La devaluación y un conflicto en Vialidad complican el plan de obras de Schiaretti

La suba en todos los insumos genera un desfase financiero para las constructoras. Es porque el alza se refleja en el Índice de Obra Pública que se conocerá recién a fines de septiembre. Es a partir de ahí cuando las contratistas pueden pedir la redeterminación por mayores costos. Hubo un planteo a la Provincia y se analizan alternativas para evitar la ralentización de los trabajos. Encima se sumó un conflicto gremial en Vialidad

El aumento de los precios en general tras la devaluación aplicada el lunes por el Banco Central, impactó de lleno en los insumos destinados a la obra pública, situación que amenaza con ralentizar el plan de infraestructura del Gobierno de Córdoba.

Es que el esquema de redeterminación de los contratos por suba de costos supone plazos que, si bien legales, derivan en esta instancia un descalce financiero para las empresas constructoras.

A esa situación se sumó un conflicto gremial en la Dirección Provincial de Vialidad que comenzó a principios de agosto y que aún se mantiene. El tema provocó que las certificaciones de obra y los expedientes por redeterminación de costos estén virtualmente paralizados.

El combo golpea de lleno en las constructoras, al punto de haber solicitado al Ejecutivo provincial buscar alternativas para solucionar el tema y evitar que la situación se traduzca en una ralentización o hasta un freno en el plan de obras en ejecución.

Según pudo conocer Comercio y Justicia, el tema ya fue planteado a las autoridades.

“Hay predisposición para encontrar alternativas que eviten una situación complicada y que puede impactar en el cronograma de los trabajos en marcha”, reveló a este medio una fuente de una contratista.

Efecto devaluación

El problema es que la devaluación aplicada el lunes por el BCRA, se trasladó de inmediato a insumos claves. En el caso del asfalto, el lunes mismo llegó con un alza del 25%. Hasta junio, último dato disponible, había subido 64,8% en el primer semestre.

El esquema legal de redeterminación de contratos se activa cuando los costos superan el 10%. Una vez que eso ocurre, la Provincia tiene hasta 60 días para pagar los nuevos valores.

El tema es que los aumentos de los insumos que derivan en una solicitud de redeterminación por parte de las empresas, deben primero quedar reflejados en el denominado Índice de Obra Pública (IOP) que releva la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia una vez por mes. En el caso de las subas de agosto, recién aparecerán en el IOP que se difunde habitualmente la última semana del mes siguiente, esto es en septiembre.

Recién entonces, las empresas pueden armar la polinómica para ver si la suba de costos superó el 10% y así reclamar una mejora que, en el mejor de los casos, se pagará antes de los 60 días.

“Con una inflación como la actual, ese esquema nos genera un desfase financiero que las empresas no podemos afrontar”, señaló una fuente del sector.

El problema ya fue planteado formalmente ante las autoridades correspondientes.

“Hay predisposición para evitar que el tema termine complicando el cronograma de ejecución”, aseguraron.

Entre las alternativas, está la posibilidad de adelantar la publicación del IOP. Otra posible es que, respecto del asfalto, lo provea la propia Vialidad, al menos por ahora. También está la chance de que lo compre la empresa e inmediatamente presente la factura y se compute como pago a cuenta del saldo de obra, enumeraron.

La solución debe ser pronta a tenor del impacto del aumento de los insumos tras la devaluación.

Vialidad

Pero no es el único problema. En un escenario ya complicado, ahora se sumó una prolongada medida de fuerza iniciada por el Sindicato Vial Córdoba (Sivialco) que nuclea a los trabajadores de Vialidad.

El gremio reclama por un incumplimiento de un acuerdo homologado oportunamente por el Ministerio de Trabajo.

En ese contexto, ya desde comienzos de agosto, están virtualmente paralizados los expedientes para certificar el avance de obra y también los vinculados a la redeterminación de contratos por mayores costos.

En principio, una alternativa sería el dictado de la conciliación obligatoria. Sin embargo, hasta ahora el conflicto continúa.

Impacto

La combinación de los dos factores genera preocupación, tanto entre las empresas contratistas como en la propia administración de Juan Schiaretti que tiene a la obra pública como uno de los ejes centrales de su gestión.

La idea es encontrar soluciones de corto plazo aunque está descartada la posibilidad de volver a un viejo reclamo de las constructoras de que las redeterminaciones puedan solicitarse cuando los costos se disparen por encima del 5% y no del 10% como hasta ahora.