ESCUCHAREl Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) apoyó este viernes «muchas de las reformas económicas» planteadas por el presidente, Javier Milei, y pidió que «se discutan dentro los límites del sistema republicano de gobierno establecido en la Constitución».
El Instituto sostuvo que en las elecciones generales del 22 de octubre «más de un 60% de la población acompañó propuestas de cambio», tendencia que luego «se confirmó con la amplia victoria de Javier Milei en el ballottage» del 19 de noviembre.
Además, consideró que «el presidente Milei interpretó ese mandato diseñando un programa de reformas profundas y de largo alcance que constituyen un cambio cultural, y se movió con herramientas disponibles en el Poder Ejecutivo».
En ese marco, el Instituto exhortó al Congreso de la Nación a debatir los cambios propuestos por el Gobierno.
«Primero deberá decidir si rechaza o no el DNU emitido por el Presidente; pero esa prerrogativa no lo exime de además dar el debate de fondo sobre el contenido de las reformas», señaló la entidad y agregó que «seguramente se van a presentar nuevos proyectos de ley también disruptivos y que afectarán intereses de muchos. La Argentina necesita que el Congreso se comprometa con el mandato reciente de la sociedad; no nos podemos imaginar otro año como este, donde el recinto aprobó sólo 34 leyes en total».
Ayer, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) afirmó que «el inicio del nuevo gobierno genera la esperanza de que nuestro país pueda revertir un largo período caracterizado por el estancamiento económico, altísimas tasas de inflación, y un muy significativo aumento de la pobreza».
«Valoramos muy especialmente que el gobierno se disponga a tomar medidas que permitan el más pleno desarrollo del sector privado, sometido por años a injerencias estatales indebidas, a controles de precios, a una elevadísima presión tributaria, a restricciones arbitrarias en materia de comercio exterior, y a amenazas como la Ley de Abastecimiento», añadieron los empresarios.
Y concluyeron que «estamos convencidos que la eliminación de dichas anomalías y la revalorización del sector privado que propugna el gobierno, redundará en mayores inversiones productivas, en crecimiento del empleo y en un aumento de las exportaciones».
