ESCUCHARLa resolución, que se publicará hoy, involucra a un grupo de empresas que concentran a la mayoría de los afiliados. En paralelo, deberán ajustar sus cuotas conforme la inflación. Las compañías analizan eventuales acciones. En Córdoba, la decisión afecta a apenas unos 200 mil beneficiarios, según Aclisa
El Gobierno nacional ordenó que 75% de las empresas de medicina prepaga bajen el precio de sus cuotas ya que deberán recalcular los aumentos que aplicaron desde diciembre tomando como base para el cálculo el Índice de Precios al Consumidor. Al mismo tiempo, la Superintendencia de Salud presentó una medida cautelar ante la Justicia para que devuelvan dinero a los usuarios.
El ministro de Economía, Luis Caputo, indicó en la red X: “(las) Prepagas deben retrotraer precios fuertemente de acuerdo al dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Gran trabajo Juan Pazo y Pablo Lavigne en la Secretaría de Comercio, utilizando las herramientas institucionales como corresponde, y por supuesto un gran alivio para la clase media”.
“Por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga, que representan alrededor del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada a partir de allí por IPC”, anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.
El vocero explicó además que las empresas “deberán aplicar como máximo” el IPC “para ajustar las cuotas por los próximos seis meses”. La medida, explicó Adorni, se tomó a raíz de una denuncia “por presunta cartelización”.
El anuncio fue hecho luego de la fuerte polémica por los exorbitantes incrementos que las compañías aplicaron desde diciembre del año pasado muy por encima de la inflación general.
La medida tomó por sorpresa a las empresas, que aseguraron que no participaron de ninguna negociación con el Gobierno y analizan cuál es el camino que podrán tomar. Al respecto, el Ejecutivo advirtió que, si bien las compañías pueden apelar, la resolución ya está en vigencia y su aplicación no cesa ante una presentación de ese tipo.
“El Gobierno del presidente Milei no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista. La Argentina de la avidada se terminó el 10 de diciembre pasado”, añadió Adorni.
La resolución fue dispuesta por la Secretaría de Industria y Comercio a instancias de la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor que “determinó que existen indicios múltiples de un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país”, según la información oficial.
La decisión establece que el precio de la cuota deberá calcularse respecto del valor de diciembre pasado multiplicada por la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo índice correspondiente a diciembre de 2023.
La medida preventiva, además, ordena “cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la Confederación Unión Argentina de Salud (UAS) o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial”.
La decisión del Gobierno se tomó en base a la denuncia que hizo la Coalición Cívica en enero, firmada por los legisladores porteños Hernán Reyes y Juan Facundo del Gaiso, y por el diputado nacional Maximiliano Ferraro, contra las principales empresas del sector.
“La Superintendencia no controla más los precios, pero sí busca garantizar la libre competencia y la libertad de elegir en beneficio de los argentinos”, resaltó Adorni.
Desde que el Gobierno desregularizó el mercado de medicina prepaga a partir del DNU 70/23, firmado a finales de diciembre pasado, las cuotas de la medicina prepaga sufrieron fuertes incrementos, que provocaron un rechazo casi generalizado de los afiliados.
El conflicto fue creciendo con el correr de las semanas y provocó en las últimas horas la renuncia de Claudio Belocopitt a la presidencia de la Unión Argentina de la Salud (UAS), que nuclea a las empresas del sector.
Ayer, tras su renuncia, el dueño de Swiss Medical defendió los aumentos de precios realizados por el sector de la salud privada y aseguró que son acordes a la modificación de la estructura de precios.
“Cuando el Gobierno desreguló los precios, todo el sistema de la medicina prepaga y el resto venía con poderosos atrasos. En diciembre, como consecuencia de la devaluación, los precios tomaron una aceleración realmente impresionante”, reconoció el empresario, en una entrevista.
Las empresas involucradas
Las compañías prestadoras calcularon que el retroceso sería de 25% en caso de que la medida se haga efectiva. Sin embargo, en el sector advirtieron por un “riesgo de quiebre” del sistema en caso de que se avance en ese sentido.
En Argentina casi siete de cada 10 personas tienen algún tipo de cobertura privada mientras que cuentan con el servicio 90% de la clase media, según los números de la economista Milagros Gismondi.
De todos modos, el pedido del Gobierno no contempla por el momento una devolución a los clientes por el excedente que pagaron en los últimos cuatro meses. La Superintendencia de Salud sí presentó una medida cautelar ante la Justicia para que se devuelva a los afiliados el monto por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.
Las compañías investigadas desde enero por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que depende de la Secretaría de Comercio e Industria, y alcanzadas por la medida son: Galeno Argentina SA; Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil; Hospital Alemán Asociación Civil; Medifé Asociación Civil; Swiss Medical SA; Omint SA de Servicios; Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE); La Unión Argentina de Salud (UAS), la confederación que las agrupa y el mencionado Claudio Fernando Belocopitt, en su carácter de actual presidente de la firma Swiss Medical SA y entonces presidente de la UAS.
En Córdoba
Respecto al impacto en Córdoba, Ignacio Escuti, titular de la Asociación de Clínicas Sanatorios y Hospitales Privados de Córdoba (Aclisa), aseguró a Comercio y Justicia que la decisión involucrará a unos 200 mil afiliados directos a empresas de medicina prepaga.
Según la normativa difundida ayer el por Gobierno y que se publicará hoy en el Boletín Oficial, hay casi siete millones de clientes de las prepagas en el país.
Sin embargo, según Escuti, los afiliados puros suman unos 2,7 millones.
