El Gobierno se concentra en revertir la suba en alimentos

Crece la tensión con el campo por las iniciativas para desacoplar los precios internos del alza de las commodities agropecuarias. Mientras las entidades rurales miran con sospecha las resoluciones y propuestas, el Ministerio de Agricultura sostiene que las medidas traen “previsibilidad y confianza”

Con la contención de la suba del precio de los alimentos como foco, el Gobierno fijó límites para el volumen de maíz y trigo exportado. La resolución del Ministerio de Agricultura 276/21 establece en 41,6 millones las toneladas de maíz y 12,5 millones de toneladas para exportar el trigo. El ministro Julián Domínguez aclaró que la medida no altera el funcionamiento de estas cadenas de valor ya que en la práctica se venían definiendo en mesas de negociación con los exportadores.

La medida lleva “previsibilidad y confianza” tanto para los diferentes eslabones de las cadenas de valor del trigo y el maíz como para los consumidores. El ministro de Agricultura aclaró que “la resolución marca reglas claras preestablecidas en común, según consta en las actas correspondientes”. Dado el precio internacional elevado de estos commodities, el Gobierno busca evitar cualquier posibilidad de que los despachos terminen por comprometer el abastecimiento interno.

Asimismo, para hacer frente a lo que fue uno de los principales dolores de cabeza para la gestión del 2021, la inflación, y particularmente el precio de los alimentos, también busca separar los precios internos de los internacionales. Si bien en noviembre la inflación mostró una desaceleración, terminará el año en cifras elevadas. En tanto, los alimentos acumulan subas muy poco menores al alza general, pese a los programas de congelamiento de precios. Para atender a este problema, la cartera de Domínguez propone crear un fondo anticíclico agropecuario.

Asimismo, el Gobierno evalúa compensar frente a saltos en el valor internacional de los commodities a las industrias que transforman el maíz y el trigo. Según un borrador del proyecto, esto se haría con un fondo financiado con dinero aportado por los exportadores. La iniciativa, aún en estudio, pretende compensar por 3,1 millones de toneladas de trigo y 1,5 millones de toneladas de maíz, para garantizar el abastecimiento sosteniendo los precios internos.

De esta manera, al incidir sobre el valor de estos insumos claves para la industria alimenticia, busca repercutir en el precio de la bolsa de harina de trigo de 25 kilos, fideos secos y en el precio del pollo (alimentado a base de maíz). El proyecto calcula en US$150 millones el monto que deberán aportar las exportadoras al fideicomiso. Este fondo estará administrado por el gobierno, quien mantendrá una mesa de diálogo permanente con los actores de la cadena. El oficialismo evalúa la posibilidad de implementarlo hasta 2024.

Por su parte, desde las cuatro entidades agropecuarias que conforman la Mesa de Enlace criticaron las medidas por considerarlas intervencionistas. Las “intervenciones” no han contribuido a que bajen los precios, sostienen desde el sector, sino que desalientan al “productor” y repercute en el área sembrada. En un comunicado oficial solicitaron: “que el productor perciba condiciones de libertad para comercializar sus producciones, ya que este tipo de medidas erosiona la confianza entre los eslabones de la cadena y conduce a que se retraigan las inversiones”.

También se alejó de la medida el Consejo Agroindustrial Argentino, en oposición a cualquier tipo de regulación gubernamental. A ello el ministro Domínguez reafirmó recientemente que los volúmenes fijados permiten a los productores “comercializar su cosecha con tranquilidad sin responder a presiones especulativas”. Debido a la cosecha récord de trigo, la cartera de Agricultura señala que, con los números finales sobre la mesa, se convocará a todos los integrantes de la cadena del trigo para determinar los volúmenes de equilibrio.