ESCUCHAREl Gobierno nacional puso en marcha el primer llamado a licitación de la ley de promoción de inversiones (LPI), que contempla beneficios fiscales por $3.600 millones para aquellas empresas que hayan realizado inversiones entre octubre de 2007 y la actualidad y para las que evalúen hacerlo hasta septiembre del año próximo. Esta primera convocatoria otorga un cupo fiscal de $800 millones, de los cuales $500 millones son para grandes empresas y los restantes $300 millones son exclusivos para pymes.
“Destinaremos $3.600 millones hasta septiembre del año que viene en beneficios fiscales para nuevos proyectos de inversión, con un primer tramo de 800 millones de pesos que tendrá como fecha de presentación el 21 de diciembre”, explicó la ministra de Industria y Turismo, Débora Giorgi, en una conferencia de prensa compartida ayer con su par de Economía, Amado Boudou.
“Los beneficios fiscales estarán dirigidos hacia quienes hagan inversiones en compras de bienes de capital y podrán solicitar la devolución anticipada del IVA o la amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias”, indicó.
En tal sentido, añadió que “sólo podrán tener ambos beneficios los proyectos de reconversión industrial sustentable y la producción totalmente destinada al mercado de exportación”.
“Estamos poniendo en marcha una herramienta genuina de política activa. El Estado hace un esfuerzo enorme destinando $3.600 millones para la promoción de la inversión en la industria, direccionando el gasto público a las áreas más dinámicas de la economía, con la certeza de que tendrá un efecto directo sobre la generación de empleo, las exportaciones y la agregación de valor”, dijo Giorgi.
Las evaluaciones se harán por separado y no podrán pasar más de seis meses entre la presentación de los proyectos y la elección de las empresas destinatarias.
“De los $3.600 millones asignados, las pymes tendrán un piso asegurado de $600 millones y a los seis meses de la presentación los empresarios sabrán si son adjudicatarios del beneficio”, remarcó la funcionaria.
La participación en el concurso requiere la existencia del proyecto de inversión en bienes de capital (el monto del beneficio está asociado a la inversión), la generación de puestos de trabajo genuinos, las obligaciones tributarias al día y la presentación de garantías por el 10 por ciento del beneficio solicitado.
La aprobación de los proyectos estarán a cargo de la Unidad de Evaluación, un comité ad hoc integrado por el subsecretario de Industria, su par de Pyme y Desarrollo Regional, y el Director Nacional de Industria; y la secretaría de Hacienda, que analizará la afectación presupuestaria.
Por su parte, Boudou destacó la importancia que tiene esta herramienta “no sólo para el crecimiento de nuestro país sino también para el sostenimiento del empleo”.
Por otra parte, Giorgi aseguró que la ley anterior (en vigencia entre septiembre 2004 y septiembre de 2007), que también otorgó similares beneficios, “arrojó muy buenos resultados: por cada peso otorgado de cupo fiscal se generaron seis de inversión y 12 pesos de exportación”.
En efecto, la norma anterior entregó casi $ 1.500 millones en concepto de beneficios fiscales y generó inversiones por $ 8.600 millones. Además, se produjeron exportaciones por un monto 12 veces superior –US$ 5.200 millones&n
