún mantienen activa la posibilidad de adherirse.

Aunque la cifra parece marginal aunque si se pone en contexto, el número no es despreciable por diferentes motivos.

Por lo pronto, las condiciones de la herramienta sólo permiten adherirse a aquellos empleados a los que les falten 10 o menos años para acceder a la jubilación ordinaria, situación que de por sí deja a miles de agentes fuera de la posibilidad de acceder al beneficio.

En paralelo, sólo pueden acceder los agentes de planta permanente.

Según el último dato oficial disponible en la web de la Provincia, al 30 de junio pasado había 128.234 empleados, casi la mitad docentes. Sin embargo, de esa cifra, 107.286 eran de planta permanente.

Ese número no incluye a las empresas del Estado como el caso de EPEC que a diciembre último tenía 3.077 empleados, luego de superar cuatro mil trabajadores en 2017.

Tampoco a Lotería de Córdoba que, según el último dato disponible, contaba con 469 empleados, excluidas las autoridades.

Por otro lado, el acogimiento al régimen tuvo muy diferente adhesión según la dependencia o empresa de la que se tratara. El caso más emblemático es el de la EPEC, que logró reducir ostensiblemente su planta de trabajadores a través de la PAV. La contracara fue la Legislatura, donde apenas se acogieron siete empleados.

El régimen de pasividad anticipada aparece incluido en la ley 8836 de Modernización del Estado, norma vigente desde la primera gestión de José Manuel de la Sota, esto es desde hace más de 20 años.

La herramienta se utilizó entonces junto a retiros voluntarios. Luego quedó literalmente archivada hasta que, ya en 2018, volvió a activarse, en primera instancia en EPEC.

Por área

Según los números recabados por este medio hasta el viernes, de los 1.096 adheridos a la PAV, la EPEC explica más de la mitad del total.

La compañia logró la adhesión de 689 agentes hasta ahora, toda vez que la herramienta sigue habilitada. De hecho, hay 32 casos en estudio que, de aprobarse, elevaría el número a más de 700.

Para tener una dimensión de la cantidad que se acogieron, baste decir que al 31 de diciembre de 2017, la EPEC tenía 4.002 empleados. En 2018 se habilitó la pasividad que en ese primer año contó con la adhesión de 318 agentes, en 2019 fueron 225 y en 2020 89. El régimen se cerró luego para después abrirse una vez más este año en el que ya se contabilizaron 57 retiros.

En definitiva, EPEC se desprendió de más del 15% de su personal a través de la PAV.

En orden de importancia por el número, le siguen los agentes dependientes del Poder Ejecutivo Provincial -con excepción del personal de las fuerzas de seguridad, docentes y del Ministerio de Salud- que hasta el viernes sumaban 295 adhesiones. Este régimen se abrió el primer día hábil de enero y cerrará el próximo jueves 31 de marzo.

Los agentes que se encuentran en condiciones de solicitar la PAV son 3.110 y prestan servicios en los diversos ministerios, secretarías, agencias y organismos del Ejecutivo provincial. Así, la adhesión llegó a casi 10%, considerando el total de trabajadores en condiciones de acogerse.

Por su parte, en Lotería de Córdoba se fueron 62 empleados. El organismo tiene una planta de personal de 469 agentes, según datos informados en su página web.

En tanto, en la Caja de Jubilaciones hubo 43 pasivisados sobre un total de 197 empleados. En la práctica, la planta se redujo 25%.

Finalmente, fue marginal la adhesión en la Legislatura, régimen que está abierto desde hace meses. Apenas siete empleados se acogieron sobre un cuerpo de trabajadores que asciende a 591 en planta permanente.

El régimen también se habilitó para la Municipalidad de Córdoba, en la que no se informaron cifras. Mientras, en el Concejo Deliberante adhirieron 25 empleados, según se indicó.

En la Provincia justificaron la apertura de la herramienta al señalar que la medida

“se da en el marco del proceso de innovación, digitalización y modernización del Ejecutivo provincial que lleva adelante la actual gestión. Se trata de una herramienta que, en el actual y cambiante contexto, permite avanzar en el reordenamiento de los recursos humanos sin poner en riesgo la prestación de los servicios y optimizando el uso del erario público”.

En el caso de la administración central, el régimen alcanza a aquellos empleados a los que, hasta el 31 de diciembre del 2021, les restaban diez años o menos para acceder a la jubilación ordinaria; que gocen de estabilidad y cuyo cese de prestaciones no afectare la continuidad, la necesariedad o la calidad del servicio en las reparticiones en las que se desempeñan, se indicó.

La letra de la Ley

La PAV aparece mencionada en el artículo 29 de la ley 8836.

Según indica el texto, “los empleados que se acojan a éste régimen especial, mantendrán la relación de dependencia y tendrán suspendido el deber de prestar servicios, pasando automáticamente a situación pasiva con goce parcial de haberes”.

Asimismo, “podrán acogerse los agentes a quienes les falte entre uno (1) y diez (10) años para reunir las condiciones de obtención de la jubilación ordinaria”.

En ese marco, “la remuneración a percibir por el agente acogido al sistema, por todo el período que restare hasta alcanzar la jubilación ordinaria, será abonada porcentualmente sobre el importe de la retribución que le corresponda a su cargo, categoría y antigüedad, contemplando los ascensos que le hubieran correspondido obtener hasta su jubilación definitiva”.

En tanto, a los fines de calcular el salario porcentual a recibir durante la pasividad, se computarán las siguientes pautas: Hasta cinco años o menos se liquidará 70%; hasta seis años, 68%; hasta siete, 66%; hasta ocho años, 64%; hasta nueve, 62% y hasta 10, 60%.

En paralelo, el agente o empleado público descontará -de su salario porcentual- y el Estado provincial retendrá, el ciento por ciento (100%) del aporte jubilatorio que corresponda liquidar a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba y todo otro descuento establecido por Ley, sobre el total del salario que corresponda a su cargo, categoría y antigüedad.

A su vez, el Estado provincial abonará el ciento por ciento (100%) de la contribución patronal que corresponda abonar a la Caja de Jubilaciones, y toma -a su cargo- el pago del ciento por ciento (100%) del aporte que corresponda ingresar al Instituto Provincial de Atención Médica (hoy Apross) o a la Obra Social que corresponda, calculados en la misma forma que el inciso anterior.

Al mismo tiempo, los empleados no sufrirán disminuciones en las bonificaciones por subsidios familiares que correspondan al agente por todo el período de pasividad.

Cumplidos los requisitos suficientes para la obtención del beneficio, el agente o empleado público obtendrá su jubilación ordinaria en las mismas condiciones que si hubiere prestado servicios efectivos durante todo el lapso de pasividad. El haber jubilatorio será el relativo a la categoría que le hubiere correspondido conforme al régimen de ascensos si hubiera permanecido en situación de actividad.

El beneficio de la pasividad anticipada caducará en forma automática y quedará sin efecto, si el agente o empleado público inicia reclamaciones administrativas o acciones judiciales contra la Provincia de Córdoba vinculadas con su relación de empleo público, debiendo retornar -en éste supuesto- a la prestación efectiva de tareas.

En virtud de que la relación de empleo público subsiste, el agente o empleado público acogido a éste régimen de pasividad anticipada, queda en permanente disponibilidad y puede ser convocado nuevamente a prestar servicios.

Mientras ello no suceda, tiene libertad laboral para desempeñarse en el sector privado.

Transferencia a la Actividad Privada, concluye el artículo 29 de la norma en cuestión.

La pasividad anticipada apenas redujo la planta en 1.096 agentes, uno por ciento del total

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